Andalucía presentará antes del 28 de marzo recurso contra el reparto déficit

Sevilla, 20 mar.- La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha señalado hoy que, antes del 28 de marzo, la Junta interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas.

Este paso se produce a raíz de la decisión del Consejo de Gobierno el 28 de agosto de hacer un requerimiento previo al Gobierno de España para que modificara "el arbitrario acuerdo" de este reparto, lo que fue desestimado por el Consejo de Ministros el 10 de enero.

La Junta argumenta la interposición del recurso en que no se respeta lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en que se hace recaer el peso del ajuste, de forma desproporcionada, en las comunidades autónomas, que son las responsables de la prestación de los servicios públicos, ha informado en un comunicado la Consejería de Hacienda.

En la comisión parlamentaria de Hacienda, la consejera ha recordado hoy que los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las administraciones fueron acordados en las reuniones del Consejo de Ministros del 28 de junio (período 2014-16) y 12 de julio de 2013 (año 2013).

A juicio del Gobierno andaluz, dichos acuerdos incumplen lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, ya que esta norma dispone que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, pero fija un periodo transitorio para su reducción paulatina hasta 2020.

Sin embargo, el Gobierno no sólo se salta el período transitorio, al acortar el plazo previsto, sino que impone unos objetivos de déficit para las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la Ley Orgánica, según la Junta.

Montero ha criticado que el Gobierno "se haya apropiado del mayor margen que la Comisión Europea concedió a España para reconducir el déficit público, en detrimento de las comunidades autónomas".

En 2013 el objetivo de déficit inicialmente fijado era del 4,5 % del PIB y, tras la flexibilización concedida por la UE, ese tope pasó al 6,5 %.

De ese margen ampliado (dos puntos), el Gobierno central, junto con la Seguridad Social, decidió reservarse el 70 % (1,4 puntos) dejando para las comunidades autónomas el 30 % restante (6 décimas).

Para los tres próximos ejercicios, el reparto de los objetivos de déficit se establece del siguiente modo: 4,8 %, 3,5 % y 2,6 % la Administración Central y la Seguridad Social, y por el otro, 1,0 %, 0 % y 0,2 % las comunidades autónomas.