El Defensor del Paciente se ha dirigido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para instarle a investigar los casos de contagios de coronavirus que se están produciendo en centros en los que se atiende a personas con discapacidad. Como ya hiciera con el asunto de los fallecimientos en las residencias de ancianos, la asociación que dirige Carmen Flores ha pedido al Ministerio Público y al Ejecutivo de Pedro Sánchez que indague la situación en la que se encuentran estos centros tras las denuncias recibidas por parte de algunos familiares que viven con preocupación el alto número de contagios de esta enfermedad.
La comunicación dirigida a Delgado y al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, insta a actuar de manera "inmediata" como ya hicieran en el caso de la residencia de ancianos Monte Hermoso de Madrid, donde la Fiscalía Provincial ha incoado diligencias de investigación tras el fallecimiento de 17 internos que contrajeron el Covid-19. Flores explica que están recibiendo "demasiados casos" de denuncias de personal trabajador y de parientes de internos, de acuerdo con la misiva a la que ha tenido acceso este diario.
"Esto es transferible en las comunidades autónomas. Son demasiados casos de quejas de personal y de familiares de distintas comunidades, muertos afectados por la falta de seguridad de personal. Recordarle la indefensión de familiares de estos pacientes y del propio personal", reza la comunicación, la cual apostilla que, "si los ancianos son vulnerables, los niños y los discapacitados, también". La defensora del paciente incorpora además el testimonio de una persona cuyo familiar se encuentra interno en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid).
Sin información
La afectada en cuestión relata que tiene un hermano ingresado en este centro, el cual sufre una discapacidad del 87% que le impide comunicarse verbalmente, lo que se traduce en un alto grado de dependencia. De acuerdo con su testimonio, desde que se acordó restringir las visitas a los pacientes, la familia decidió llamar a diario para preguntar por su estado, máxime ante la preocupación de que el coronavirus se estaba propagando especialmente en las residencias. Con el paso de los días y ante el avance de la enfermedad, pidieron llevarse a su familiar a casa para evitar precisamente el contagio, si bien el centro ha negado en reiteradas ocasiones esta pretensión.
Ahora expone que, tras dos semanas intentando llevarse a su hermano a casa y tratando de averiguar la situación real dentro del centro, le han informado de que su hermano ha presentado un cuadro de tos y fiebre y que le van a aislar del resto de internos ingresados en este centro madrileño para evitar males mayores. Es por ello que la denunciante pide al Defensor del Paciente que, ante la negativa a practicarle la prueba del coronavirus para saber si efectivamente está contagiado, se lo lleven a un hospital al tratarse de una persona de alto riesgo y muy indefensa que apenas puede comunicarse.
Pendientes de las residencia
Aunque el Ministerio Público todavía no se ha pronunciado a esta pretensión, sí lo ha hecho en lo relativo a la petición de que se investiguen los casos en todo el país de ancianos fallecidos en residencias tras haber contagiado el coronavirus. La Fiscalía General del Estado comunicó a finales de esta semana pasada que el incremento de estos casos (se cuentan más de 50 fallecidos en apenas unos días) ha hecho que se establezca un plan de actuación común en todo el territorio consistente en recabar información de todos estos centros para la tercera edad para emitir directrices de actuación homogéneas.
De este modo, las fiscalías provinciales se encargarán de vigilar los casos que les correspondan y de dar traslado a la fiscalías superiores en aras a actuar en caso de que sea de su competencia. En concreto, y a falta de conocer si los hechos son constitutivos de delito, destacan los casos de Tomelloso (Ciudad Real), Capellades (Cataluña), Albacete o el centro Monte Hermoso de Madrid. Solo en estas residencias el número de mayores fallecidos asciende a cerca de 50 personas. A estos ejemplos hay que sumarle otros como el de los centros de Morata de Tajuña o Moratalaz, sin olvidar los nuevos focos que van apareciendo. Así ha ocurrido en el centro de mayores Santísima Virgen y San Celedonio (Madrid), donde ya han muerto otras 11 personas tras ser contagiadas con coronavirus.
El Ejecutivo, por su parte, ha anunciado que destinará 600 millones de euros de su plan de choque para reforzar los servicios sociales. Pablo Iglesias, que ha recibido el encargo del Ministerio de Defensa de gestionar el operativo de protección de las personas sin techo, anunció que la partida se dividirá en dos montos: 300 millones irán destinados a la atención de personas sin hogar, en situación de dependencia y ancianos y los otros 300 vendrá de los ayuntamientos con superávit fiscal con el fin de que se destine a políticas sociales.
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