Amnistía denuncia que fujimuri pueda quedar impune por miles de esterilizaciones forzosas a mujeres indígenas y campesinas

Amnistía Internacional (AI) lamentó este jueves que la Fiscalía Supranacional de Lima haya decidido presentar una denuncia formal en sólo uno de los más de 2.000 casos de mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente con Alberto Fujimori como presidente de Perú y teme que esta situación pueda quedar impune.
Estas 2.000 víctimas incluidas en la investigación fiscal representan una pequeña parte de las más de 200.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas durante la década de los 90 en Perú, en su mayoría sin que hubieran dado su consentimiento.
La decisión de la Fiscalía Supraprovincial, tomada el pasado 22 de enero, reafirma, según Amnistía, que “los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años”.
La Fiscalía ha decidido proseguir únicamente con una denuncia contra el personal médico implicado en la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez por una esterilización forzada en 1998, pero Amnistía Internacional lamentó que en este caso se haya acusado “a quienes habrían ideado, promovido o permitido esta nefasta práctica que afectó principalmente a mujeres indígenas y campesinas en situación de vulnerabilidad”.
“Es una tragedia que miles de indígenas y campesinas que acudieron a los servicios de salud fueran esterilizadas sin haber sido informadas o bajo fuertes presiones. Durante el Gobierno de Alberto Fujimori se implementó un programa de planificación familiar que habría formado parte de una política de control demográfico orientada a los sectores más pobres. El personal médico habría estado presionado a cumplir con cierto número de esterilizaciones y muchas de estas mujeres y sus familiares fueron amenazados con multas, prisión o con el retiro del apoyo alimentario del Estado si no se sometían a estas operaciones”, apuntó Amnistía.
Esta organización consideró que con “esta deplorable decisión” de la Fiscalía “se hayan cerrado más las posibilidades de justicia para estas mujeres y para la sociedad peruana en su conjunto”.
“Es urgente que las autoridades del Perú revisen esta aberrante decisión y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como que se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas estas mujeres y sus familiares. El Estado debe, asimismo, mandar una señal clara de que esta discriminación contra mujeres indígenas y campesinas es totalmente inaceptable”, concluyó.