El intenso interrogatorio practicado por la Fiscalía Anticorrupción al representante legal del BBVA Adolfo Fraguas por los encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo ha llevado a los investigadores a poner el foco en los correos internos que los empleados del banco se intercambiaron relativos todos ellos a las contrataciones con el entramado empresarial del agente encubierto, según fuentes jurídicas consultadas por La Información.
De este modo, los fiscales al frente del procedimiento Tándem han dado por zanjado un interrogatorio que se ha prolongado 14 horas repartidas en tres citaciones judiciales, siendo la última la relativa a este miércoles. El banco, que ya expuso en anteriores declaraciones que la responsabilidad de esta relación laboral con el policía era del que fuera jefe de seguridad Julio Corrochano y del exdirectivo de riesgos Antonio Béjar, ha seguido apuntando en la misma dirección.
De hecho, al ser preguntado por todas las comunicaciones internas que se intercambiaron empleados de la entidad (algunos de los cuáles no figuran como investigados en esta pieza novena de la causa) ha insistido en que no guarda relación alguna con el asunto y que la contratación de estos servicios entre los años 2004 y 2017 así como las órdenes de pago al Grupo Cenyt corrieron a cargo de Corrochano y Béjar, ambos imputados también en esta parte del caso Tándem. Las mismas fuentes han aseverado que Fraguas, que responde por el banco tras su imputación como persona jurídica, se ha desligado de la figura de Villarejo como ya hiciera en sus otras comparecencias en la Audiencia Nacional.
14 horas Vs 45 minutos
En su declaración del 28 de noviembre no solo se desvinculó de todos estos encargos por los que el banco abonó más de 10 millones de euros sino que dejó caer que se hace difícil comprender que esta relación laboral tan prolongada en el tiempo y por la que se llegaron a pagar facturas de dos millones de euros, se llevara a cabo sin que la entonces cúpula de la entidad tuviera conocimiento de ello. Igualmente, y aunque descargó el peso de la trama en Corrochano y Béjar, también deslizó parte de responsabilidad en el exconsejero delegado del banco Ángel Cano.
Una vez finalizada las preguntas formuladas por la Fiscalía, Fraguas ha respondido a la defensa letrada de la entidad que está representada en este procedimiento penal por la fiscal Helena Prieto, socia del área de derecho penal de Garrigues, y el letrado Jaime Alonso Gallo del despacho Uría Menéndez. Los abogados del banco apenas han necesitado 45 minutos para interrogar a Fraguas sobre los trabajos que realizó Villarejo y entre los que destaca identificación de clientes morosos, presunto espionaje a políticos y empresarios vinculados al intento de asalto al banco por parte de Sacyr y seguimientos al líder de Ausbanc, Luis Pineda.
De este modo, los investigadores dan por terminado el interrogatorio más denso de todos los practicados hasta la fecha no solo en esta pieza sino en el procedimiento que arrancó hace ahora poco más de dos años contra Villarejo por presunta organización criminal. Tras él, el magistrado instructor tomará declaración al exresponsable de servicios jurídicos del banco, José Manuel García Crespo, el cual no acudió a la citación del pasado mes de noviembre por encontrarse de viaje.
Un año de investigación
A falta de saber si responderá a las preguntas de los investigadores o se acogerá a su derecho a no declarar como ya hicieron los últimos exdirectivos investigados en la pieza, lo cierto es que, tras esta declaración pendiente de practicar, el magistrado García Castellón podría acordar más diligencias mientras las pesquisas continúan secretas o bien levantar esta medida cautelar que pesa sobre la misma. Ello permitiría a todas las partes implicadas acceder al contenido de gran parte del 'forensic' encargado por el banco a Garrigues e incorporado al sumario de esta pieza abierta hace cerca de un año y que suma una quincena de investigados, entre los que se encuentran el exCeo Ángel Cano o el propio expresidente Francisco González.
Con todo, el banco ha cerrado hoy un primer capítulo en este caso tras su imputación el pasado verano por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. La Fiscalía Anticorrupción solicitó al instructor que acordara su citación como persona jurídica por las contrataciones con el comisario jubilado teniendo en cuenta que muchos de estos acuerdos se cerraron mientras éste estaba en activo en la Policía Nacional. Además, denunciaron que los trabajos de Cenyt implicaron una "reiterada injerencia" en los derechos fundamentales de las personas a las que se les habría espiado "mediante seguimientos y acceso a sus comunicaciones o documentación bancaria".
Tanto la entidad como el que fuera su presidente durante 18 años han insistido en sede judicial y en sus comunicaciones públicas que el banco cumplió con los sistemas de control interno al margen de que se hubiera producido alguna conducta irregular a nivel individual. Se refieren de esta forma tanto al papel de Corrochano (a quien Villarejo señaló como su nexo con el banco) y a Béjar, destituido primero de la presidencia de Distrito Castellana Norte y despedido posteriormente de la entidad, tal y como adelantó este diario. El empresario por su parte, ha negado en reiteradas declaraciones esas acusaciones y ha asegurado en sede judicial que cumplió órdenes de sus superiores en lo que respecta a la contratación con el entramado de Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo.
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