Un total de 44 documentos

Anticorrupción estudia nuevo material sobre el encargo de Iberdrola a Villarejo

Avisa que se están analizando la nueva documental aportada hace unos meses y paralizan algunas diligencias a la espera del resultado.

Villarejo en la Audiencia nacional para testificar en el caso 'Tándem'
Villarejo en la Audiencia nacional para testificar en el caso 'Tándem'
EFE

La Fiscalía Anticorrupción estudia nuevo material del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Los fiscales están trabajando en el análisis de un total de 44 documentos aportados a la causa el pasado mes de noviembre que guardarían relación con los encargos que Iberdrola hizo al entramado empresarial del agente encubierto. Según describen, se trata de "ingente documentación" que debe ser analizada por los investigadores en el marco de esta pieza decimoséptima de la macrocausa Tándem y que se centra en los trabajos de espionaje e inteligencia que Grupo Cenyt llevó a cabo para la multinacional vasca de manera interrumpida entre los años 2004 y 2017.

En un escrito del pasado mes de febrero al que ha tenido acceso La Información, los fiscales detallan que, a esta nueva batería de documentos pendientes de estudio, se le añade la obtenida por la Policía Judicial en junio del año pasado. Los agentes de Asuntos Internos informaron entonces del hallazgo entre todo el material intervenido a Villarejo tras su detención en noviembre de 2017 de numerosos archivos de audio. Se refirieron a datos sobre el presidente de ACS, Florentino Pérez, además de grabaciones que hizo el propio agente encubierto de sus encuentros con el que fuera director de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo y las cuáles todavía están pendientes de estudio completo y análisis.

El Ministerio Público responde en este escrito a dos de las víctimas del comisario por estos trabajos que costaron a la eléctrica 1,1 millones de euros. Se trata de Manuel Quirós y Juan Manuel Sánchez, dos empleados de la central nuclear de Cofrentes que denunciaron que habían sido objeto de seguimiento del comisario jubilado ante las sospechas de la multinacional de que estarían detrás de filtración de información confidencial de la central a plataformas ecologistas. Los dos sindicalistas presentaron una querella el pasado verano en la Audiencia Nacional en la que pedían una batería de diligencias para esclarecer los pormenores del trabajo del Grupo Cenyt que llevó por nombre 'proyecto Front'.

El exdirectivo Becker, en el foco

El magistrado Manuel García Castellón escuchó su reclamo y admitió a trámite la querella. Además, les citó a declarar para que dieran su versión de los hechos sobre este episodio que se habría producido en el año 2006. Sin embargo, descartó otras actuaciones, siguiendo así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. En el mismo escrito en el que los fiscales de la macrocausa advirtieron del volumen de datos todavía pendiente de análisis, frenaron los pies a estos dos perjudicados que pidieron una investigación inmediata de los hechos denunciados. En su respuesta, razonan que pueden llegar a comprender el "desconocimiento" que tienen del estado de estas pesquisas teniendo en cuenta que se trata de una instrucción de "gran complejidad".

No obstante, les advierte que este proyecto es una pequeña parte de todos los encargos que integran la causa y que, además, no se han encontrado muchos documentos en los registros practicados sobre este trabajo menor que costó 18.000 euros. De hecho, ni tan siquiera fue objeto de análisis en la investigación interna encargada por la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que están a la espera de analizar más material, dejan en 'standby' las peticiones formuladas por los dos perjudicados. Una de ellas hacía referencia a la citación en calidad de testigo del histórico directivo de Iberdrola, Fernando Becker, y del actual director de Recursos Humanos, Álvaro Murga Tomé, por el conocimiento que pudieran tener de esta encomienda.

El objetivo de Villarejo, que se valió de dispositivos de captación para llevar a buen término el encargo, era averiguar si estaban difundiendo información negativa de la central nuclear de Cofrentes alertando incluso de fallos de seguridad en la misma. Los investigadores lo consideraron suficiente para tenerles en la causa pero pidieron cautela advirtiendo que lo que ocurriera en su declaración y el avance de la investigación podría ser "determinante en la condición procesal" de las personas propuestas para declarar en la Audiencia Nacional. Cabe recordar que la comparecencia de los sindicalistas se produjo después después del interrogatorio a José Antonio del Olmo, el exdirectivo de la compañía que denunció la existencia de un supuesto sistema de facturas falsas para costear los trabajos de Cenyt y se centró también en la figura de Becker.

En su cita con el juez, Del Olmo explicó que las advertencias que hizo al visar estas facturas en el año 2004 se trasladaron a los directivos imputados en la causa, es decir, a Pablo Insuza, Juan Carlos Rebollo y al exnúmero dos José Luis San Pedro. No obstante, también incluyó al actual consejero de El Corte Inglés. "¿Quién conocía la contratación?", preguntó el fiscal en el interrogatorio en diciembre, a lo que Del Olmo respondió: "El presidente (Ignacio Sánchez Galán), Francisco Martínez Córcoles (actual número dos de la multinacional), Fernando Becker y Asenjo". El exdirectivo de Funciones Corporativas siguió señalando hasta alcanzar a la presidencia de Iberdrola. En apenas unas horas de declaración apuntó una veintena de veces a Sánchez Galán asegurando que debía estar al tanto de las advertencias que hizo sobre el pago de facturas por su relación directa con los otros mandos.

Incluso le consideró cómplice del intento que habría existido por parte de la empresa de que desacreditara en sede judicial el informe que elaboró en 2004 y que acabó depositando ante notario por temor a represalias, según dijo. Con todo, los exdirectivos imputados negaron irregularidades en las contrataciones con Villarejo y desacreditaron el documento de su antiguo compañero asegurando que es falso que se les advirtiera de pagos irregulares. Sin embargo, los investigadores buscan esclarecer de donde salieron las órdenes para contratar los servicios de Cenyt teniendo en cuenta que, en el momento de los hechos, era un policía en activo y por tanto no podía llevar a cabo trabajos privados. Con ese objetivo, aunque con Villarejo en libertad como novedad, continúan adelante en sus pesquisas a la espera de las conclusiones que arroje el análisis de los nuevos documentos.

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