Posible nueva prórroga

Anticorrupción mete presión en BBVA tras declarar Goiri con Torres en el foco

Los fiscales estudian solicitar al juez de la Audiencia Nacional una nueva batería de diligencias para rematar la investigación abierta sobre los encargos realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Carlos Torres BBVA
Anticorrupción mete presión en BBVA tras declarar Goiri con Torres en el foco.
BBVA

Nuevo tiempo de descuento en el 'caso Villarejo'. A finales del próximo mes de julio expiran las últimas prórrogas de seis meses que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó para determinadas líneas de investigación de la macrocausa denominada 'Tándem'. Entre ellas se encuentra la centrada en los encargos que BBVA hizo al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017 y que, según fuentes jurídicas cercanas al procedimiento, todo apunta a que, después de escuchar al que fuera consejero delegado de la entidad vasca y actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, volverá a ampliarse unos meses más. 

Tras los últimos interrogatorios de los exdirectivos del banco y de testigos de relevancia parecía que esta novena pieza separada del conocido como 'caso Villarejo' iba a quedar finiquitado el próximo 29 de julio, si bien la idea de los investigadores habría cambiado. El principal motivo para que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no concluya ya las pesquisas sobre los contratos que BBVA firmó con el Grupo Cenyt, entramado empresarial liderado por el agente encubierto, al que se abonó más de 10,2 millones de euros, es que la Fiscalía Anticorrupción prepara una nueva batería de diligencias que ayudará a rematar la investigación iniciada en diciembre de 2018 y que se ha convertido en una de las más complejas. 

De momento no han trascendido cuáles serán ni qué objetivo concreto tienen. Lo cierto es que el magistrado instructor podría ordenar estas pruebas y al mismo tiempo acordar el fin de la investigación, a la espera de que llegue el resultado de las mismas. No obstante, según las fuentes jurídicas consultadas por La Información, lo más acertado sería alargar el tiempo de la investigación un poco más, no necesariamente otros seis meses, por si la información obtenida pudiera derivar en nuevas actuaciones. En cualquier caso, todas éstas llegarían después de que Goirigolzarri, quien declaró como testigo, afirmara ante el juez que la contratación de Villarejo se hizo a sus "espaldas" y tachó este suceso de "deslealtad".

Esta declaración ha levantado ciertas suspicacias en el entorno bancario, donde se apunta a la posibilidad de que el actual presidente de BBVA Carlos Torres pueda ser también llamado a declarar, ya que en los últimos años de los encargos a Villarejo era el 'número dos' del entonces presidente de la entidad, Francisco González. Por el momento, tanto el juez instructor como los fiscales Anticorrupción se han opuesto a citar al máximo responsable del banco. Así lo hicieron el pasado mes de mayo en respuesta a una petición del expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero; su ex 'número dos', Vicente Benedito; y del exdirectivo de BBVA José Domingo de Ampuero -a quienes el comisario retirado bautizó como 'Grupo Hostil'-, que buscaban aclarar si el departamento de Comunicación de la entidad le trasladó determinada información recopilada en una carpeta objeto de investigación sobre los contratos del expolicía.

Sin indicios

Aún así, el foco del debate sigue estando en si Torres debe comparecer para explicar el grado de conocimiento que tuvo de los encargos de supuestos espionajes que se demandaron a Villarejo. Del sumario de la causa no se desprenden indicios que hagan dudar de su actuación, durante los años investigados, como superior jerárquico de alguno de los imputados ni como CEO del banco durante la última etapa del agente encubierto. Al respecto, varias fuentes jurídicas recalcan que uno de los aspectos criticados de la instrucción es la exclusión del 'forensic' de los datos que podrían salpicar al presidente, así como a gente de su confianza, como su asesor de cabecera, Juan Asúa, que en la época de los trabajos del agente encubierto era director general del banco para España y Portugal y quien lleva imputado desde 2019.

Por otro lado, Anticorrupción también ha reiterado en varias ocasiones su intención de tomar declaración como investigada a la directora jurídica de BBVA, María Jesús Arribas, pese a que el banco insiste en que esta directiva no tiene nada que aportar al avance de la causa, ya que sólo se limitó a cumplir con un requerimiento judicial de enviar un "cuadro o tabla" en el que se indicaban los servicios pagados a las empresas de Villarejo. Se da la circunstancia de que este interrogatorio también ha sido solicitado varias veces por otro de los investigados, el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar, quien mantiene una guerra abierta contra la entidad financiera por atribuirle la responsabilidad del pago de algunos de los servicios del comisario jubilado.

Nuevas piezas separadas

Precisamente BBVA es otra de las partes que estudia pedir la práctica de nuevas diligencias, según han informado fuentes jurídicas. De ocurrir así, ello contrastaría con la última postura sostenida por el banco -investigado como persona jurídica-, que se opuso a la última prórroga acordada en enero y que en varios escritos ha señalado que no queda más por investigar. "Se está alargando demasiado (...) es muy cansino esto", afirmó Torres en una rueda de prensa unos días después de darse a conocer la extensión de las pesquisas durante medio año más. Cabe recordar que en los últimos meses el equipo jurídico de BBVA ha centrado gran parte de sus esfuerzos en tratar de desmontar la tesis acusatoria de los fiscales acerca de que no se siguió la normativa interna para contabilizar las facturas del Grupo Cenyt con el presunto objetivo de ocultar los pagos realizados.

Así las cosas, la pieza separada sobre BBVA seguirá adelante y acompañando a la posible formación de una nueva quincena de líneas de investigación sobre los trabajos privados que José Manuel Villarejo realizó mientras seguía en activo en la Policía Nacional, según han informado fuentes jurídicas a este diario. Todo ello después de que el juez García Castellón haya recibido recientemente un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, en el que se identifican un total de 33 encargos hasta ahora desconocidos que el comisario jubilado habría recibido de distintos clientes, entre los que se encuentran firmas conocidas como Vips, Citibank o Axa Seguros.

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