(ampliación) el juez preguntará a urdangarin por “el destino” de los fondos públicos que recibió de baleares y valencia

El juez del "caso Palma Arena", José Castro, preguntará al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por “el destino y tratamieno fiscal” que ha dado a los fondos públicos recibidos “tanto en la comunidad autónoma de la Islas Baleares como en la Valenciana”, en el marco de la declaración que el yerno del Rey deberá prestar en calidad de imputado el próximo 6 de febrero.
El auto dictado hoy por el juez Castro para levantar el secreto sumarial e imputar en la causa a Urdangarin indica además que se preguntará al marido de la Infanta Cristina sobre “cualquier fórmula negocial” por la que “haya sido perceptor de fondos públicos” ya sea “como persona física o en su condición de representante”.
La causa investiga los casi cuatro millones de euros que recibió el Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro de Urdangarin, por contratos que habrían sido adjudicados “a dedo” por los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2006.
El interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca someterá a Urdangarin el 6 de febrero a partir de las 9.00 horas versará asimismo sobre “rendición de cuentas, personas que han participado en los hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos”.
La causa en la que ha sido imputado el yerno del Rey investiga la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.
ORDEN DE DETENCIÓN
El yerno del Rey deberá declarar en calidad de imputado ante el juez Castro el próximo 6 de febrero a las 9.00 horas. El magistrado, aún así, ha ofrecido a Urdangarin en el auto dictado hoy la posibilidad de adelantar la fecha de declaración si lo hace “con la suficiente antelación y si lo permite la disponibilidad de este juzgado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas”.
El juez advierte a Urdangarin que si no se presenta a la declaración sin una justificación legítima, “la orden de comparecencia podría convertirse en orden de detención”.
Castro, al no constar “domicilio propio en España” de Urdangarin, ha decidido notificar la citación al Duque de Palma a través de su abogado, Mario Pascual Vives.
La resolución dictada hoy también sirve para citar a declarar en calidad de imputadas a otras ocho personas, a las que se preguntará “sobre los mismos o relacionados hechos” que a Urdangarin.
Los imputados son Diego Torres -el socio de Urdangarin-, Ana Tejeiro Losada, Marco Antonio Tejeiro Losada, Miguel Tejeiro Losada y Salvador Trinxet Llorca. Todos ellos deberán comparecer ante el juez Castro el próximo 5 de enero.
El auto dictado hoy también sirve para llamar a declarar como imputados a José Luis Ballester Tuliesa, Gonzalo Bernal García y Juan Carlos Alía Pino, quienes deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca el 25 de enero.
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
El magistrado ha utilizado el auto dictado hoy para levantar el secreto que pesaba sobre el sumario desde el inicio de la investigación, el pasado el 4 de agosto.
El secreto ha sido levantado después de que el juzgado ultimase ayer “el obligado examen de la documentación intervenida en los registros llevados a cabo en la provincia de Barcelona” así como “la valoración de las declaraciones prestadas por numerosas personas”.
Castro considera que ya se han practicado, “si no todas las diligencais que pudieran conceptuarse útiles y procedentes, si al menos aquéllas que se han entendido indispensables”.
El magistrado señala que no ha podido hasta el momento comunicar a los imputados las actuaciones procesales que les afectaban debido al secreto sumarial, una medida necesaria “para concretar indiciariamente el reproche penal”.
Una vez levantado el secreto, “procede dar la oportunidad de ejercitar el derecho de defensa a cuantas personas puedan resultar afectadas por los indicios racionales de criminalidad que se deriven de la instrucción”.
La causa sobre los negocios del yerno del Rey tienen su origen en el “caso Palma Arena”, que investiga las irregularidades en la adjudicación de una de las mayores instalaciones deportivas de Baleares. En ese caso están imputados el expresidente autonómico del PP Jaume Matas y otros altos cargos de su Ejecutivo.