La Fiscalía Anticorrupción sigue sin creer del todo a BBVA. Los fiscales consideran que la entidad financiera sabía perfectamente quién era el comisario jubilado José Manuel Villarejo y que se encontraba detrás de Cenyt, la empresa contratada para servicios de inteligencia, seguridad y consultoría durante 13 años. Por ello, ha abierto dos vías paralelas para descartar cualquier duda existente sobre la posibilidad de que el banco que preside Carlos Torres pueda estar ocultando información. Por un lado, ha informado al juez que investiga el 'caso Villarejo' que solicitará nuevas declaraciones de trabajadores del banco para aclarar hasta qué punto los niveles más altos de la entidad conocían la existencia del agente encubierto. Por otro lado, ha vuelto a criticar por escrito que enarbole la bandera de la colaboración con la justicia cuando en verdad trata de "evitar la investigación de unos presuntos hechos delictivos".
Los próximos testigos están relacionados con la declaración que ha tenido lugar este jueves. Un extrabajador del banco ha afirmado en sede judicial que descartó ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) que hubiera algún tipo de irregularidad en la contratación de Cenyt, si bien ha confirmado que hasta la alerta de inteligencia financiera siempre se creyó que el dueño de la empresa en cuestión era Rafael Redondo, el socio de Villarejo. Este empleado ha sido citado a declarar como testigo al ser el responsable que contestó a los requerimientos que hizo la unidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en 2017, en los inicios de la investigación de los negocios privados de Villarejo mientras seguía en activo en la Policía Nacional.
El testigo, José López Herrán, ha señalado que fue a raíz de esta petición para recabar información sobre varias cuentas cuando se constató que Cenyt estaba encabezado por Villarejo. En este contexto, preguntó al departamento de Compras por los contratos con dicha compañía, pero le remitió al de Seguridad, al ser el que aparecía como contratante. Este área le indicó que no había irregularidades porque era una empresa que no tenía cuenta, sino que figuraba como proveedora de servicios del banco, ha explicado ante el juez, según han señalado fuentes jurídicas presentes en la declaración consultadas por La Información. Y así lo hizo llegar a la unidad de investigación. No obstante, el extrabajador de BBVA ha subrayado que en el momento que tuvo conocimiento de las primeras noticias en prensa sobre el agente encubierto recomendó dejar de contratarle.
Pero los fiscales quieren seguir indagando sobre este asunto y aclarar por qué no se comprobó antes quién era el dueño de Cenyt y cómo se gestionó internamente la alerta del Sepblac. Por ello, han anunciado al juez que solicitarán las testificales de Belén Rico y Elías Palacios, dos de los directivos que tuvieron conocimiento de la respuesta que se envió al 'investigador' financiero, según consta en un e-mail aportado a la causa en el que se adjuntaba dicho documento; así como a la persona que el banco identifique como el responsable de localizar toda la información para elaborar dicho archivo, según han indicado las fuentes consultadas.
Trato de favor
La declaración del testigo que ha comparecido este jueves contrasta en parte con algunas diligencias que consta en el sumario. Tras tener conocimiento de varios documentos internos del banco que apuntarían a que el agente encubierto tuvo un trato de favor para abrir cuentas bancarias, el juez citó en febrero a varios empleados de BBVA para aclarar "el grado de conocimiento dentro de la entidad investigada (BBVA) de la vinculación entre la empresa Cenyt y el investigado José Manuel Villarejo".
Todo ello después de 'descubrir' que el exjefe de Seguridad de la entidad vasca Julio Corrochano -uno de los principales imputados por hacer de interlocutor entre la firma del Ibex 35 y el expolicía- concertó una entrevista en 2007 entre el comisario jubilado y el entonces director de zona de la entidad y la responsable de la sucursal donde el propietario de Cenyt abrió una cuenta para tratar un asunto relacionado con "algunos proyectos que tenían en cartera". Según relata uno de los informes del banco, en dicho encuentro, Villarejo "expuso su relación con BBVA y la lógica reciprocidad en el sentido de que si el banco era cliente suyo, lo lógico es que ellos tuvieran una relación más estrecha con el banco".
Este extremo fue confirmado por la exdirectora de la oficina bancaria de la calle Orense de Madrid -la elegida por la cercanía con las oficinas de Cenyt, que se encontraban en la Torre Picasso de la capital-, quien relató en sede judicial que Villarejo se presentó como un asesor de la entidad bancaria. Asimismo, manifestó que Corrochano le llamó para pedirle que abriese una cuenta al comisario y que le diese un trato especial.
Nuevos encargos tras la detención
A las sospechas de esta 'relación especial', en el último tramo de la instrucción judicial se sumó una nueva. Anticorrupción comenzó a cuestionar que los servicios de Villarejo se extinguieran con su detención en 2017. La Fiscalía apostó por investigar estos hechos tras recibir un informe policial el pasado mes de abril, en el que se señala que BBVA siguió solicitando la obtención de información privada sobre determinadas personas a una empresa próxima al comisario jubilado. Para aclarar si ello surgió así, el juez citó a declarar al exinspector Antonio Bonilla, dueño de Anbycol, la sociedad contratada en 2018 por el banco, y a quien se sitúa en el entorno de Villarejo por su cercanía con el polémico policía y por ejercer como director de Operaciones en Cenyt. También al empleado de la entidad vasca que hizo los encargos, y que ha comparecido este jueves. Ambos se han negado a declarar.
BBVA -que tiene una cita ante el juez el próximo 26 de octubre- ha tratado de anular esta nueva línea de investigación, defendiendo que Anbycol era una sociedad ajena a Cenyt y que el informe policial se hizo a sus "espaldas". Para los fiscales, la reacción del banco no es la esperada, pues según indican no suele ser la postura "de un investigado que afirma colaborar con la investigación". Así lo expone el Ministerio Público en un escrito del pasado 9 de octubre, al que ha tenido acceso este diario, en el que se pregunta por qué el banco pidió a PwC -que realizó un 'forensic'- un análisis sobre los contratos con la empresa de Bonilla si "nada tiene que ver" con el entramado de Villarejo.
En este sentido, Anticorrupción afirma que puede llegar a comprender la postura del banco, a la hora de recurrir esta nueva ronda de declaraciones prevista para aclarar los encargos realizados en 2018, ya que es algo que haría cualquier imputado. Sin embargo, ve "contradicción" en esta forma de actuar de BBVA con su insistencia en subrayar que está colaborando con la Justicia, pues -añade- trata de impedir que no se descubran "unos hechos aparentemente delictivos". "Obviamente tal directriz, es lógica y totalmente respetable desde la perspectiva de un investigado, pero no de un investigado que afirma colaborar con la investigación", concluye.
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