La Fiscalía Anticorrupción ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar el contrato público vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para la adquisición de mascarillas en abril de 2020, uno de los momentos más duros de la crisis sanitaria derivada de la covid-19. El Ministerio Público analizará la posible comisión de delitos en la adjudicación por el importe de 1,5 millones de euros a una empresa de un amigo de la familia, en la que supuestamente Tomás Díaz Ayuso habría cobrado una comisión de 55.000 euros. Asimismo, rechaza remitir el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano ante el que se encuentra aforada la mandataria regional, al no ver "indicios razonablemente verosímiles" de su posible intervención.
Anticorrupción ha incoado estas diligencias después de que el pasado viernes PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid presentaran denuncias ante la Fiscalía reclamando una investigación sobre dicho contrato. Todo ello después de que un día antes se revelara que desde la dirección nacional del PP se habría intentado espiar al entorno más cercano de Díaz Ayuso -lo que ha provocado una crisis interna en el partido- para comprobar si su hermano, Tomás Díaz Ayuso, había cobrado una comisión de 280.000 euros por mediar en la licitación adjudicada a Priviet Sportive SL, sociedad administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila), pueblo en el que veranea la familia de la presidenta regional.
Díaz Ayuso emitió un comunicado este viernes confirmando que su hermano había recibido 55.850 euros, si bien precisó que se trataba de una cantidad relativa a su gestión para conseguir mascarillas FFP2 y FPP3 en el mercado chino, que se venderían a 5 euros cuando los precios en ese momento eran el doble. Asimismo, este lunes aseguró que pondría a disposición del Ministerio Público la documentación relativa al contrato en cuestión. Con todo ello, además de las denuncias presentadas por los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación para hacer un primer análisis sobre la posible existencia de irregularidades.
El decreto firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, este martes, explica que es necesaria abrir una investigación preliminar -lo que no supone en ningún caso la judicialización del asunto- para poder esclarecer los hechos que se relatan en las denuncias, ya que en ellas "si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Así, para poder "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados", a través de la toma de declaraciones o requerimientos, por ejemplo, es procedente incoar diligencias.
"Indiscutible trascendencia social"
De hecho, Luzón señala en su escrito que la incoación de las diligencias se justifican en "la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, conforme a sus artículos 103 y 106"; y en segundo lugar, "por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".
En cuanto a la presunta responsabilidad de la presidenta madrileña en dicha adjudicación, a quien los partidos denunciantes le atribuyen delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios, Anticorrupción afirma que las denuncias solo plantean "hipótesis" y que en estos momentos no hay "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo", por lo que descarta remitir el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que también inicie una investigación.
Para iniciar con las pesquisas, el decreto dado a conocer este martes señala que, entre la diversa documentación, PSOE y Unidas Podemos adjuntaron a sus denuncias una copia de la resolución del expediente de contratación; y además, la de Más Madrid incorporó unos mensajes de texto que su portavoz, Mónica García, habría recibido sobre la presunta "ilegalidad de esta contratación". Asimismo, este lunes, el Conejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid hizo llegar a la Fiscalía Anticorrupción numerosa la documentación relativo al expediente del contrato que se va a investigar, entre la que se incluye la oferta con documentación de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; y documentos de contabilidad.
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