Las investigaciones practicadas hasta la fecha en la causa del Banco Popular han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a poner el foco en los informes que realizó la entidad que preside Ana Botín para comprar el banco hace ahora tres años. El Ministerio Fiscal ha pedido al magistrado José Luis Calama Teixeira que abra una vía en este sentido y reclame toda esta documental, elaborada en el marco del proyecto Neptuno. El instructor no solo ha dado luz verde a la petición sino que también manda identificar a los autores de estas valoraciones que hizo el Banco Santander a lo largo del 2017 en aras a poder llamarles a declarar para que expliquen en sede judicial su contenido.
"Es lo cierto que, los vaivenes valorativos del Banco Popular -en la época referida- son cuando menos, llamativos y necesitados de una explicación convincente", resuelve el magistrado en un auto recogido por La Información. Se trata de una diligencia que ya solicitaron en junio los grandes fondos personados en esta causa penal tras perder cerca de 280 millones de euros con la resolución del banco que dejó reducido a cero el valor de sus bonos. La Fiscalía considera "útil y pertinente" contar con los testimonios de los responsables de estos informes, entre los que se encuentran miembros del comité de auditoría interna además de José Luis de Mora (director de desarrollo corporativo) y Víctor Matarranz (vicepresidente ejecutivo senior).
No obstante, no se queda solo ahí sino que considera que la causa que arrancó hace justo tres años debe contar con las valoraciones posteriores a la operación por la que el Santander pagó un euro. Y aunque el juez no admite a trámite todas las diligencias solicitadas por los grandes fondos, sí deja claro que solo las posterga en aras primero a estudiar los pormenores del proceso de compra del Santander. Prueba de que el magistrado está poniendo el foco en esta última etapa de vida del banco y su resolución es que ya adelanta que entre las futuras diligencias a acordar se encuentra tomar declaración com testigos a los responsables de la JUR y del FROB en el momento de los hechos para que den su versión de este episodio e incluso aporten más documentación a la causa en caso de que sea necesario.
¿Hubo información privilegiada?
Anticorrupción deja claro que no se trata de investigar los criterios de evaluación de la entidad que preside Botín para la operación de compra del Popular, sino que lo que se busca es esclarecer cuál era su verdadero valor a mediados de 2017 y sus necesidades reales de financiación. Esto es así porque los hechos coincidieron en el tiempo con la presunta filtración de informaciones falsas desde dentro del consejo de administración con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización de la acción y acelerar la caída del banco, según denuncia un sector de los imputados. De hecho, esta es una de las grandes patas de la causa en aras a esclarecer si se produjo manipulación de mercado. La otra indaga posibles irregularidades en la ampliación de capital de 2016 por 2.505 millones de euros.
La Fiscalía considera que, hasta el momento, no hay indicios que apunten que el Santander disponía de "información reservada y relevante" que le llevara a cambiar sus previsiones hasta decidir que no haría ninguna oferta al Popular. Cabe destacar que esta solicitud del instructor sale a la luz apenas unos días después de que el exministro de Economía Luis de Guindos declarara como testigo por este mismo asunto. El actual vicepresidente del BCE aclaró en su intervención por videoconferencia que no salió adelante el proceso de compra de la entidad y cuestionó la transparencia con la que actuó la JUR en el proceso de resolución, denunciando especialmente el hecho de que se ocultara el informe clave de Deloitte que concluyó un valor negativo de 2.000 millones para el banco presidido por Emilio Saracho.
El Plan de negocio
Con todo, el magistrado también requiere al Santander para que en el plazo de un mes aporte a la causa el Plan de Negocio 2017-2020 aprobado en el consejo de administración del Popular el 31 de mayo de 2017. Se trató de una de las últimas reuniones celebradas por la entidad y en la que ya parecía presagiarse el fatal desenlace ante la ausencia de planes alternativos a la resolución tales como su posible venta o una de ampliación de capital. Los grandes fondos que litigan como acusaciones en este procedimiento insisten en apuntar a un cúmulo de irregularidades tanto en la etapa de Ángel Ron como en la de su sucesor que provocaron una fuga de depósitos de 16.000 millones de euros en tres meses.
Por ese motivo solicitaron la testifical de un total de seis altos cargos del Banco de España, la mayoría de los cuáles habría dado la voz de alarma sobre el alto nivel de activos improductivos, así como de exmiembros de la entidad, del Banco Central Europeo, de la CNMV y la Agencia Tributaria. El magistrado ha preferido dejar en barbecho esta parte de diligencias a la espera de estudiar primero los informes que ahora tiene que entregar el Santander. Cabe destacar que sobre este punto concreto se centrará la próxima testifical que se celebre en el caso ya que se trata de Ana Botín.
La presidenta del Santander está llamada el próximo jueves 8 de octubre precisamente para explicar cómo se produjo el proceso de compra y si es cierto que contó con información privilegiada. El banco aportó hace apenas unas semanas al procedimiento penal documentación que prueba que antes de la resolución por parte del organismo que preside Elke König, cuatro entidades (Bankia, BBVA, Sabadell y el propio Santander) se interesaron por el Popular. Todas ellas consultaron la información que el banco acordó en abril de 2017 poner a disposición de terceros terceros en preparación de posibles operaciones de ampliación de capital que finalmente no tuvieron lugar. Este movimiento se bautizó como proyecto Noya.
