Ampliada la imputación del Consejo de Banco de Valencia a las cuentas de 2009

Madrid, 21 nov.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado hoy ampliar a las cuentas del año 2009, aprobadas a principios de 2010, la imputación por un delito de falsedad contable de los trece antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia.

En el auto, en el que también se imputa al socio de Deloitte encargado de auditar esas cuentas, el magistrado dice que considera necesario que los imputados presten declaración para explicar "la diferencia de cálculo de provisiones" entre las cuentas aprobadas y revisadas y el realizado por la inspección del Banco de España.

La lista de imputados está encabezada por el expresidente del Banco de Valencia José Luis Olivas y por el exconsejero delegado de la entidad Domingo Parra, que ya figuraban en esa condición en la pieza principal que instruye Pedraz y en alguna de las otras nueve querellas por presuntas irregularidades en el banco que ha admitido a trámite hasta ahora.

El resto de los imputados son los consejeros Antonio José Tirado, Celestino Aznar, Agnes Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra y Pedro Muñoz y el auditor Miguel Monferrer.

Pedraz ha acordado las imputaciones a petición de la Fiscalía y basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) fechado el pasado mes de agosto en el que se analizaba la documentación analizada por el Banco de España sobre sus actividades de supervisión de la entidad desde el año 2007.

Así, el auto señala que los informes de inspección del supervisor respecto a los estados financieros de la entidad a 30 de septiembre de 2008 ya mencionaban "numerosas deficiencias en la gestión de riesgo del crédito".

Éstas se referían, concretamente, de la toma de decisiones con el objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, y estimaba un déficit específico de provisiones de 177 millones.

"Quiere decir esto que resulta pertinente y necesario ampliar la inicial imputación de falsedad contable al ejercicio anterior al terminado el 31 de diciembre de 2010", señala el juez, que añade que tanto si el cálculo del Banco de España es correcto como si el "efecto negativo en resultados" es incluso superior al señalado, los consejeros y el auditor "deberán dar explicaciones".

El juez ordena en su auto al Banco de España que explique "cómo se ha obtenido el exceso de provisión genérico por un importe de 308,54 millones de euros" con el que, según un informe del supervisor de julio de 2010, "se compensa el déficit de coberturas de 420,41 millones".

También le pregunta si las "anomalías" detectadas en las bases de datos y ficheros del Banco de Valencia "podrían estar relacionadas con la reclasificación a activos dudosos por 141 millones de euros y el ajuste de la provisión por insolvencias por 233 millones".

Por otra parte, Pedraz ha admitido a trámite una nueva contra antiguos responsables del Banco de Valencia y de Bancaja, entre ellos Olivas y Parra, por un presunto delito de apropiación indebida en relación con el desvío de fondos de la entidad a sociedades del empresario alicantino Ramón Salvador.

A raíz de la querella, que fue interpuesta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el magistrado imputa a los tres citados, al exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo, al expresidente de Bancaja Hábitat, José Cortina; y al exdirector de participaciones inmobiliarias de Banco de Valencia Alfonso Monferrer.

También resultan imputadas las sociedades Residencial Mira Llevant y, estas como responsables civiles, Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.

La querella del FROB detalla actuaciones que habrían supuesto un perjuicio de al menos 120 millones de euros a Banco de Valencia y Bancaja, que concedieron un total de 631 millones en préstamos al grupo de Salvador.