El expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar encuentra apoyos en su intento de demostrar que siempre siguió instrucciones de BBVA en relación a la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de que el juez instructor Manuel García Castellón requiera a la entidad financiera que preside Carlos Torres los correos electrónicos que este exdirectivos se habría cruzado con una decena de exaltos cargos del banco, algunos de ellos imputados en esta novena pieza separada del caso ‘Tándem’, como el exconsejero delegado de la entidad bancaria vasca, Ángel Cano; u otros fuera de esta investigación, como el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.
Así se desprende de un escrito de Anticorrupción fechado el pasado 8 de febrero, al que ha tenido acceso La Información, en el que se adhiere parcialmente al recurso que Béjar presentó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la negativa del juez instructor de refuerzo, Joaquín Gadea, a reclamar dicha información a la entidad financiera. La petición surgió después de que la defensa del que fuera responsable del área inmobiliaria de BBVA comenzara a revisar 'in situ' en el órgano judicial los más de 110.000 archivos que se han puesto a su disposición -después de que la Sala de lo Penal ordenara proceder a ello- y se percatara de que había "olvidado" incluir la correspondencia electrónica relacionada con una decena de exaltos cargos del banco.
No obstante, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de investigar la macrocausa sobre los negocios privados del comisario Villarejo, respondió que no existe "una justificación suficiente" para tener que incorporar nuevos correos electrónicos, por lo que rechazó esta última petición. Sin embargo, el Ministerio Público considera que "es absolutamente pertinente, necesario y útil como estrategia de defensa" que un investigado pueda acceder a todos sus correos profesionales, por lo que de no ser así se vulneraría sus derechos.
"Cercenar o limitar tal posibilidad por un 'olvido' a la hora de proponer los nombres a los que se ha dirigido el correo o del que se ha recibido basándose en la proporcionalidad implica afectación directa a tal derecho de defensa", afirman los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, que recuerdan que los "derechos e intereses de terceros afectados" no se verán perjudicados, pues dichos archivos se encuentran custodiados en el juzgado. Solo pueden ser revisados por Béjar y su defensa, de manera presencial y sin la posibilidad de hacer copia o tomar fotografías, un sistema que, a juicio de la Fiscalía, también debería ser "reconsiderado".
Así, el Ministerio Público aboga por dejar que Béjar 'rescate' la mensajería relacionada con Ángel Cano, el que fuera ‘número dos’ del expresidente de BBVA Francisco González; Joaquín Gortari, ex ‘mano derecha’ del que fuera máximo responsable de la entidad y actual jefe de Auditoría Interna de la misma; Manuel Castro, exjefe de Riesgo corporativo; Javier Malagón, exdirector de Finanzas; así como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano. Asimismo, considera que otros de los correos importante son los intercambiados con el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, en cuya su etapa en BBVA fue “conocedor” de las razones por las que se contrató a la agencia Kroll para realizar una investigación patrimonial a una serie de clientes. En esta línea, suma a la lista al que fuera el jefe de Gabinete de éste, Asís Alonso Calvo; y al antecesor de Manuel Castro en el departamento de Riesgo y posterior consejero delegado de Bankia, José Sevilla Álvarez.
Además, la Fiscalía indica que sería "procedente" recuperar los correos de la jefa del departamento jurídico del banco, María Jesús Arribas -cuya declaración ha pedido en varias ocasiones Béjar-, ya que del análisis preliminar de la documentación se "evidencia que los servicios jurídicos de la entidad tuvieron conocimiento de más contrataciones que las que se han reconocido". Por ello, avisa que todos los indicios que se están recabando "apuntan hacia la necesaria declaración" de esta directiva del BBVA como investigada.
Acusa a BBVA de "faltar a la verdad"
Béjar comenzó a repasar todos los correos corporativos reclamados a BBVA el pasado mes de noviembre. El objetivo de dicha revisión es encontrar pruebas para rebatir el informe 'forensic' de PwC -encargado por los abogados del banco-, que señala que él fue uno de los directivos que autorizó el pago de facturas emitidas por Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo contratado durante 13 años. Una conclusión que se fundamenta en "correos internos de empleados de la entidad", según recuerda Anticorrupción. Tras realizar el "examen de un volumen considerable de los más de 80.000 archivos", la defensa de Béjar envió este jueves, 10 de febrero, un escrito al juez titular de la investigación, Manuel García Castellón, en el que asegura que BBVA "falta a la verdad" a la hora de insistir en que los trabajos de la empresa del comisario para la localización de bienes de clientes morosos de la entidad financiera no fueron "provechosos y útiles".
Según el escrito, que también ha podido ser consultado por este diario y en el que se aporta detalles de 62 correos específicos, los trabajos de Cenyt sirvieron a BBVA -contra quien mantiene una batalla legal abierta- para poder recuperar parte de las deudas que tenían contraídas algunos clientes, como son Fernando Martín, exdueño de la constructora Martinsa; Luis Portillo, expresidente de Colonial; y Prasa. En este sentido, añade que estos servicios sobre la localización de bienes eran totalmente legales y que en los correos electrónicos no se han encontrado indicios de "irregularidad". En cualquier caso, subraya que fue el expresidente del banco, Francisco González (también imputado en esta causa) quien "ordenó la contratación de Cenyt" al tener sospechas de que "ciertos grandes deudores morosos (o en situación de concurso de acreedores) habían ocultado bienes para evitar la acción de sus acreedores, particularmente BBVA".
El interés de Francisco González
Béjar destaca que, aunque desconoce el motivo, González tenía un "persistente interés" en "lograr la adjudicación" de una finca de Fernando Martín de unas 500 hectáreas situada en El Escorial (Madrid). "Siguiendo las instrucciones del presidente, los servicios jurídicos del banco consiguieron, a través del correspondiente convenio de acreedores, la adjudicación de la finca, denominada El Milanillo (...) El presidente fue informado de la misma en el momento en el que ésta se produjo. Una vez la finca en poder del banco, el presidente visitó la finca en compañía de su esposa, demostración palpable del seguimiento permanente y las órdenes precisas que el presidente impartía en relación con este cliente y la mencionada finca", relata el escrito del expresidente de DCN.
En cuanto a los otros dos clientes, el que fuera jefe de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA recuerda que con Portillo -personado en la causa como perjudicado de los espionajes de Villarejo- no se logró una "deuda negociada" y que los bienes fuera de España localizados por el agente encubierto sirvieron de base para la denuncia que el banco presentó en 2012 contra el expresidente de Colonial ante la Fiscalía Anticorrupción. Sobre Prasa, Béjar recalca también que el expresidente del banco "solicitaba puntual información sobre la evolución de la situación", que culminó "con el cobro de más de 40 millones de euros en efectivo", así como la adjudicación de numerosos inmuebles a favor del banco, entre ellas la singular finca denominada Puerto del Toro, que González señaló como "objetivo preferente a adjudicar", según el escrito.
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