La crisis que se vive en Cataluña ya está provocando reacciones preocupantes en la economía española. No solo la Bolsa, en especial los bancos catalanes, está acusando la incertidumbre con una caída que es la peor desde que el Brexit ganó en Reino Unido, sino que ya se están empezando a registrar discretos movimientos a nivel empresarial en previsión de una declaración unilateral de independencia (DUI) en los próximos días. Algunas compañías ya han comenzado a preparar su traslado de Cataluña con destino a otros enclaves como Madrid.
El centro de atención se encuentra ahora en los notarios. Según ha podido saber La Información de fuentes de despachos notariales, en las últimas horas la mayor parte de las notarías de Cataluña, sobre todos las que operan en Barcelona, han recibido un "aluvión" de consultas y demandas de pequeños y medianos empresarios interesados en cambiar de Cataluña el domicilio social de sus negocios, trasladarlo a otra provincia española y evitar así cualquier perjuicio económico que puedan sufrir derivado de una hipotética independencia.
Se trata en su mayoría de pymes (menos de 250 trabajadores) dedicadas a diferentes actividades empresariales (distribución, servicios, tecnológicas...), apuntan fuentes notariales consultadas en la Ciudad Condal, que añaden que cada día son más las empresas que solicitan sus servicios para este fin: sacar sus sedes de suelo catalán por todo lo que está sucediendo.
La petición que trasladan estas firmas a las notarías es similar en la mayoría de los casos: qué trámites tienen que seguir para trasladar su domicilio fiscal desde Cataluña a otra ciudad. La principal preocupación que trasladan estos pequeños y medianos empresarios, según explican las fuentes notariales, es la inestabilidad que ya existe en Cataluña y las posibles consecuencias para sus negocios. Desean operar, en definitiva, en un clima de mayor tranquilidad y certidumbre, de ahí que hayan tomado o se planteen una decisión tan importante como la de trasladar su sede social.
Algunas firmas ya han activado el traslado y han abandonado Cataluña por el clima de tensión y en visos de que la solución no va a ser nada sencilla. Las últimas lo han hecho horas después del referéndum del pasado domingo, y han sido la farmacéutica Oryzon, que se ha movido a la capital, y la compañía especializada en la distribución de productos odontológicos, Proclinic, que ha mudado su domicilio fiscal a Zaragoza.
Dado que en su mayor parte se trata de pequeñas empresas de carácter familiar o con un número reducido de socios, en la mayor parte de los casos se pueden realizar los cambios en apenas uno o dos días. "Sólo hay que celebrar una junta general universal, acudir al notario para que de fe de lo decidido e inscribir la nueva sede en el Registro Mercantil", explican fuentes jurídicas que se dedican a realizar este tipo de trámites de forma habitual. Si se trata de sociedades limitadas o anónimas de mayor tamaño es necesario convocar una junta general con un mes de antelación para que se tome la decisión por todos los accionistas, se pase por el notario y se registre el cambio.
De una forma o de otra, el incremento de la actividad de los notarios catalanes a la hora de realizar y asesorar en este tipo de operaciones se ha dejado notar y apunta a un cambio masivo de sede social de muchos pequeños empresarios. La mayor consecuencia que todo este proceso tendría sería fiscal, dado que las empresas que cambien su sede pagarán todos sus impuestos fuera de Cataluña, y eso puede ser un 'bocado' importante en la recaudación del Fisco catalán.
Este "aluvión" de solicitudes y peticiones a las notarías está provocando, incluso, problemas de "colapso" en algunos despachos de Madrid, el principal destino al que miran las pymes catalanas. Así, determinadas notarías de la capital se están viendo obligadas a asumir que no pueden atender el número de solicitudes que reciben y están rechazando a clientes, explican los profesionales conocedores de esta situación.
Las pequeñas y medianas empresas acaparan más de la mitad de los empleos inscritos en la Seguridad Social. Según los últimos datos del Ministerio de Empleo, correspondientes al mes de agosto, en las pymes españolas trabajan 8.046.791 de asalariados frente a un total de 15.899.514 inscritos.
Cabe recordar que todos los informes que se han realizado sobre los efectos económicos de la posible independencia de Cataluña apuntan a que las pymes serían la que más sufrirían con ello, sobre todo porque un tercio de sus ventas totales tienen como destino el resto del territorio español. Según el análisis que los expertos realizaron para las grandes empresas del Ibex, se estima una caída de entre el 15% y el 23% en las ventas para este segmento de empresas.
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