Dificultades técnicas y políticas

La Junta congela su promesa de reclamar todo el dinero por el fraude de los ERE

Los motivos son las dudas sobre el supuesto delito de malversación, avalado por la jurisprudencia, y exigir el reintegro a empresas años después

Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio por los ERE
El gobierno andaluz congela su promesa de reclamar el total del fraude en los ERE. / EFE

La promesa electoral que hicieron PP y Ciudadanos de reclamar el total de los 680 millones defraudados en el caso ERE se topa con los primeros obstáculos. El Ejecutivo andaluz de coalición, al cual sostiene Vox, no tiene previsto por el momento impulsar medidas que sirvan para lograr la devolución de las cantidades sobre las que no se haya pronunciado la Justicia, como ha podido saber La Información. Las razones que motivan esta situación son variadas, y no se explican solamente por cuestiones técnicas. En un lado está el ámbito de la legalidad, ya que hay dudas de que realmente se sostenga en todo sus términos esenciales el delito de malversación en la causa. Pero la mayor duda está en si se va a reclamar el reintegro de ayudas a empresas de la comunidad a las que se les haría un roto económico considerable. 

Que el delito de malversación pueda decaer en la revisión que haga el Tribunal Supremo de la causa es el principal motivo de esta 'prudencia' del Ejecutivo que preside el 'popular' Juanma Moreno. Este delito, por el que se ha condenado al expresidente José Antonio Griñán y a otros de los encausados a quienes se les imponen condenas de cárcel, como el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, es sobre el que más dudas existen en este momento. Especialmente si se tiene en cuenta que parte de los procesos que se han abierto hasta ahora demuestran que las ayudas sociolaborales sí llegaron a particulares (personas físicas) inscritos en los ERE de las empresas afectadas por situaciones de crisis, que es la finalidad para la que habían sido estipuladas, aunque el proceso general a través del que se dieron fuera ilegal.

Esto supone que cumplieron su función mayoritariamente, por lo que cabe que este tipo penal no pueda sostenerse con todos los elementos esenciales, según los juristas consultados. Frente a ello, fuentes jurídicas conocedoras del caso sostienen que la sentencia que condena Griñán o a Manuel Chaves parte de "un error capital" por no tener en cuenta que la mayoría de las ayudas iban a empresas en liquidación o liquidadas. De esta manera, los beneficiaron eran los trabajadores que iban a perder su puesto. Es decir, la finalidad del dinero destinado a través de los ERE fraudulentos era legítima, por lo que puede decaer la malversación de caudales públicos. Ese es uno de los argumentos jurídicos clave que manejan algunas de las defensas del caso para recurrir las penas de cárcel que han recaído ante el Tribunal Supremo, en busca de forzar una revisión del fallo y, en su caso, un recorte de las condenas.

La cuestión de las reclamaciones a empresas es la que más coste social conllevaría en el Palacio de San Telmo. Muchas de las empresas que se beneficiaron del entramado corrupto acreditado por la Justicia, cuyo fallo sobre la 'pieza política' contempla el tramo entre los años 2000 y 2009, ya no están operativas o directamente han desaparecido. Forzar a que las pocas que permanecen activas y que se beneficiaron de la trama deban devolver ahora el dinero que recibieron hace tantos años, cuando ni siquiera estaban al frente los actuales propietarios o equipos gestores, puede generarles graves perjuicios económicos en plena desaceleración económica. Lo que suponer un peligro para su viabilidad. A esto hay que añadir lo impopular que sería una medida de este tipo, especialmente si se tiene en cuenta que han pasado casi dos décadas. Aunque la Junta tendría la ley de su lado. 

PP y Cs ya avisan de la pérdida de dinero

El gobierno de PP y Ciudadanos ya ha lanzado varios avisos con respecto a las dificultades que existen para recuperar todo el dinero. La primera advertencia contemplaba al menos la pérdida de 71 millones, repartidos entre ayudas que han prescrito, por beneficiarios insolventes o porque los abogados han considerado que no procede reclamarlos. Además, fuentes conocedoras de la causa y de la maquinaria de la Junta andaluza señalan que los 680 millones están "sobredimensionados" porque se contabiliza dinero sobre el que los tribunales ya han decidido. Ya sea porque los jueces han dictaminado que las ayudas sociolaborales o a empresas sí llegaron a personas incluidas en los expedientes o porque han obligado a  devolver ciertas cantidades a las cargas públicas. 

Esta 'paralización' del proceso por parte de la Junta de Andalucía contradice por completo los planes con los que los partidos de la coalición llegaron al Palacio de San Telmo. El consejo de gobierno que lidera Moreno aseguró desde el principio que reclamarían todo lo que quedara pendiente a través de la Ley de Hacienda Pública así como a los condenados por la sentencia de la pieza política, que se conoció a finales de noviembre. Los servicios jurídicos de la administración autonómica recibieron la orden de encontrar la fórmula para llevarlo a cabo. Aunque la decisión de 'congelar' el proceso no corresponde a estos, sino a los máximos responsables del gobierno andaluz. 

Según las fuentes consultadas, esta decisión política puede conllevar cierto conflicto legal. Partiendo de que el gobierno socialista de Susana Díaz también paralizó de facto el proceso cuando pidió el archivo de la 'pieza política', hay una diferencia sensible con respecto a aquel momento de 2016. Ahora sí hay una sentencia que habla de cantidades y responsabilidades de varios exaltos cargos, entre los que están los expresidentes Chaves y Griñán. Esto obligaría sobre el papel a la Junta a impulsar el proceso para exigir los reintegros todo lo posible. 

Dicha paralización momentánea para buscar la manera de reclamar no implica que el proceso no se vaya a retomar en ningún momento. En manos del gobierno de Juanma Moreno está el dar curso a esa petición de los reintegros de los millones pendientes. Pero esto se suma a la ola de avisos lanzados desde el Ejecutivo regional de que sería muy difícil recuperar todo el dinero. Además, las fuentes consultadas señalan que los servicios jurídicos de la Junta no van a acometer actuaciones que puedan acarrearles problemas o no ajustarse a derecho. Su buen hacer está fuera de toda duda, insisten las mismas fuentes. 

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