Vuelco en el caso que investiga la Audiencia Nacional por el presunto saqueo de PDVSA (Petróleos de Venezuela). La magistrada María Tardón ha interrumpido la testifical que iba a practicar a Ceciree Carolina Casanova Rangel, exdirectora de Recursos Humanos de PDVSA, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado su imputación en el procedimiento penal. Casanova estaba llamada a declarar como testigo a propuesta de la empresa pública bolivariana, si bien el Ministerio Público ha adelantado que pedirá por escrito su citación como investigada ante presuntas irregularidades en la gestión de una sociedad en la que figura como administradora única.
Según informan fuentes jurídicas, el motivo de esta solicitud reside en que los investigadores han descubierto que Casanova Rangel, que es pareja del también imputado exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa, estaba al frente de la sociedad Cocuiza, constituida en marzo de 2012. Dos meses después de su creación, la empresa hizo una ampliación de capital por importe cercano a los 800.000 euros. La Fiscalía sospecha que se trata de una sociedad sin actividad real y busca averiguar la procedencia real de este ingreso.
Cabe recordar que los testigos están obligados por ley a decir verdad, sin embargo, el artículo 416 de la LECrim determina que, pese a su condición de testigo, no tiene la obligación de declarar en contra del acusado o investigado si no quiere hacerlo, al tener una relación directa con el mismo. Se trata de una circunstancia que se produce en este caso puesto que la testigo mantiene una relación sentimental con uno de los principales acusados del procedimiento penal, Javier Alvarado Ochoa, el cual fue presidente de Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Energético bajo el mandato de Hugo Chávez.
Gorrín pide declarar por videoconferencia
De este modo, tanto el Ministerio Público como la acusación del procedimiento deben remitir un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 3 en el que pidan formalmente la imputación de Casanova Rangel, tras lo cual magistrada Tardón adoptará una decisión. Con todo, la instructora también había citado para este mismo miércoles al presidente y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín. El magnate venezolano ya adelantó que no acudiría a esta citación. En concreto, el acusado solicitó a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia para evitar viajar a España puesto que pesa sobre él una orden de búsqueda y captura de Estados Unidos.
El que sí ha comparecido ha sido el empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo. Se le había citado para una comparecencia de nombramiento de administrador judicial en relación con la finca La Losilla, en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés. Sobre este asunto, las fuentes consultadas explican que la instructora ha devuelto la administración de esta propiedad a Rincón, el cual fue detenido en junio de 2018 por agentes de la UDEF de la Policía Nacional acusado de blanquear en España parte de la fortuna amasada en Venezuela mediante presuntos acuerdos ilegales de PDVSA. El empresario, por su parte, niega estas acusaciones.
Pendientes de parte del sumario
La causa, que investiga los presuntos sobornos a altos funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para el saqueo de Petróleos de Venezuela, recaló en la Audiencia Nacional tras la inhibición del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Sin embargo, la Audiencia Nacional todavía está pendiente de recibir documentación clave de esta investigación, de acuerdo con las fuentes consultadas, que explican que han requerido al magistrado Peinado para que les remita cuanto antes toda esta parte del sumario.
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