Nuevo varapalo para los cabecillas de la trama Gürtel. Los 21 acusados en la pieza de la red relativa a las adjudicaciones irregulares en Arganda del Rey (Madrid) se enfrentan a una petición de la Fiscalía Anticorrupción que va desde los dos años y medio a los 29 años de cárcel por el considerado mayor 'pelotazo' de la red con el que se pagaron hasta 25 millones de euros en mordidas. De esta forma, el Ministerio Público pide las mayores penas para Francisco Correa y Pablo Crespo mientras que solicita 19 años y medio de cárcel para el expresidente del Real Madrid y de Martinsa, Fernando Martín Álvarez.
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata cerró el pasado mes de enero la investigación de esta pieza de la red por los delitos de fraude, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, malversación e insolvencia punible por las actividades del Grupo Correa en Arganda entre los años 1998 y 2009. De esta manera implicó en estos hechos -por los que abrió una pieza separada-, a políticos y empresarios cómplices de un complejo entramado con el que controlaron el grueso de adjudicaciones en Arganda. Entre éstas destacan la organización de varias cabalgatas de reyes, las contrataciones del festival Rock in Río o la venta de parcelas municipales a Martinsa por 77 millones de euros.
Sobre este último punto, el titular del Juzgado Centra del Instrucción número 5 de Madrid acusó a Correa, al exsecretario general del PP gallego y al empresario Ramón Blanco Balín (para el que Anticorrupción pide 8 años de prisión) de acordar con el entonces alcalde de Arganda del Rey Ginés López y con el exconcejal del consistorio y exdiputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, el cobro de una suculenta comisión por la adjudicación de las parcelas de esta determinada urbanización a Martinsa. Precisamente el Ministerio Fiscal pide para el exedil 17 años de cárcel y un total de 2o en el caso de Martín Vasco, consejero delegado de Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal (FDM) de Arganda.
La mordida en cuestión habría corrido a cargo, siempre según el relato del magistrado, de los empresarios Fernando Martín además de Manuel Salinas y Armando Mayo, que se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 19 años y medio; trece años y medio y 22 años y medio de cárcel respectivamente. En el auto por el cual dictó el pase a procedimiento abreviado, el instructor explicó que fracturaron el abono de la mordida en dos pagos de 12 y 12,8 millones de euros respectivamente a cuentas de Correa en Mónaco y Suiza y un tercer abono de 130.000 euros en otra cuenta helvética de Blanco Balín a nombre de una sociedad panameña.
En lo que respecta al resto de acusados, Anticorrupción solicita una de las penas más altas para el que fuera consejero delegado de la Sociedad Municipal de Fomento de Arganda (FDM) Juan Fernández Caballero. En concreto pide para él 29 años de prisión por su implicación en esta red ya que fue el que dio las órdenes concretas de que los abonos que se tenían que hacer a esta sociedad municipal acabaran en cuentas de la empresa de Correa Easy Concept. Por estos hechos el juez implica también a la que fuera administradora de esta empresa Isabel Jordán y a los exempleados del Grupo José Luis Izquierdo y Pablo Collado que afrontan una petición de cárcel de 16 años y medio; 10 años y medio, y dos años respectivamente.
Pliegos para sus "compinches" y precios de licitación "ilegales"
Igualmente, Anticorrupción apunta como responsables civiles a todas las empresas que De la Mata señaló en su día como beneficiarias de estas adjudicaciones irregulares y que son, además de Easy Concept y Martinsa, Constructora Hispánica (gestionada por Alfonso García Pozuelo) y Teconsa (del también acusado José Luis Martínez). Para los dos empresarios la Fiscalía pide un total de ocho años y medio de cárcel por delito continuado de fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales. El juez también incluye en el que se convirtió en el mayor 'pelotazo' de la red a los funcionarios César Tomás (que afronta dos años y medio); Isaac García (nueve años); Luis Bremond (nueve años); José Ramón Gutiérrez (dos años y medio), Josefa Aguado (nueve años) y Álvaro García (tres años).
De la Mata sitúa en el epicentro de esta trama a la empresa municipal de Arganda; de hecho asegura que los ahora procesados "diseñaron un complejo plan" de cara a conseguir el fin último de que todas las competencias para la gestión del municipio derivaran a Sociedad de Fomento. Igualmente les acusa de facilitar los pliegos con antelación "a sus compinches", fijar precios de licitación ilegales y, finalmente,"para completar sus designios criminales", modificar las condiciones de los contratos beneficiando de esta forma a las empresas adjudicatarias (en el caso de Martinsa, por ejemplo ampliaron significativamente la construcción de parcelas tras su adjudicación) causando con ello "enormes perjuicios al ente público".
También denuncia que gran parte de los acusados recibieron dádivas y regalos del Grupo de Correa señalando especialmente a Ginés López, Benjamín Martín y Juan Fernández Caballero, por ser obsequiados con pagos de hasta medio millón de euros como ocurrió en el caso del exalcalde de Arganda. De hecho, este último consiguió además con billetes de avión, estancia de hoteles, alquileres de coches y entregas en efectivo entre 2003 y 2009, año en que dimitió tras verse salpicado por los negocios de la red.
Penas más duras y multas millonarias desde la acusación popular
Las acusaciones van más allá de la Fiscalía Anticorrupción y piden penas de cárcel que oscilan entre los 35 años y medio de prisión para Correa a los 29 años y medio para Crespo, 22 años para Ginés López o 19 años y medio para el empresario Fernando Martín Álvarez, entre otros. Además solicita una multa de 75 millones de euros para el que fuera presidente de Real Madrid por el delito de cohecho y otra cercana a los cuatro millones de euros por delito contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2005 y 2006, de acuerdo con el escrito de una de las acusaciones populares del procedimiento al que ha tenido acceso La Información.
En el mismo se pide además que figuren como partícipes a título lucrativo Gema Vega (mujer de Ginés López), Esther Arévalo (mujer de Benjamín Martín Vasco) y Juan Diego Fernández (hijo de Juan Fernández Caballero) por todos los obsequios que obtuvieron de la red de Correa. La acusación popular también pone el foco en la sociedad FDM de la que asegura que "ejercían absoluto control" gracias a las delegaciones y nombramientos así como a la ampliación de las competencias. Igualmente determina que la facturación total del Grupo Correa al consistorio de Arganda por estos contratos fraudulentos ascendió a 1,2 millones de euros.
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