Fiscalía pide investigar una campaña de noticias falsas contra el Popular

La parte fundamental de la investigación que pueda abrirse en la Audiencia Nacional por la quiebra del Popular será la relativa a su ampliación de capital de 2016 y si el folleto de ésta reflejaba la situación real del banco. Pero el informe del fiscal anticorrupción Antonio Romeral a favor de la apertura del caso pide que se indague también una supuesta campaña de noticias falsas sobre la entidad para derrumbar el valor de sus acciones. De probarse, según el Ministerio Público, constituiría un delito de manipulación del mercado, castigado con hasta dos años de cárcel.

Tras analizar las 29 querellas presentadas en la Audiencia Nacional -entre afectados y asociaciones-, el fiscal llega a la conclusión de que la investigación que pueda ahora abrir el juez Fernando Andreu tendrá que abordar también lo que algunos denunciantes consideran “una campaña de desprestigio del banco”. Esa campaña se habría desarrollado “a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa”. Su finalidad: “Hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios”.Delito de manipulación de mercado

Según el informe de Anticorrupción, esa campaña de supuestas ‘fake news’ podrían ser constitutivos de un delito de manipulación del mercado recogido en el artículo 284 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de entre seis meses y dos años y multa a quienes difundan “noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en las que, a sabiendas, se ofrecieran datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo para sí o para tercero un beneficio económico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad”.

El fiscal estima que la parte principal de la investigación, la relativa a la ampliación de capital de 2.500 millones aprobada apenas un año de la intervención por el Banco Central Europeo y la veracidad de los datos incluidos en el folleto de emisión, podría ser constitutiva de un delito de estafa de inversores, el mismo que se ha investigado en el caso Bankia por su salida a Bolsa.

El escrito pide al juez que admita las querellas y denuncias presentadas contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, además de otros miembros de sus consejos de administración y la auditora PwC. Pero le reclama que deje fuera a los organismos reguladores como la CNMV, el Banco de España, el Banco Central Europeo y varios cargos de esas administraciones.