La decisión de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel de abrir causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber dado luz verde a la manifestación del 8-M pese a las advertencias de Europa por la crisis del coronavirus ha llevado al abogado que denunció estos hechos, Víctor Valladares, a ampliar la denuncia que presentará ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez. De este modo, le acusará por el delito de prevaricación administrativa y, además, por lesiones imprudentes, tipo penal que la magistrada ha añadido en su investigación contra Franco.
El abogado presentó a título particular ante el juzgado de guardia una denuncia que se dirigía contra una veintena de personas, entre ellas el presidente del Ejecutivo y numerosos delegados de Gobierno de varias comunidades. De acuerdo con la misma, todos ellos habrían cometido delito de prevaricación al no prohibir las marchas previstas durante esos días pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había declarado el COVID-19 como una pandemia. Añade además que todos los Ejecutivos de la Unión Europea recibieron un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en el que se aconsejaba evitar la celebración de actos tumultuosos.
La denuncia exponía que con la autorización de las distintas delegaciones del Gobierno se puso en riesgo la salud de la población, aunque ponía el foco en el presidente del Ejecutivo en calidad de "principal responsable criminal de los hechos denunciados". Es por ello que solicitaba la declaración en calidad de investigados de todos ellos y las medidas necesarias en fase de instrucción para esclarecer los hechos. Tras el reparto correspondiente de la denuncia, la magistrada que la asumido, titular del Juzgado de Instrucción número 51, ha dado un paso más en las diligencias.
Informe forense clave
Así, no solo ha admitido investigar los hechos por si fueran constitutivos de prevaricación sino que no descarta que hubiera concurso medial con el delito de lesiones imprudentes. Ello le ha llevado también ha acordar una batería de diligencias mucho mayor a la solicitada inicialmente por el letrado y que delega, por un lado en la Guardia Civil y, por otro, en el médico forense adscrito a su juzgado. Así lo recoge en el auto que sirve al letrado ahora para ampliar su denuncia contra el presidente del Gobierno en el alto tribunal, al cual todavía tiene que presentar su escrito. Adjunto incorporará además el auto de la magistrada con la petición de todas sus diligencias de investigación.
Las mismas consisten en que la Policía Judicial elabore un atestado que recoja si el informe de Europa llegó efectivamente a las autoridades españolas y si éstas, a su vez, dieron alguna recomendación a la Delegación de Gobierno ante las manifestaciones acogidas entre los días 5 y 14 de marzo. Solo en Madrid tuvieron lugar, además de la manifestación por el Día de la Mujer, en la que participaron 120.000 personas, la lectura de manifiesto por el 8-M en barrios y pueblos de Madrid y una revuelta ciclista en la Plaza de Callao. Es por ello que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid también quiere saber si desde los entes competentes se hizo alguna advertencia sobre los riesgos a la población o se les suministró material para evitar el contagio del virus.
Una de las claves para esclarecer si se cometió delito o no con estos hechos reside en las conclusiones que aporte a la causa el médico forense acerca de si las marchas fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida de las personas y si, de serlo, esta circunstancia se podía prever o, por el contrario, no era posible vaticinarlo desde un punto de vista científico. Además recordaba la magistrada que, pese a que la denuncia se dirigía contra una veintena de personas, únicamente abre causa contra el delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid al tratarse el resto de aforados que tendría que ser investigados por el Tribunal Supremo (en el caso de Pedro Sánchez) o ante los órganos judiciales de cada comunidad autonóma, en función de cada uno de ellos.
La juez del caso máster
No obstante, y pese a admitir que no ha sido fácil deliberar si abrir causa o no contra el político socialista, la magistrada considera que esta denuncia solo se podría haber inadmitido de plano cuando quedara meridianamente claro que no se ha podido cometer infracción penal con la autorización de las marchas, un hecho que no descarta. "No se aprecia esta evidencia en esta fase inicial del procedimiento", recalca la instructora, la cual explica que, sobre algunas cuestiones clave del asunto "todo son interrogantes", y que habrá que esperar a ver las conclusiones de los peritos. Estas podrían demorarse porque la causa no es urgente, lo cual quiere decir que las diligencias de investigación arrancarán cuando se levante el estado de alarma decretado por el Ejecutivo el pasado 14 de marzo.
Rodríguez-Medel es una magistrada con amplio bagaje en el ámbito jurídico. Aunque en este caso ha dejado en manos del denunciante el acudir al Supremo para actuar contra el presidente del Gobierno, la magistrada, que ha instruido el famoso 'caso Máster', pidió entonces al alto tribunal que abriera causa contra el líder del PP, Pablo Casado, por prevaricación y cohecho relacionado con su título del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos III. Sin embargo, la Fiscalía se opuso y, finalmente, la Sala declinó los motivos expuestos en su exposición razonada. Con todo, Rodríguez-Medel también fue asesora del Ministerio de Justicia bajo el mandato de Rafael Catalán durante el último Gobierno del PP.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios