El caso Lezo está a punto de avanzar un paso más de cara a esclarecer los importantes desembolsos que se efectuaron desde el Canal de Isabel II para la compra de filiales en el extranjero. Primero fue la adquisición de la colombiana Inassa y, ahora, la parte del procedimiento que está a punto de llegar a su fin es la relativa a la compra en el año 2013 de la brasileña Emissao, ya bajo el Gobierno de Ignacio González, según confirman a este diario fuentes de la investigación. La operativa habría supuesto un desfalco para las arcas de la empresa pública madrileña de 23 millones de euros.
Esta parte de la causa, que se ha investigado en la primera pieza, está pues a punto de tocar a su fin de acuerdo con las fuentes consultadas, toda vez que se han recibido los últimos informes de la Policía Judicial y se han terminado de tomar las declaraciones pertinentes a los principales acusados de la misma. De este modo, lo más reseñable de esta parte de las pesquisas son dos asuntos concretos: por un lado, las comisiones rogatorias libradas en el extranjero y las confesiones de reparto de mordidas, que de acuerdo con los investigadores serían de 5,8 millones de dólares.
Las declaraciones de los actores de esta operativa han apuntalado y mucho la acusación del Ministerio Fiscal, que ya está preparado para poner coto a los pormenores de la adquisición del Canal. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio el que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, admitió en la Audiencia Nacional que a él "le tocaron" 300.000 euros de reparto a otros intervinientes de la operación 600.000 euros y al principal acusado de la trama, Ignacio González, 1,8 millones de euros, si bien este último se desvincula completamente de los hechos. La persona que habría efectuado esta división entre los intervinientes fue el hombre fuerte del Canal Edmundo Rodríguez Sobrino.
Los viajes a los paraísos fiscales
De hecho, el exdelegado del Gobierno de Ceuta admitió a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en su interrogatorio que ocultó los 300.000 euros percibidos en cuentas bancarias de República Dominicana y que se ayudó para este cometido del exdirectivo de Inassa Diego García Arias. El papel de García Arias en el esclarecimiento de los hechos es trascendental teniendo en cuenta que confesó el sistema de reparto de dádivas al cierre de la operación así como que se llevaron a cabo numerosos viajes a paraísos fiscales para esconder el dinero ilícito.
Al respecto, el magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, puso cifra por primera vez a estas presuntas mordidas en octubre del año pasado. En concreto y siguiendo la línea del primer instructor, Eloy Velasco, determinó que esta operación estuvo "plagada de irregularidades" y que tanto los participantes en la adquisición como cargos públicos y personas conectadas con Inassa se repartieron dádivas por valor de 5,8 millones de dólares. Desde el entorno del Canal niegan irregularidades con la inversión que se cerró en el año 2013 y alegan que se efectuó utilizando la sociedad pantalla Uruguay Soluciones Andinas del Agua por motivos fiscales.
Así se pronunció en sede judicial el pasado mes de marzo el director financiero del Canal Luis Gonzalo González, el cual también hizo alusión a un aspecto curioso de la operativa, como es el hecho de que el pago de los 25 millones de dólares se efectuara en Suiza y no en Brasil, país de origen de Emissao Engenharia e Construçoes. Además también explicó en calidad de testigo que este sobrecoste para la empresa madrileña de aguas no tuvo impacto real en los presupuestos del Canal porque en aquel entonces solo se reflejaba en las cuentas el devenir de las sociedades del Canal en España y no las del extranjero.
Los informes periciales
Han sido muchas las ocasiones en las que el magistrado García Castellón ha hecho alusión en sus autos a la abundante documental que obra en esta pieza primera del caso. En concreto, en este tiempo de instrucción se ha aportado al sumario de la causa un informe elaborado por la auditora KPMG un mes antes de formalizar la compra, y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por lo que entiende que no es necesaria ninguna valoración más. A todo ello habría que añadir los aportados por las partes acusadas, como es el caso de la exdirectiva María Fernanda Richmond.
La expresidenta financiera pidió que se tuvieran en cuenta las conclusiones de la firma EY, el de Forest Partners de mayo de este año, las memorias individuales de Canal Gestión y Canal Extensia (a través de las cuáles se realizó la operativa) y el test de deterioro de Emissao entre los años 2014 y 2015. Entre los papeles incautados durante los registros efectuados en el estallido de la operación en abril de 2017 destaca el bautizado como 'Dossier Emissao'. Los principales acusados alegan que éste recogía una valoración actualizada de la empresa en 2013, según la cual el 75 por ciento de la misma podría costar 41,4 millones de dólares, es decir, unos 36,4 millones de euros, lo que vendría a justificar el desembolso de los 23 millones de euros.
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