(ampliación) cataluña. El consejo de ministros recurre la consulta del 9-n para evitar que los catalanes queden en la "intemperie legal"

El Consejo de Ministros aprobó este viernes presentar hoy mismo un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la consulta independentista que la Generalitat de Cataluña pretende celebrar el 9 de noviembre, al considerar que no tiene "ninguna base legal y ninguna de las garantías democráticas más básicas", por lo que colocaría a los ciudadanos que participen "en la intemperie legal".
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que el recurso incluye una solicitud para "suspender las actividades" promovidas por la Generalitat para celebrar la consulta del fin de semana que viene y cualquier otra que pretenda realizar en los próximos días "para la preparación de la misma".
Sáenz de Santamaría adujo que el Ejecutivo recurre la consulta con el fin de "garantizar el ordenamiento jurídico", al considerar que "no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho". En particular, afirmó que es necesario "proteger la democracia, la igualdad y la libertad" de Artur Mas, a quien acusó de "no querer asumir su responsabilidad" y de pretender delegar la ilegalidad de su proyecto en los ciudadanos.
Recalcó que la consulta promovida por Artur Mas "es contraria a la ley y a los derechos de los catalanes", sobre todo porque el presidente de la Generalitat que lo promueve "no quiere asumir su responsabilidad ni firmar nada por escrito" y deja que sean los ciudadanos que se presentan voluntarios los que asuman la culpa de la ilegalidad que va a cometerse.
"Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que, si en el primer referéndum incumplía la Constitucional, en el segundo proceso vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna. Esto es un paso más. Espero que tenga muy presente que con todo este proceso traslada una responsabilidad que él no quiere asumir y por respeto a los ciudadanos cumpla esta vez las resoluciones judiciales", dijo.
"A LA INTEMPERIE"
La vicepresidenta salió en defensa de los funcionarios públicos "a los que la Generalitart pretende colocar en la intemperie" al forzarles a abrir colegios para que los ciudadanos se manifiesten sobre una pregunta que el Tribunal Constitucional ha suspendido al considerar que atenta contra los artículos elementales de la Carta Magna.
Sáenz de Santamaría adujo que ese propósito es "un fraude a los ciudadanos y un fraude de ley", tal y como ha ratificado el informe que el Gobierno solicitó al Consejo de Estado a principios de esta semana. En ese documento, subrayó, se plasma la ilegalidad de la consulta por carecer de censo y de una administración electoral.
La vicepresidenta manifestó que el Consejo de Estado ha dejado claro que "existen motivos más que suficientes" para impugnar la consulta porque la pregunta que se plantea "excede de forma palmaria" el marco constitucional, porque la Generalitat "carece de toda virtualidad para legitimar el proceso" y porque el proceso en su conjunto "adolece de vicios de inconstitucionalidad".
En su opinión, el hecho de pedir voluntarios para organizar y celebrar la consulta "eleva la gravedad" de los hechos dado que "omite algunas de las garantías más elementales" como la neutralidad de los organizadores y el universo que es llamado a votar.
Sáenz de Santamaría expresó en particular su preocupación "por la tesitura" en la que se coloca a los directores de los centros educativos a los que se pide de forma voluntaria que abran los colegios para colocar las urnas y votar el 9 de noviembre. "Es una petición de voluntarios un tanto particular", dijo.
Finalmente, el Ejecutivo descartó que la impugnación de la consulta vaya acompañada de medidas más drásticas en el ámbito económico como la exclusión del Fondo de Liquidez Autonómica o del Plan de Pago a Proveedores. Aseveró que Artur Mas "ya ha perjudicado bastantes a los catalanes como para que el Gobierno adopte medidas que vaya contra los servicios públicos de la comunidad".