Andalucía achaca a "vericuetos judiciales" pérdida de fondos para el empleo

Sevilla, 19 ene.- La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, ha achacado hoy a "vericuetos judiciales" derivados de las investigaciones sobre los ERE y los cursos de formación irregulares que la Junta de Andalucía haya perdido más de 200 millones de euros transferidos por el Gobierno central para empleo.

Montero ha explicado en el Foro del grupo periodístico andaluz Joly que estos "vericuetos judiciales" han "ralentizado" la ejecución de los fondos para políticas activas de empleo por parte de la Junta de Andalucía, que no ha podido justificar el 70,6 % millones de los 298 millones de euros que se le asignaron en 2013, según el Gobierno central, por lo que los ha perdido .

La consejera ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy aprobó en 2012 un cambio normativo que impide a las comunidades autónomas incorporar como remanente para años posteriores los créditos para políticas activas de empleo no ejecutados y ha lamentado que muchas de estas partidas se reciben en el último trimestre del año, lo que dificulta su ejecución.

Para Montero es necesario "un cambio cultural, en todo el país, no sólo en Andalucía", sobre el modelo de financiación de los fondos para la formación para el empleo.

Con todo, ha proclamado que puede "asegurar" que a día de hoy "hay un control exhaustivo de cada euro que se gasta en la Junta de Andalucía", aunque ha matizado que ello no debe de ser óbice para implantar "procedimientos interminables" del control del gasto "que hacen que, al final, el dinero llegue cuando ya no se necesita".

En su opinión, el Gobierno de Andalucía ha asumido "mayores responsabilidades políticas" por casos de corrupción "que las que hemos visto en el resto de España".

Montero también ha criticado la rebaja fiscal para 2016 anunciada por el presidente Rajoy en su entrevista con la Agencia EFE y tras mostrar su desconfianza respecto a "cualquier planteamiento sobre fiscalidad en momentos preelectorales" ha apostillado: "No se puede jugar con la presión fiscal como gancho electoral cuando nos estamos jugando los ingresos para proveer servicios públicos fundamentales como la educación o la sanidad".