¿Hubo instrucciones veladas?

El juez del Popular busca los consejeros que fueron a la ampliación con créditos

Ordena esta diligencia después de escuchar a clientes del banco que explicaron que se les financió para la compra de acciones en 2016.

Banco Popular
Los clientes confesaron que no se les habló de dividendos pero sí de beneficios futuros.
EFE

La causa del Banco Popular vuelve a poner el foco en uno de los principales asuntos por los que se abrió la investigación penal hace ahora tres años. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira quiere más datos de la ampliación de capital de 2016 en aras a esclarecer si se produjo alguna irregularidad en torno a esta operación. Por ese motivo ha requerido al Banco Santander -en calidad de heredero del negocio- los nombres de todos los miembros del Consejo de Administración de entonces que participaron en la operativa por valor de 2.505 millones de euros. 

La diligencia se acuerda apenas tres días después de escuchar en sede judicial a cuatro importantes clientes del Popular que explicaron cómo los directores de sus respectivas sucursales les instaron a comprar acciones de la ampliación prestándoles incluso dinero para ello. En algunos casos, como ocurrió con el presidente de Calatrava Real State, Luis Cort, la inversión alcanzó los 1,5 millones de euros, según explicaron. En otro casos se les ofreció ampliaciones de pólizas para concurrir igualmente a esta operativa, la cual vendieron como una buena oportunidad. Los clientes relataron que no se sintieron coaccionados por los directores de las oficinas aunque estos les trataron como clientes VIP y les dijeron que el objetivo de la ampliación era el de reforzar provisiones y sanear el balance del banco. 

Tras ello, el instructor da un nuevo giro a la causal penal y requiere al banco de Ana Botín una documental clave para seguir indagando por estos hechos que se siguen en la pieza principal. En concreto, solicita que relacione a todos los consejeros y miembros del comité de dirección del Banco Popular que participaron en la ampliación de 2016 indicando además la inversión que realizaron. El magistrado también quiere saber si tenían operaciones en activo con el Popular (como pólizas de crédito o préstamos) para que, de ser así, lo acrediten debidamente ante el Juzgado Central de Instrucción número 4. El objetivo es esclarecer si hubo órdenes veladas desde la cúpula para implicar a los accionistas en la operativa de hace ahora cuatro años. 

Ron Vs Saracho

Al respecto, los interrogatorios practicados hasta la fecha apuntan en direcciones contrapuestas. Así, Ángel Ron defendió la operativa desarrollada bajo su mandato y se escudó en el peritaje del Banco de España sobre este punto mientras que su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, delegó responsabilidades en la anterior cúpula. El que fuera último presidente del Popular antes de su resolución en junio de 2017, explicó ante los investigadores que Francisco Gómez, exnúmero 'dos' de Ron, ordenó financiar con 400 millones de euros la compra de acciones por parte de los inversores del banco. De hecho, dijo que esta operación derivó en errores en las cuentas con un impacto por importe agregado de 700 millones, lo que le llevó a emitir un hecho relevante ante la CNMV el 3 de abril de 2017. 

Sobre este punto, el exvicepresidente del Popular, Roberto Higuera, expuso que se trató de un movimiento prematuro y defendió las cuentas de la ampliación de capital asegurando que reflejaban la verdadera imagen del banco. De hecho, explicó en sede judicial que él mismo invirtió un millón de euros en la compra de acciones, por lo que formará parte de la lista que entregue el Santander al juez a tenor de lo requerido en su auto de este mismo lunes y al que ha tenido acceso La Información. Higuera dijo además que la operación estuvo asegurada al cien por cien por Goldman Sachs y Alliance y que tenía una demanda del 133% ; es decir, que hubo un 33% de accionistas que quisieron acudir a la ampliación y no pudieron.

El peritaje que solicitó el primer instructor de la causa al Banco de España concluyó sobre este apartado que algunas de las hipótesis recogidas en el folleto de la ampliación eran demasiado optimistas. También incluyeron las actas de los consejos determinando que la decisión de ampliar el capital en 2016 fue "polémica" puesto que varios consejeros denunciaron que no se había dispuesto de información suficiente para evaluarla. De hecho, la decisión no fue unánime sino que dividió el consejo en torno a la gestión estratégica adoptada. Pese a todo ello los peritos determinaron que el Popular era un banco viable en 2016 y que su resolución ante la JUR vino provocada por una feroz fuga de capitales los últimos tres meses de su vida. 

Sin presiones

En la decisión que ha tomado ahora el juez tiene mucho peso lo vivido en sede judicial el pasado jueves. Tras semanas en las que las diligencias se encaminaban a averiguar las supuestas filtraciones desde el propio consejo que provocaron la caída de la entidad, el magistrado vuelve a poner el foco en un capítulo anterior. Los clientes que comparecieron como testigos ante los investigadores explicaron que no se les forzó a participar en la compra de acciones pero sí se les instó a ello cuando algunos dijeron que no estaban interesados o que no tenían suficiente dinero. Al respecto explicaron que la interlocución se mantuvo siempre con los directores de sucursales en las que despachaban habitualmente y que confiaron plenamente en ellos. 

De ahí que muchos de los acuerdos quedaron relegados a pactos verbales o que tampoco leyeran el folleto informativo de la ampliación, como así confesaron. En su turno Teodoro García expuso que les dejaron claro que no iban a tener dividiendo ese año pero sí que se podían beneficiar de ventajas en un futuro si acudían a la ampliación. El desenlace del banco provocó que los accionistas perdieran las cuantías invertidas como le ocurrió a Cort o a García, el cual explicó que, una vez ya el banco en manos del Santander, se le ofreció devolverle los importes perdidos a cambio de retirar las demandas interpuestas. El banco de Botín, por su parte, se ha negado en diversas ocasiones a congelar los créditos adquiridos por los minoritarios para la compra de acciones alegando principalmente que no se forzó a los querellantes a adquirir dichos títulos. 

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