La Fiscalía Anticorrupción estudiará al término de las declaraciones de acusados y testigos en el juicio del caso Gürtel su trascendencia para valorar si investiga al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps en la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
La Audiencia Nacional ha continuado con el juicio de los 19 acusados por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008 a través de la empresa de la trama Orange Market con las declaraciones de los exgerentes de esta sociedad Cándido Herrero y del PP de Valencia Cristina Ibáñez. Mientras, la Fiscalía General del Estado informaba de que los fiscales anticorrupción "estudiarán la trascendencia de las declaraciones vertidas en el juicio relacionadas con Francisco Camps al término de las sesiones, cuando concluya la práctica de la prueba y pueda ser valorada en su conjunto".
El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en su declaración como acusado dijo que Francisco Camps y el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008. Francisco Camps, Juan Cotino y el extesorero del PP Luis Bárcenas son tres de los 145 testigos más relevantes llamados a declarar en este juicio.
Camps tiene abierta una causa en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que precisamente ayer rechazó el recurso que el expresidente valenciano interpuso contra su citación a declarar como investigado en la causa sobre supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia.
Según reconocieron en el juicio los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes, los trabajos de Orange Market por mítines y publicidad electoral se facturaban a otros empresarios para saldar la deuda del partido con esta empresa, que llegó al millón de euros. Estos empresarios tenían adjudicados contratos con administraciones públicas valencianas y por ley no podían efectuar donaciones a partidos políticos, según el Ministerio Público.
Durante la jornada de hoy del juicio ha declarado la exgerente del PP de Valencia Cristina Ibáñez, para quien la Fiscalía pide siete años y nueve meses de prisión. La acusada ha manifestado que tras el congreso regional del PP de 2004 se reunió en la sede del PP de Valencia con Adela Pedrosa y Ricardo Costa ya que entonces fueron elegidos secretaria y vicesecetaria del partido en la Comunidad Valeciana y a quienes le explicó el sistema de financiación de la formación "pero la que marca la ley".
"El sistema de financiación ilegal no existía, yo no lo conocía y si alguien lo montó no fui yo", ha asegurado, para recalcar que fue Ricardo Costa quien le autorizaba los pagos a Orange Market.
Ha recordado que Costa le dijo que Camps "estaba preocupado" por todo lo relacionado con Orange Market y que quiso que como "muestra de transparencia" y "al no tener nada que ocultar" se entregara toda la documentación de lo efectuado con esta empresa en el Tribunal de Cuentas, lo que ella hizo en 2009.
También ha declarado el exgerente de Orange Market Cándido Herrero, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 17 años de cárcel, quien ha reconocido que elaboró las facturas de la empresa, si bien ha dicho que lo hacía "al dictado" de dos de los presuntos cabecillas de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes, que eran "los que mandaban".
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