(ampliación) la audiencia nacional absuelve a todos los dirigentes de udalbiltza

La Sección Primera de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido absolver a los 20 dirigentes de Udalbiltza, la asamblea de concejales electos de la ilegalizada Batasuna, a los que se acusaba de un delito de integración en organización terrorista, al concluir que se trataba de "un proyecto nacionalista, pero no terrorista".
Los magistrados de la Sección Primera, presididos por Javier Gómez Bermúdez, han concluido que no existen pruebas suficientes que demuestren la vinculación de los procesados con ETA ni que Udalbiltza fuera una herramienta de la banda terrorista.
"Udabiltza es un proyecto nacionalista, pero no terrorista", señala la sentencia dictada este jueves, antes de añadir que “la nacionalidad no es una imposición de ETA y menos una idea original de la banda terrorista, sino que es una aspiración legítima de todo nacionalista”.
La resolución, de la que ha sido ponente el propio Gómez Bermúdez, también es contundente a la hora de asegurar que el hecho de no condenar la violencia terrorista no es un elemento suficiente para condenar a una persona.
“En un Estado democrático quedan fuera del ámbito penal la acción política y las opiniones y manifestaciones ideológicas, gusten estas o no, sean mayoritarias o minoritarias, sean compartidas o no, y lo hace incluso cuando estas repugnen a la inmensa mayoría, como ocurre con el silencia o la falta de condena de los atentados terroristas”, señalan los magistrados de la Audiencia Nacional.
El fiscal encargado del caso, Juan Moral, había solicitado diez años de cárcel para 19 de los acusados. Moral decidió dejar libre de acusación al dirigente de la izquierda abertzale Xabier Alegría –que sí estaba acusado por las demás partes-, porque ya fue condenado por integración en organización terrorista en el sumario contra Ekin.
Los demás absueltos son Loren Arkotxa, Joseba Mikel Garmendía y Xabier Iragorri, considerados los máximos dirigentes de Udalbiltza, así como Miren Karmele Urbistondo, Leire Idoyaga, Oscar Goñi, Larraitz Sanzberro, José Manuel Jurado, Lander Echeberría, Eider Casanova, Miren Josu, Imanol Esnaola, Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, María Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.
FALTA DE PRUEBAS
La sentencia, de 61 folios, establece que hay una “ausencia de relación o vinculación económica entre Udalbiltza y ETA” y asegura que las tesis acusatorias se basaban en hipótesis extraídas del análisis parcial de los documentos aportados a la causa, de los que se habían cogido los elementos que han interesados para inculpar a los procesados y se han obviado otros.
El tribunal también ha criticado a las acusaciones, ejercidas por la Fiscalía y por la asociación Dignidad y Justicia, por no haber aportado “informes personales de la actividad delictiva de cada uno de los acusados”.
En este sentido, la resolución sostiene que las tesis acusatorias quedaron reducidas “a la coincidencia o adhesión ideológica de los procesados con alguno de los objetivos políticos que los terrorista proclaman como justificación de su conducta criminal, lo que por sí no constituye delito alguno”.
“ETA no controla Udalbiltza y, por lo tanto, la hipótesis según la cual estamos ante un proyecto de ETA no es válida”, concluyen los magistrados de la Sección Primera de lo Penal.
El fiscal Moral aseguró en el juicio que ETA “asumió la dirección exclusiva” de Udalbiltza y convirtió esta organización en el eje de su “proyecto de construcción nacional”, siendo los acusados “miembros integrantes de la banda terrorista”.
CONDENA A DIGNIDAD Y JUSTICIA
Los magistrados admiten por último que ETA “esta interesada en el nacimiento y desarrollo de Udalbiltza y en su control para capitalizare sus logros como parte de su proyecto de construcción nacional”, pero reiteran que “el contenido de los documentos aportados no se puede extraer que Udalbiltza esté bajo el control y dirección de la banda terrorista”.
La resolución ha contado con el voto particular del magistrado Ramón Sáez, quien defendía que se debía imponer el pago de las costas procesales a la acusación ejercida por Dignidad y Justicia. La asociación presidida por Daniel Portero solicitó penas de entre 14 y 22 años de cárcel para los procesados, incluido Xabier Alegría.
En el último día del juicio, que tuvo lugar el pasado 21 de octubre, los acusados pidieron al tribunal, por boca del ex concejal de Batasuna en Urretxu (Guipúzcoa) Joseba Mikel Garmendía, que tuviese en cuenta el “nuevo escenario que se está abriendo” a la hora de dictar sentencia.