La Fiscalía Anticorrupción ha presentado formalmente su petición de imputación del BBVA en el caso Villarejo y lo ha hecho alegando que los encargos que la entidad efectuó al agente encubierto desde mediados del año 2000 no solo eran ilícitos, teniendo en cuenta que el comisario seguía en activo en la Policía Nacional, sino que también sirvieron para que "alguno de los directivos" de la entidad ahora imputados cobrara dádivas de Cenyt precisamente por su mediación para que el banco contratara sus servicios.
El Ministerio Público explica en una nota que estos hechos, por los que ahora pide la citación del banco como persona jurídica en el caso Tándem, serían constitutivos de delito de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. Al respecto razona que toda la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 con el estallido de la operación así como la aportada por el propio banco, acreditan que la contratación a Cenyt y los pagos "presuntamente ilícitos" de esta mercantil "afectaron a varias áreas sensibles del Banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal".
La entidad, que en el momento de los hechos presidía Francisco González, recurrió a los servicios del comisario jubilado ante la sospecha de que Sacyr quería entrar en el capital del banco sin que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero actuara para frenar este intento de asalto. A juicio de los fiscales del caso Miguel Serrano e Ignacio Stampa, esta maniobra implicó una "reiterada injerencia en los derechos fundamentales" de las personas implicadas en la operación "mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria"; hechos que serían constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Corrupción en los negocios
En lo que respecta al delito de corrupción en los negocios, la Fiscalía Anticorrupción determina que éste se produce ante el posible cobro de prestaciones por parte de alguno de los directivos imputados en esta pieza novena del caso 'Tándem'. "Por otra parte, alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones", reza la nota del Ministerio Fiscal que recuerda que la responsabilidad penal de las personas jurídicas está prevista para todos estos delitos.
El magistrado al frente de estas pesquisas imputó a nueve personas en esta novena pieza de la macrocausa por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos. Ellos son Rafael Redondo, el abogado socio de Villarejo, y otros ocho altos cargos del banco, entre los que se encuentran el exconsejero delegado Ángel Cano y el que fuera jefe de seguridad Julio Corrochano. En su declaración desde la prisión de Estremera, el propio Villarejo confirmó la validez de estos encargos "en defensa de la soberanía nacional" y dijo que su nexo de unión en la entidad era Corrochano, desvinculando por completo a Francisco González.
La Fiscalía Anticorrupción, no obstante, considera que todos estos trabajos contratados con Cenyt y por los que el banco pagó más de 10 millones de euros, se trataron en realidad de "servicios de inteligencia e investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito" teniendo en cuenta la incompatibilidad de los encargos que asumió Villarejo, entonces en activo en la Policía Nacional. Los mismos se efectuaron desde el año 2004 y el banco pagó por ellos incluso después del arranque de esta operación en noviembre de 2017 y que derivó en la detención y el ingreso en prisión provisional de Villarejo.
Contrarios a su personación como acusación
Por todo ello, el Ministerio Público pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que designe a un representante legal para que comparezca en condición de investigado cuando así se le requiera. Fuentes jurídicas consultadas por este diario precisan que, aunque la imputación formal podría efectuarse en los próximos días, la citación judicial está más lejana y se podría demorar a la vuelta del verano. Precisamente es en ese momento en el que el magistrado baraja levantar el secreto de sumario y volver a citar a declarar a los nuevos imputados teniendo en cuenta que casi la totalidad de ellos se acogió a su derecho a no declarar ante el secreto que pesa en las actuaciones.
Así las cosas los fiscales terminan la nota matizando que, con todos estos indicios que pesan sobre la entidad, ésta no puede ser considerada como perjudicada, motivo por el cual han interesado que se desestime su solicitud de personarse en esta macrocausa como acusación particular.
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