Se opone al archivo de su causa

Anticorrupción cerca a Fridman por la caída de Zed y pide la auditoría de PwC

Solicita que se cite a un socio del magnate ruso ante la sospecha de que ocultaron información clave a Pérez Dolset que provocó la asfixia del Grupo.

Mijail Fridman
Mijail Fridman
EFE

La Fiscalía Anticorrupción quiere seguir investigando al magnate ruso Mijail Fridman por la caída del Grupo Zed. Por ese motivo no solo se ha opuesto a su petición de archivar las diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional por estos hechos sino que, además, considera que es clave contar con todo el trabajo que realizó PwC en 2014. La auditora determinó entonces que se le ocultó a la tecnológica información clave relacionada con el bloqueo de actividad de los accionistas rusos y que derivó en la asfixia de la compañía.

De hecho, el peritaje que elaboró el auditor Edwin Harland recoge todas las operaciones de las sociedades en Rusia y concluye que el reparto de dividendos entre la empresa de Javier Pérez Dolset y sus socios rusos tras adquirir el 50% de Temafon no fue equitativo. Mientras MIPR se hizo con su parte en abril de 2013, los dividendos del Grupo Zed se abonaron en noviembre de 2014. En ese 'impasse' de tiempo Vladimir Turovetskyi (representante del grupo dueño de Temafon) se habría apropiado de manera indebida de los fondos que competían a la otra parte y que alcanza la cifra de 525.000 euros. El trabajo del auditor señala, además, que Fridman era el que tenía la "capacidad decisoria" de los negocios que el Grupo Tema quería desarrollar en Rusia. 

Así lo recoge el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso La Información y según el cual todos los fondos que no recibió Zed hasta finales de 2014 fueron a parar, a su vez, a filiales de MIPR (Ruru, Al Systems o Service Operator) también del sector de la telefonía. Del mismo modo, los documentos que obran en el sumario de esta causa que arrancó en 2017 acreditan los lazos de estas firmas con Vimpelcom y Alfa Bank, sociedades contraladas por el propietario de los supermercados Dia y por su subordinado y socio de Zed, Vage Engibaryan. Fridman, por su parte, insiste en desvincularse de estos hechos y niega tener responsabilidad en la asfixia económica que dejó una deuda bancaria en Zed que rondaba los 200 millones. Por ese motivo pidió en julio el archivo de su causa resaltando además que su imputación le ha provocado un enorme "perjuicio reputacional" con un impacto adverso en sus negocios. 

Conversaciones incautadas

El auditor de PwC, que presentó ante el juez las conclusiones de su trabajo, se ampara en una serie de comunicaciones entre los imputados para concluir que el magnate ruso tenía capacidad decisoria en todos los movimientos del Grupo Tema y de los socios de Zed. En concreto, reproduce una conversación entre Sergey Gorbuntsov, director general de sociedades rusas vinculadas a la matriz holandesa de Zed, y el presidente de esta última, Javier Pérez Dolset. "M apoya a Vage totalmente, me lo dijo directamente", le dice el empresario madrileño en una conversación mantenida en octubre de 2011, a lo que su interlocutor contesta: "Creo entonces que él probablemente será el que tome las decisiones". Todo ello lleva a la Fiscalía a concluir que Fridman estaba al tanto del desarrollo del conflicto relativo a las filiales rusas y que se hace necesario tomar declaración como testigo a Philip Yalovega. 

De hecho, no es la primera vez que solicitan la testifical de Yalovega. Sin embargo, la diligencia se complica en parte debido a que reside fuera de España. El objetivo es que el responsable de desarrollo de negocios de Vimpelcom pueda aclarar si estaba o no al corriente de este presunto intento de asfixia de Zed por parte del magnate ruso para quedarse con la tecnológica. Precisamente Yalovega fue uno de los receptores de una serie de mensajes que envió Peter Wakkie, administrador de Zed. "En el intercambio de correos se observan unas acusaciones cruzadas por ambas partes. De lo anterior se concluye que Wakkie estaba al tanto de muchas de las irregularidades cometidas por los responsables de las filiales rusas y, sin embargo, no defendió los intereses de Zed", reza el escrito de la Fiscalía.  

De este modo, las diligencias que se abrieron en 217 para investigar la quiebra de la multinacional avanzan entre el cruce de reproches de sus protagonistas. Esto es así porque mientras Pérez Dolset apunta directamente a los socios rusos, en sintonía con Anticorrupción, Fridman le desmiente y dice que fue el madrileño el que le pidió mediar para solucionar sus problemas con Vage Engibaryan. El arranque de esta causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 implicó la detención de Pérez Dolset. Anticorrupción se querelló contra los esta familia y otros empresarios rusos (entre ellos Peter Wakkie) denunciando además presunto fraude de subvenciones. En concreto, el fiscal expuso que se produjo una "obtención masiva" de ayudas públicas que los dueños de la tecnológica desviaron a sus sociedades privadas. 

Control bancario

Sin embargo, con el avance de la instrucción de la bautizada como 'operación Hanta', el foco se ha ido fijando en el papel que jugaron los socios en Rusia y en la presión que pudieron ejercer para provocar el descalabre de la empresa española para quedársela 'a precio de saldo'. El fiscal sostiene al respecto que la adquisición de Temafon por parte de Zed le permitió experimentar un crecimiento en sus ingresos hasta el punto que entre los años 2009 y 2013 el 43% de los ingresos del grupo procedían de Temafon. Esta situación beneficiosa les llevó a planear su salida a bolsa en el mercado Nasdaq pero para ello incrementaron su endeudamiento contratando un crédito sindicado de 140 millones de euros.  

Una de las entidades que participaron e la operación -Amsterdam Trade Bank- resultó ser una filial de Alfa Bank, grupo controlado por Fridman. De esta manera, el magnate ruso se aseguró una posición dominante dado que, por un lado participaba en el accionariado de Zed y, por otro, era uno de los principales acreedores de la compañía. La modificación de los contratos de Vimpelcom y el retraso en el cobro de los dividendos llevó finalmente a la empresa de videojuegos a la asfixia económica y a tener que solicitar el concurso de acreedores el 30 de junio de 2016, según expone la Fiscalía Anticorrupción. 

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