La Fiscalía Anticorrupción ha salido en defensa de BBVA en relación a todo el material que obra en la causa penal abierta contra el comisario jubilado. De hecho, ha advertido a los protagonistas de esta pieza del procedimiento que no podrán tener acceso a "los miles de documentos digitales" intervenidos al comisario jubilado tras su detención hace más de tres años, y entre los que se encuentran papeles clave sobre la contratación del banco con el grupo Cenyt. El Ministerio Público justifica las restricciones no solo en el hecho de no entorpecer la investigación sino también porque es una cuestión que afecta directamente a la privacidad de terceros que nada tienen que ver con la causa, así como también por motivos de seguridad del Estado.
Desde que el magistrado Manuel García Castellón ordenara al banco aportar todo el 'forensic' realizado a tenor de las contrataciones con Cenyt, muchas partes del procedimiento se han pronunciado instando a recabar más información sobre esta investigación interna. De hecho, el propio instructor ordenó a la Policía Judicial que analizara uno a uno los 2,3 millones 'hits' entregados por el banco para analizar de primera mano todas las evidencias que halló PwC en su trabajo. En ese tiempo, algunos de los implicados, como el exdirectivo de Riesgos José Antonio Béjar, ha pedido sin éxito todos sus correos corporativos de empresa mientras que otros, como Luis Pineda, han ido más allá y han solicitado todo el material que custodiaba el comisario.
El presidente de Ausbanc sostiene que los datos incautados a Villarejo y que todavía siguen desencriptando los agentes, contienen "fuentes de prueba que afectan directamente" a esta pieza séptima del caso Tándem. Al respecto, Anticorrupción deja claro que no se puede conceder un "acceso indiscriminado" al contenido de los dispositivos que custodiaban el agente encubierto y su socio Rafael Redondo. Así, en un escrito al que ha tenido acceso La Información, explica que desde el mismo momento en que se levantó el secreto de sumario en la pieza principal, todas las partes han ido accediendo a los "miles de documentos digitales" que han dado pie a la mayor causa de corrupción de la democracia. Ahora bien, lo han hecho siguiendo unos protocolos de acceso para proteger asuntos que atañen a la seguridad del Estado y entre los que se encuentra la contratación de BBVA.
Acotar la búsqueda
Se trata de una decisión que plasma el juez en un auto del pasado 13 de enero y que viene a confirmar el criterio adoptado en octubre. Entonces el magistrado respondió una a una las peticiones formuladas no solo por el presidente de Ausbanc sino también por otros perjudicados de los trabajos de espionaje de Villarejo como el empresario Luis del Rivero, el exvicepresidente del BBVA José Luis Ampuero o el exvicepresidente de la CNMV Vicente Benedito. Estos últimos solicitaron que se requiriera a PwC los cerca de 443.000 hits sobre el 'Grupo Hostil' (nombre al que se refería en clave Villarejo para hablar de Sacyr) para llevar a cabo una contrapericial. Tanto el banco como Francisco González -ambos imputados en la causa- negaron estas pretensiones y advirtieron que las partes estaban utilizando una investigación de parte para fines propios.
Incluso BBVA llegó a pedir a la Audiencia Nacional que pusiera coto a esta línea de la investigación sobre el 'forensic' ante la amenaza que suponía dejar al descubierto los pormenores del trabajo realizado por PwC. El expresidente Francisco González fue más allá y advirtió que, detrás de todo lo recabado por la investigación interna, había conversaciones privadas e información que podría comprometer a terceros y a secretos de la entidad que preside Carlos Torres. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción dejó claro que había que indagar este asunto concreto al descubrir durante la declaración del socio de PwC en sede judicial que parte de los hallazgos no se aportaron a la Audiencia Nacional por orden de la defensa del banco.
En las diferentes testificales que hizo Javier López Andreo en la Audiencia Nacional manifestó que se retiraron en un primer momento las alusiones a Grupo Hostil o a Luis Pineda y que tampoco incluyeron las búsquedas efectuadas en relación al actual presidente, Carlos Torres. Los fiscales advirtieron al socio de PwC que tenía que aportar toda la información que tuviera al respecto ya que, de lo contrario, podría incurrir en delito de desobediencia. Por ese motivo dieron luz verde a que la Policía Judicial investigue toda esta documental, aunque eso sí, garantizando el anonimato a todo aquello que ponga en jaque el secreto empresarial y bancario. Incluso, en un giro de los acontecimientos, el magistrado García Castellón rectificó su petición inicial de recabar el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde el año 2004 hasta la actualidad.
Protección a los escoltas
El instructor atendió de este modo la petición de Francisco González, el cual advirtió del riesgo que desentrañaba desvelar la identidad de sus escoltas durante sus años en la presidencia de BBVA. Frente a ello, Pineda reclamó que declarasen en sede judicial los responsables de 'compliance' de la entidad, aunque el magistrado tampoco ve pertinente la diligencia y no los citará ni como imputados ni como testigos. Y ello pese a que Anticorrupción advirtió que, en lo relativo al informe de la seguridad del entonces presidente, contenía todas las características para concluir que el servicio lo prestó Villarejo desde Cenyt. "La fuente de información no eran fuerzas de seguridad sin más, sino las que, de modo privado e ilícito, habría contratado la entidad en su espurio beneficio", concluyó el Ministerio Público.
Con todo, el magistrado sigue a la espera de las conclusiones que plasme la Policía Judicial sobre el estudio de los 'hits' de PwC para avanzar en esta investigación que se ciñe a las contrataciones efectuadas entre los años 2004 y 2017 por importe de 10,3 millones de euros. De momento el foco está puesto en el antiguo jefe de seguridad del banco Julio Corrochano y en el exjefe del departamento de Riesgos José Antonio Béjar. Aunque la defensa legal de la entidad insiste en validar su sistema de cumplimiento normativo y relega en estas dos personas los encargos a Villarejo, el directivo díscolo de FG -que colabora con la Justicia desde su imputación-, insiste en señalar que las órdenes de contratar vinieron de la entonces cúpula de la entidad.
