Álvarez cobrará 115.000 euros al año como jefa de equipo en la Agencia Tributaria

La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez cobrará 115.000 euros anuales -incluidos 45.000 euros de complemento específico y un 15% de productividad- como jefa de equipo de inspección en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el cargo que ha solicitado tras abandonar el pasado 25 de junio su puesto de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tras su imputación en el caso de los ERE andaluces.

Según ha podido saber La Información, esta es la retribución que le correspondería por sus años de antigüedad y por el nivel de implicación que supone ese cargo. Lo que no parece claro es que Álvarez se ocupe finalmente de coordinar un equipo de inspección de grandes fortunas, el destino que ha solicitado.

Tal y como adelantó La Información, la ex ministra está decidida a volver a la Agencia Tributaria, que abandonó hace ahora 20 años cuando decidió aceptar la oferta del ex presidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves para convertirse en consejera de Economía y Hacienda de su Gabinete.

La socialista, a la que la juez Mercedes Alaya considera responsable de un sistema de ayudas públicas ilegal y creado para evitar los controles de la Intervención General, ha solicitado ser jefa de equipo de inspección en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, un órgano de relevancia estratégica encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los mayores contribuyentes del país.

Según distintas fuentes consultadas, parece poco probable que finalmente algo impida que la ex ministra se reincorpore a la Función Pública, pese a su imputación, ya que no está condenada y ni se ha establecido medida alguna para su inhabilitación. Incluso con una condena con inhabilitación, la ex consejera de la Junta podría seguir trabajando para Administración si la citada condena está recurrida.

Álvarez cumplió en febrero 62 años y dentro de tres, cuando cumpla 65, tendrá derecho a una pensión vitalicia del 4,275% de su salario fijo por cada año trabajado en el BEI, y como ha cumplido cuatro años en el cargo, su pensión mínima mensual será de 4.000 euros mensuales, compatible con la que perciba en España.

Álvarez ha sabido aferrarse a su cargo de vicepresidenta del BEI, por el que cobraba 23.000 euros mensuales. Gracias a esto, sin todavía incorporarse a la Función Pública, percibe 10.000 euros y lo podría hacer hasta 2017 -el 45% del salario fijo anual que recibía como vicepresidenta del BEI-, una cantidad muy similar a la que obtendría como jefa de inspectores.No irá al destino que solicita

La Agencia Tributaria ya ha solicitado a los abogados del Estado un estudio sobre la posible incorporación de Álvarez a la AEAT. En ese informe se valorará si la ex ministra puede incorporarse a un organismo -con ámbito estatal- que empezó a funcionar en enero de 2006, 14 años después de dejar su cargo en Hacienda centrado en el ámbito regional.

José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apunta que parece claro que volverá a la Agencia si ella lo quiere así, pero que lo que no parece claro es que los responsables de Hacienda consientan que vaya a un destino como el que solicita.

"Lo primero que necesita Álvarez es un reciclaje formativo, actualizar sus conocimientos y profundizar en la nueva normativa tributaria, algo que no se hace en unos días", asegura. Por eso, apunta que lo más probable es que vaya a destinada a una unidad sin especial relevancia, que se encargue, por ejemplo, de hacer informes sobre devoluciones.

Por su parte, Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) apunta que parece lógico que la ex ministra esté dedicada a una labor diferente a la que ha solicitado. "Algo menos conflictivo", añade.

Si la ministra accediese al destino solicitado, lo que parece muy poco probable, tendría amplias competencias, que le permitirían entre otras cosas, ordenar el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación fiscal, dictar las liquidaciones por las que se regulariza la situación tributaria de los contribuyentes o realizar los requerimientos individualizados de obtención de información.

El destino solicitado, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, es un órgano central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con competencias en todo el territorio nacional y que empezó a funcionar el 1 de enero de 2006. Entre los clientes que está adscritos están de forma automática ñas personas jurídicas y entidades cuyo volumen de operaciones a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido supere los cien millones de euros durante cada uno de los tres ejercicios anteriores a aquel en el que se produce la adscripción.

También pueden adscribirse, entre otros, aquellos que presenten indicios de la realización de fraudes en los que, por su especial gravedad, complejidad o características de implantación territorial, resulte conveniente la investigación de forma centralizada. Además, aquellos casos que presenten una especial complejidad en cuanto a su gestión recaudatoria o indicios de posibles conductas fraudulentas de especial relevancia en este ámbito.