(ampliación) la audiencia nacional pide al cni las conversaciones intervenidas a los abogados de eta

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha pedido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que le remita el contenido de las conversaciones que el servicio de espionaje interceptó a los abogados acusados de trabajar a las órdenes de ETA y de someter a los presos etarras a la disciplina de la banda.

El magistrado, en concreto, ha solicitado al Ministerio de Defensa la desclasificación de la intervención de las llamadas y mensaje telefónicos intervenidos por el CNI a los abogados y enlaces de ETA Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Saioa Aguirre, Naia Zurriarrain, José Domingo Aizpurua, Juan María Jauregi, Julen Celarain y Nerea Redondo y al que fuera jefe político de ETA David Pla.
Pla fue el etarra que, encapuchado, dio lectura al comunicado en el que ETA, el 20 de octubre de 2010, anunció su decisión de poner fin a la actividad armada.
Los citados 10 abogados y enlaces están imputados en la Audiencia Nacional en el marco del caso contra ‘Halboka’, la subestructura creada por ETA en el año 2002 para controlar a los presos de la banda. El juez les acusó de haber desarrollado “una labor en apoyo de la organización terrorista mucho más allá de las loables funciones de defensa ejercidas con carácter complementario”. En concreto, se les acusa de transmitir mensajes de la cúpula etarra a los presos, mantener a los reclusos bajo la disciplina de la banda e, incluso, de haber señalados objetivos para atentados.
A Pla en esta causa se le atribuye el papel de “correo” entre la dirección etarra y el aparato ‘Halboka’. Este etarra fue detenido en Francia por este caso pero fue posteriormente puesto en libertad.
En su exposición al Ministerio de Defensa, el juez Gómez Bermúdez recuerda que en esta causa “se investigan delitos de máxima gravedad, se intenta determinar si determinados abogados son o no dirigentes, miembros o colaboradores de la organización terrorista ETA”.
PRUEBA ‘CLAVE’
El instructor cree necesario desclasificar los citados documentos “para determinar si constituyen un medio necesario, adecuado e idóneo para la investigación sumarial, una desclasificación necesaria teniendo en cuenta que toda la investigación de la Guardia Civil ‘cuelga’ de la interceptación de comunicaciones hechas por el CNI”.
El auto dictado hoy por Gómez Bermúdez advierte de que “la no aportación a la investigación judicial de los documentos o información solicitados daría al traste con el derecho de defensa e impediría de facto el enjuiciamiento o abocaría a una sentencia necesariamente absolutoria".
El instructor considera que solicitar esos documentos no incide en la capacidad operativa del CNI, sino, más bien al contrario, " apuntala la importante labor que desarrollan y tiene un efecto preventivo y profiláctico importante".
Según el juez, la descalcificación solicitada “no pondría en peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos de los servicios de inteligencia, ni la integridad física de quienes son, o fueron, agentes operativos o de sus familiares y allegados".