Amaiur pide la despenalización de las conductas de protesta y contestación social

La coalición vasca Amaiur, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado una moción en la que pide “avanzar por una vía de despenalización de las conductas de protesta y contestación social”.
Esta moción consecuencia de interpelación urgente se debatirá en el Pleno que celebrará el Congreso de los Diputados mañana, martes, por la tarde. En ella, señala que “el tratamiento a dar a los conflictos sociales derivados de la actual crisis económica deberá asentarse en fundamentos de diálogo, negociación y acuerdo”. Por eso, pide “avanzar por una vía de despenalización de las conductas de protesta y contestación social”.
También pide que se proceda “al archivo general de los procedimientos sancionadores gubernativos y procesos judiciales abiertos por razón de conflictos sociales derivados de las medidas de recortes de derechos sociales implementados durante la crisis”.
Otro de los puntos de la moción busca el reconocimiento de la desobediencia civil pacífica y no violenta “como conducta legítima a llevar a cabo por la ciudadanía ante políticas que recortes sus derechos sociales y laborales básicos y elementales”.
La moción que defenderá Amaiur este martes plantea la adopción de una serie de medidas acordes con las protestas que están provocando los recortes del Gobierno.
Así, propone que se establezca un “sistema de prestaciones sociales dignas y suficientes –renta básica, salario social- para las personas carentes de recursos, que garantice la satisfacción de sus necesidades humanas básicas: alimentación, vivienda, vestido, salud, cultura”.
Amaiur también aboga por un “plan social ambicioso y suficiente de lucha contra la pobreza, la exclusión y la marginación social” y que el mismo sea una “prioridad presupuestaria”.
GRAVAMEN A LAS GRANDES FORTUNAS
El “establecimiento de un gravamen especial sobre las grandes fortunas y beneficios societarios y bursátiles, destinado a atender” lo anteriormente propuesto, es otra de las medidas que que plantean en la moción de Amaiur.
Esta moción es consecuencia de la interpelación urgente del diputado Sabino Cuadra al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre “la política del Gobierno en relación con las respuestas sociales que se están produciendo como consecuencia de la grave crisis económica y social” que vive España.
Durante el debate parlamentario de esta interpelación urgente, que tuvo lugar el pasado 8 de mayo, el ministro del Interior manifestó que Amaiur hoy se sienta en los escaños de la Cámara Baja “gracias a esa justicia” que según la coalición vasca “es tuerta”, porque protege a los verdugos en lugar de las víctimas del sistema.
“Usted ha dicho que la justicia en España no es ciega, sino tuerta. Pues gracias a esa justicia ustedes se han podido presentar a las elecciones y están sentados en estos escaños”, respondió el ministro a la interpelación que le había hecho previamente al diputado Cuadra en el Pleno del a Cámara Baja.
El ministro del Interior aseguró que en España se garantizan los derechos, pero que estos no son absolutos, pues ha de haber un equilibrio entre unos y otros y que para eso están también los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Destacó que en España se puede ejercer con “absoluta normalidad y naturalidad” el derecho de reunión y de manifestación. Recordó que en 2012 se celebraron en España más de 6.100 manifestaciones, y sólo en 271 se produjeron incidentes. Sólo en el 0,69% del total la policía tuvo que utilizar material de protección.
El ministro recriminó a Cuadra, quien denunció el “terrorismo social” del sistema, que quienes integran su formación ha estado “jaleando actuaciones terroristas”. “Hablamos de presupuestos sociales distintos”, dijo Fernández, quien inquirió a Amaiur sobre cuándo pedirán públicamente “a ETA que desaparezca”.
PRESOS POLÍTICOS
Además, le advirtió que no le va a consentir que hable de presos políticos vascos, pues España es un Estado democrático y quien está en la cárcel es porque ha cometido un delito, en algunos casos de sangre. “A nadie se le condena por ser vasco, extremeño, andaluz o catalán”, dijo.
Cuadra pidió al ministro que no confundiera las cosas y le criticó por “contestar escurriendo el bulto” y llamándoles terroristas. “El mayor terrorismo es el terrorismo social y a esto deberían estar dando respuesta, no soltando cortinas de humo”, espetó este diputado de Amaiur.
Previamente, Cuadra había denunciado que actualmente el Estado está perpetrando un “terrorismo social” contra los ciudadanos mediante la política de ajustes, en un país donde hay ya 6.200.000 parados, donde 11 millones viven por debajo del umbral de la pobreza y 600.000 familias carecen de ingreso salarial alguno.
“Esto es la violencia del sistema, de quienes tienen cogido al sistema por el cuello, que son los banqueros. La mayor violencia que existe es la violencia institucional y social, y ante esta violencia hay muchas gente que sale a la calle” y protesta, señaló Cuadra para explicarle al ministro, como éste le había pedido, qué es confrontación civil. “No tiene nada que ver con la violencia”, apostilló.
Cuadra preguntó al ministro que a qué se refiere cuando habla del cumplimiento de la ley, porque actualmente el sistema permite abrir expedientes de regulación de empleo a las empresas para que despidan a los trabajadores, pero no permite que una familia que se ha quedado sin trabajo se descuelgue del contrato que tiene con el banco. “¿Guante de seda para el patrón y mano de hierro para el trabajador?”, inquirió Cuadra.
Además, este diputado de Amaiur también hizo hincapié en que la “sagrada” Constitución de la que habló el ministro en su intervención es la que permite que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acudan para ejecutar el desahucio a una familia, cuando “debería ir a echar al banquero”. “La justicia suya no es ciega, es tuerta, ve lo que le da la gana”, apostilló.