La Fiscalía Anticorrupción investigará 13 contratos de emergencia que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó en 2020. El fiscal jefe de este departamento, Alejandro Luzón, ha acordado la apertura de varias diligencias de investigación para analizar si las siete empresas contratadas tienen una vinculación con los exministros José Luis Ábalos y Salvador Illa; la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño; y el presidente, Pedro Sánchez. En concreto, se trata de 11 licitaciones para la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia; y otros dos sin relación con la covid-19, cuyo total importe total asciende a 326 millones de euros.
El PP de la Asamblea de Madrid presentó el pasado 10 de marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigaran estos 13 contratos por la presunta comisión de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Todo ello justo después de que la misma Fiscalía acordará abrir diligencias sobre la adjudicación que hizo la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas FPP2 en la que habría mediado el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Tras estudiar el escrito, el fiscal jefe Anticorrupción ha firmado este mismo viernes un decreto en el que acuerda abrir siete líneas de investigación preliminares -es decir, no se encuentran judicializadas- para esclarecer si en estas contrataciones existen irregularidades. Además, Luzón destaca en su decreto que, por el momento, no hay motivo para investigar a ningún miembro del Gobierno -quienes están aforados ante el Tribunal Supremo- al no haber indicios de su participación en dichos contratos.
Con todo ello, Luzón designa al fiscal Luis Pastor Motta para que se encargue de cinco de las diligencias de investigación, que están relacionadas con el material sanitario para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. En concreto, son 11 contratos firmado con cinco empresas, cuyo "hilo conductor" es que cada una de las sociedades tienen una "vinculación" con las "distintas administraciones públicas" y la "la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos".
Precios "excesivos" y sin experiencia
Así, según recoge el decreto, el PP denunció que, de acuerdo con información periodística, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas tiene relación con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Asimismo, señala que la actividad de esta empresa no tiene relación directa con el objeto del contrato -que era el suministro de mascarillas- y que, mientras que en 2019 su cifra de negocio era de 0 euros, en 2020 se elevó hasta los 53,13 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas. Hechos similares resalta la denuncia sobre FCS Select Product. Según indica, la adjudicación tuvo lugar por la relación de amistad de los administradores con el exministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, pese a que su actividad social era la fabricación de productos de marketing para el sector de bebida alcohólica. Destaca también que en 2018 su cifra de negocio era inferior al millón, mientras que en el año de la pandemia alcanzó 263,1millones de euros.
Con respecto a las empresas Member of the Tribe; Hyperin Grupo empresarial; y Weihai Textile Group Import&Export, la Fiscalía señala que los 'populares' no las relaciona con ningún miembro del Gobierno, pero sí subrayan que en su función "no existe correlación alguna con el suministro de productos sanitarios". Además, añade que en el caso de la primera empresa, Sanidad no solo pagó un "precio excesivo" de entre "un 25% y un 500%" por la unidad de guantes frente a lo ofertado por otros proveedores; sino que adelantó un 30% del importe total a pagar y que no lo ha recuperado después de que se rescindiera el contrato por el incumplimiento del plazo de entrega del material.
Lo mismo habría ocurrido con Hyperin Grupo empresarial, a la que Sanidad adelantó el importe total de contrato para la adquisición de dispositivos de ventilación mecánica invasiva, que alcanzaba la suma de 3.310.556 euros, si bien la compañía aún tiene pendiente de reintegrar 1.801.481, 74 euros por el incumplimiento del contrato. En cuanto a Weihai Textile Group Import&Export, el decreto de Anticorrupción apunta que el precio de pagado por el suministro de 500.000 batas desechables también fue "excesivo", ya que la unidad se fijó en 16,7 euros, frente a otros proveedores cuyas ofertas rondaban los 0,32 euros y 0,27 euros.
"Trascendencia social del contexto"
Con todo ello, Anticorrupción se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para afirmar que se debe esclarecer "si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa". En este sentido, extrapola a este caso lo que ya afirmó en el decreto por el que abrió diligencias por el contrato vinculado al hermano de Díaz Ayuso sobre la procedencia de practicar diligencias "que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados".
Y todo ello debido a la "relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución" y a la "indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia". Sin embargo, el PP también puso la alerta sobre otros dos contratos que estarían relacionados con Nadia Calviño y Pedro Sánchez y que no tienen ningún tipo de relación con la pandemia. Estos hechos serán investigados directamente por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en cuyo decreto puntualiza que "aunque las circunstancias de legalidad aplicable sean diferentes, no lo son las pautas de actuación de la Fiscalía en su función investigadora".
Así las cosas, Anticorrupción relata en el decreto que el PP cuestiona el contrato firmado con la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales (ahora Beedigital) para el servicio de gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social, debido a que su marido ocupa el puesto de director de marketing de la misma. Añade que la adjudicación se realizó cuando la sociedad tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros y que el convenio se prorrogó en 2020 cuando ésta seguía estando en 884.000 euros.
Por último, sobre la vinculación con el presidente del Gobierno, los denunciantes relacionan las 14 ayudas que recibió Industrias Plásticas Playbol, entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021, por la vinculación de la misma con los padres de Sánchez. "Al parecer -explica Anticorrupción- estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol S.A, de la que continúan como administrador y apoderada". Asimismo, dicha sociedad sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros.
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