La Fiscalía Anticorrupión pone cifra al presunto desvío de fondos que habría tenido lugar en la Comunidad de Madrid con la trama del 1% que se investiga en el marco del caso Púnica. De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, ese porcentaje de ejecución de material de todos los hospitales y centros de salud implicados en los hechos ascendería a 3,85 millones de euros, según un escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso La Información.
El documento, firmado por las fiscales Anticorrupción al frente del procedimiento, se remitió a finales del pasado mes de noviembre y fue el que dio pie a que el magistrado Manuel García Castellón librara oficio para requerir todavía más información a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El instructor acuerda esta diligencia a petición expresa del Ministerio Fiscal, el cual ya ha recepcionado una primera tanda de documentación del Gobierno madrileño contenida en 34 carpetas.
Este primer envío de documentación ha permitido a la principal acusación cifrar en 3,85 millones la cuantía de dinero que se habría obtenido aplicando esta cláusula que los investigadores atribuyen al Gobierno de Esperanza Agurire. Además, precisa que las empresas adjudicatarias de estas obras –y que ascienden a un total de 33- abonaron 1,19 millones de euros a sociedades de Horacio Mercado. El empresario, que figura como investigado en el procedimiento, es unos de los actores clave en esta red en tanto las fiscales le sitúan en las primeras reuniones iniciales de 2004 en la sede del Gobierno madrileño en las que se fraguaría el plan de una presunta caja 'b' en la formación regional, paralela a las finanzas oficiales, para sufragar los gastos de campañas electorales.
La versión de Mercado
La Fiscalía se apoya en la declaración prestada por Mercado en diciembre de hace ahora dos años en la que admitió en sede judicial que costeó con dinero opaco algunas campañas electorales del PP madrileño con facturas falsas. En concreto, apuntó que fue el entonces gerente de la formación regional, Beltrán Gutiérrez, el que le instó a cargar sus servicios a un listado de empresas constructoras que ahora se han visto salpicadas. "Resuelta relevante para la investigación conocer el destino y las empresas que recibieron facturas por un importe aproximado de 2.659.451,22 euros, que es el monto que no facturaron ni recibieron las empresas de Horacio Mercado y que pueden derivarse a atender otros gastos del partido", reza el escrito recogido por este diario.
Por ese motivo piden al magistado instructor que requiera al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso más información relativa a toda la relación de facturas que atendieron las empresas adjudicatarias de los contratos de los hospitales y centros de salud con cargo al 1%. Entre el listado que recoge la Fiscalía Anticorrupción se encuentran los hospitales de Coslada, Parla, Majadahonda, Vallecas, hospital del Sureste, hospital del Tajo o del Escorial. Incluye también la construcción de algunos centros de salud en localidades como Mejorada del Campo, Moralzarzal, Alcalá de Henares o Leganés.
Todas estas peticiones, que se producen tras escuchar en sede judicial a los nuevos imputados en esta pieza novena del caso Púnica, han sido atendidas por el magistrado García Castellón el cual, en un auto con fecha del pasado 11 de diciembre requirió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid toda esta batería de información necesaria para esclarecer lo relativo a esta cláusula que habría imperado en los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. En su providencia, el instructor pone el acento en los hospitales de Puerta del Hierro de Majadahonda y del Tajo Aranjuez en tanto ya les pidió más detalles sobre este asunto en noviembre y todavía no ha recibido la documentación solicitada.
El avance de las pesquisas llevó a la Comunidad de Madrid ha admitir la existencia de cerca de 200 contratos que contendría esta cláusula que ahora investiga la Audiencia Nacional, tal y como adelantó el diario El País. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ya aludió a la existencia de la misma en su escrito por el cual solicitaba la imputación de Esperanza Aguirre y otros altos cargos del PP madrileño en esta pieza relativa a la caja 'b' del PP madrileño. Al respecto expuso que no solo se aplicó en los contratos gestionados por la Consejería de Sanidad sino también en la de Transportes y, en concreto, en lo relativo a la construcción de nuevas carreteras.
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