(ampliación) el congreso, contrario a publicar los nombres de quienes se acogieron a la ‘amnistía fiscal’


El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes, con 172 votos en contra, 131 a favor y 13 abstenciones, la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que se recoge la modificación de la Ley General Tributaria para poder publicar los datos en los procesos extraordinarios de regularización fiscal, entre ellas la impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
La oposición del PP, con mayoría en la Cámara, tumbó esta iniciativa, pese a contar con el apoyo de la mayoría de la oposición, ya que, además del PSOE, La Izquierda Plural, UPyD y PNV se mostraron a favor de la misma, mientras que CiU optó por la abstención.
En detalle, la propuesta del PSOE recoge la identificación de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se acojan a procedimientos extraordinarios de regularización tributaria, cualquiera que sea la forma en que se articule o se denomine la misma.
En el caso de sociedades mercantiles y demás entidades con personalidad jurídica, se incluirá la titularidad real, directa o indirecta, de los accionistas o partícipes de las mismas; así como el importe individualizado de las bases imponibles y cuotas declaradas.
Además, se incluye que el Gobierno, en el plazo de quince días, adoptará las medidas necesarias para dar a conocer la identidad de las personas y sociedades que se beneficiaron de la ‘amnistía fiscal’ de 2012.
APOYOS
La diputada del PSOE María José Vázquez defendió la proposición de su grupo y expuso que jurídicamente es “posible” hacer el cambio para publicar los nombres y desde el punto de vista social es “absolutamente necesario”. Fue una medida “tan innecesaria como vergonzosa”, aseguró Vázquez, para agregar que también “ha sido un fracaso en su recaudación”.
Alberto Garzón, de La Izquierda Plural, explicó que su grupo votaría a favor porque la medida “va en la línea correcta” y tiene como objetivo “conocer la verdad: quiénes son los que nos han robado y nos han estafado”.
El diputado de La Izquierda Plural denunció el “patriotismo de pacotilla” de quienes esconden su dinero en paraísos fiscales, que siempre es “una minoría social acaudalada causante de los problemas que sufre la mayoría social”.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, apoyo la propuesta y señaló que es “impresentable que un montón de defraudadores, a un coste mínimo, regularicen su situación fiscal” en un momento de crisis “cuando mucha gente lo pasa mal”.
En todo caso, mostró una “duda razonable” de que la publicación pueda hacerse con “carácter retroactivo”, ya que “no es muy habitual” y es “difícil política y jurídicamente defenderlo”, aunque entendemos que la “gente lo pide”.
Por su parte, desde las filas de UPyD, Rafael Calduch respaldó la iniciativa e indicó que la ‘amnistía fiscal’ fue una “ofensa pública” y defendió que para que afloren rentas lo que hay que hacer es “dotar de recursos” a la Agencia Tributaria. Además, abogó por que sea público quién es deudor de Hacienda.
RECHAZOS
El diputado de CiU Antoni Picó dijo que su grupo “no va a entrar en el juego de la inseguridad jurídica”, para agregar que además la propuesta del PSOE “abre la puerta a que haya más ‘amnistías fiscales’ en el futuro”. “Cuidado que las armas las carga el diablo”, alertó Picó, quien agregó que “no creemos que aplicar la retroactividad sea positivo”.
Mientras, la portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, señaló que el PSOE ha utilizado la ‘amnistía fiscal’ como “arma arrojadiza” contra el Gobierno, para lamentar que ha buscado “dañar el buen nombre” de la Agencia Tributaria.
Madrazo indicó que la aportación del PSOE, tanto desde el Gobierno como en la oposición, para “la lucha contra el fraude es absolutamente ninguna”. Por el contrario, defendió que el Ejecutivo del PP ha sido el que más medidas innovadoras ha impulsado para luchar contra la evasión fiscal, para subrayar que con ellas ha conseguido unos “resultados históricos “.
La diputada del PP defendió que la Declaración Tributaria Especial (DTE) se implementó con “transparencia y legalidad” en un “momento excepcional y muy difícil” para la economía española.

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