Amnistía denuncia el "uso endémico" de la tortura en marruecos para silenciar a la disidencia

Amnistía Internacional (AI) denunció este martes el “uso endémico” de la tortura por parte de miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos con técnicas variadas como palizas, posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento y violencia psicológica o sexual, con el fin de obtener “confesiones” de delitos o silenciar a activistas y sofocar a la disidencia.
En un informe titulado ‘La sombra de la impunidad: tortura en Marruecos y Sáhara Occidental’, AI resalta la “oscura realidad” de la imagen liberal que presentaron los líderes de Marruecos cuando respondieron en 2011 a los levantamientos populares de la región con la promesa de innumerables reformas progresistas y una nueva Constitución que prohibiría la tortura.
“Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los derechos humanos, pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo”, manifestó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Shetty añadió que “si se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias judiciales” y comentó que “oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y tortura”.
El informe se basa en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014. Entre las víctimas figuran estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.
El documento de AI muestra que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial. “Con demasiada frecuencia, los tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura”, apunta.
Además, Amnistía Internacional señala que a veces incluso se procesa por "calumnia" y "denuncia falsa" a quienes se atreven a denunciar y a pedir justicia, y que sigue imperando la impunidad, pese a las promesas de las autoridades de hacer valer los derechos humanos.
“CONFESIONES” OBLIGADAS
En el informe se documentan “brutales” técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad contra personas detenidas, como obligarlas a permanecer en posturas en tensión como la denominada el "pollo asado" o colgarlas por las muñecas y las rodillas de una barra de hierro.
Por ejemplo, al igual que otros saharauis, Mohamed Ali Saidi, de 27 años, explica a AI que la policía lo había torturado bajo custodia tras detenerlo en relación con unas manifestaciones celebradas días antes, en mayo de 2013, en El Aaiún, Sáhara Occidental.
“Amenazaron con violarme con una botella; me pusieron la botella delante. Era una botella de Pom’s (popular refresco marroquí). Me azotaron con cuerdas en las plantas de los pies estando colgado en la postura del pollo asado, y también nos metían los pies en agua helada [...]. Colgado en la postura del ‘pollo asado’ me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara. Luego me echaron orines. Me dejaron en ropa interior, y me azotaron los muslos con cinturones".
Este es el relato de Abdelaziz Redaouia, francoargelino de 34 años, que dijo que los agentes lo habían torturado por negarse a firmar un informe de interrogatorio en el que se incriminaba de delitos de drogas tras su detención en diciembre de 2013. “Me negué a firmar el informe de interrogatorio, así que me golpearon otra vez. Me engancharon la mejilla por dentro con una esposa y tiraron de ella como si quisieran atravesarme la piel”, afirmó.
MANIFESTANTES Y VIANDANTES
Por otro lado, el informe subraya que las fuerzas de seguridad muestran sin ningún reparo la impunidad de que gozan al golpear a manifestantes a plena vista para enviar así un mensaje de advertencia a quienes lo ven, ya que documenta decenas de casos de “brutalidad policial” cometida contra manifestantes y simples viandantes a plena luz del día y en vehículos.
Abderrazak Jkaou, estudiante que participó en manifestaciones, contó que la policía lo había golpeado hasta hacerle perder el conocimiento en la universidad la víspera de una manifestación convocada en Kenitra. “Algunos llevaban largos palos. Me golpearon de la cabeza a los pies. Luego, un agente vestido de civil agarró una esposa con el puño y me golpeó entre los ojos. Perdí el sentido y me desplomé. Luego llegaron los demás y me pisotearon en la vejiga, hasta que me oriné. Me golpearon hasta que me desmayé, y entonces me arrojaron fuera de la universidad, como advertencia a otros estudiantes. Los estudiantes pensaron que estaba muerto", explicó.
Amnistía Internacional también advierte de una “novedad alarmante”: el uso de leyes que penalizan la "denuncia falsa" y la "calumnia" para procesar a las presuntas víctimas de tortura que denuncian su caso. En los últimos 12 meses, las autoridades marroquíes han entablado ocho procesamientos en aplicación de estas leyes contra personas que han interpuesto denuncias de tortura.
Según la legislación marroquí, la "denuncia falsa" puede penarse con hasta un año de prisión y una multa de alrededor de 500 dólares estadounidenses (casi 450 euros), y la "calumnia", con hasta cinco años de cárcel. Mientras tanto, los tribunales pueden ordenar a los acusados pagar grandes sumas en concepto de indemnización por "calumnia" y "difamación".
En 2014, dos jóvenes activistas, Wafae Charaf y Oussama Housne, fueron declarados culpables de hacer "denuncias falsas" y de difamación y condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, tras haber denunciado que habían sufrido tortura. No habían identificado a los presuntos torturadores.
"Marruecos se encuentra en una encrucijada: puede tomar el camino de tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido como enfrentarse a los responsables de abusos contra los derechos humanos o el de protegerlos. El Gobierno habla de reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en hacer cumplir la legislación contra la calumnia que las leyes contra la tortura. Para que cambien las cosas es a los torturadores a quienes hay que ver ante los tribunales, no a las víctimas. Se debe proteger, no procesar, a quienes denuncian", recalcó Shetty.