El Tribunal de Cuentas ha condenado a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, y a seis cargos de su Gobierno a pagar 22,7 millones de euros por la venta de viviendas públicas protegidas a fondos buitres por un precio inferior al del mercado en 2013. La sentencia, que recoge la Cadena Ser, responde a la demanda que presentó el Ayuntamiento de Madrid en 2013, aunque reclamaba un daño patrimonial superior a 55 millones de euros por estas acciones.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2013, cuando el Ayuntamiento de la capital, que entonces dirigía Ana Botella, vendió 1.860 viviendas públicas a Fidere, filial del fondo buitre Blackstone en España, por 128 millones de euros. El Tribunal cifra en 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), ya que se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles de 159 millones y también por debajo del precio del mercado.
La sentencia considera responsable contable directo a Fermín Oslé, entonces consejero delegado de la EMVS, que tendrá que abonar 3.040.000 euros. Junto a él, también considera responsables contables directos a Ana Botella y todos los concejales de gobierno que formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa -exdelegada del Gobierno en Madrid-; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -altos cargos del actual Gobierno regional-; Dolores Navarro y Pedro del Corral -actual concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Para el Tribunal de Cuentas la enajenación de 18 promociones de vivienda -más de 5.000 inmuebles- se realizó "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad económica y viabilidad jurídica de la misma, ni fijar con carácter previo, mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el valor de los inmuebles a enajenar".
La EMVS no tasó los pisos antes de venderlos y, según los hechos probados, solo contaba con un informe de Pryce Waterhouse Cooper que técnicamente no permitía tasar su valor y que, además, fue elaborado por la misma consultora que asesoró a Fidere. La EMVS "no promovió una verdadera concurrencia", añade el Tribunal, que asegura que "con carácter previo y por tanto privilegiado" la empresa pública facilitó información sobre la compraventa a cuatro entidades, una de las cuales, Fidere, resultó adjudicataria.
Además, el Tribunal considera que la EMVS acordó rebajar el precio de venta final en 2 millones de euros ante las quejas de Fidere por morosidad de inquilinos, sin cuantificar cómo se llega técnicamente a esa cifra.
Informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad
Esta sentencia del Tribunal de Cuentas se suma al informe que también elaboró la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la EMVS y de los controles realizados por las instituciones competentes.
En su anteproyecto, la Cámara determinó que el Ayuntamiento de Madrid, durante los años 2012 y 2013, gobernado por Ana Botella, vendió 18 promociones de la EMVS al grupo societario Fidere sin aplicar las "instrucciones internas de contratación", procediendo a la venta de los mismos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta". También destacaba que se había hecho "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", lo que supone "un incumplimiento" de las normas internas de contratación.
Recurrirán la condena
Contra la sentencia cabe un recurso en el plazo de 15 días. Fuentes de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento consultadas por Europa Press han avanzado que recurrirán una sentencia que no comparten. Según dicen, esta Junta no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas a que se refiere la decisión del Tribunal de Cuentas, sino que únicamente, en su condición de Junta General de Accionistas de la citada mercantil, ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado.
En este sentido, han recordado que la empresa, con cerca de 700 empleados, atravesaba una "difícil" situación debido a la crisis económica, acumulando una deuda de más de 600 millones de euros, y "si no cumplía lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debía aprobar un plan de viabilidad o liquidarse, lo que supondría el despido de sus trabajadores".
La postura del ayuntamiento
La presidenta de la EMVS y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, anunció el viernes que el Ayuntamiento está estudiando un nuevo proceso de nulidad de venta de las viviendas sociales al fondo Fidere en 2013 así como presentar un recurso al escrito del Tribunal de Cuentas ya que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado por dicha venta no en 25 sino en 127 millones.
En una rueda de prensa -en la que ha estado respaldada por hasta once concejales de Ahora Madrid (Carlos Sánchez Mato, Esther Gómez, Javier Barbero, Yolanda Rodríguez, Mauricio Valiente, José Manuel Calvo, Paco Pérez, Rommy Arce, Marta Gómez Lahoz, Jorge García Castaño y Nacho Murgui)-, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo ha indicado que valoran iniciar un nuevo proceso de nulidad de venta para tratar de revertirlo tras la condena del Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa Ana Botella y su anterior equipo.
El procedimiento anterior fue archivado "por el informe preceptivo de la Comunidad, que fue negativo", escenario que ahora cambia con el escrito del Tribunal de Cuentas. Higueras ha recordado que el Gobierno municipal interpuso una demanda de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas a raíz de la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento, tribunal que, como ha recordado, se limita a los aspectos pecuniarios.
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