Anticorrupción pide a Ruz que cite como testigo al exjefe de seguridad del PP

Madrid, 19 sep.- Anticorrupción ha pedido al juez Pablo Ruz que cite como testigo al exjefe de seguridad del PP Antonio de La Fuente para aclarar las visitas a la sede de la calle Génova a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y su relación con ingresos que constan en la supuesta contabilidad B del PP.

El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral ha pedido la citación de De La Fuente, cuñado de Bárcenas, en uno de los seis informes que ha presentado al juez en contestación a las diversas peticiones de las acusaciones personadas en la causa y a los que ha tenido acceso Efe.

Entre esas peticiones, las acusaciones habían reclamado la citación como imputados del gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, y del presidente de las Cortes de esa comunidad, Vicente Tirado, en relación con el pago de una presunta comisión de 200.000 euros por parte de la empresa Sufi, filial de Sacyr, para la obtención de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo.

A este respecto el fiscal considera que antes de decidir sobre la imputación de Cañas y Tirado "hay que ser cautelosos" y por ello pide al juez que requiera previamente al PP que aporte a la causa "toda la documentación contable o de cualquier otra índole", así como la información sobre el recibí de esa comisión en el que aparece la firma de Cañas y que fue aportado a la causa por Bárcenas.

Para el fiscal, lo declarado por Bárcenas sobre el pago de esa comisión en 2007, que supuestamente sirvió para sufragar la campaña electoral en Castilla-La Mancha, es un "relato de hechos difusos e inconcretos", ya que su participación consistió en un "oír y no escuchar", un "estar y no estar presente en la reunión" con el propietario de Sacyr, Luis del Rivero, para la contraprestación de esa contrata a la que hizo referencia el extesorero.

Estas circunstancias, destaca Romeral, "nos obligan a ser cautelosos para evitar imputaciones sin justificación", "de ahí que nos opongamos a las declaraciones interesadas", todo ello "sin perjuicio de la falta de competencia" del juzgado de Ruz si aparecieran indicios suficientes para imputar a Tirado, ya que, dado su aforamiento como presidente de las Cortes castellanomanchegas, la competencia correspondería al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.

A lo que sí se opone de forma rotunda el fiscal es a la práctica de diligencias relativas a la extinción de la relación laboral del exgerente del PP Cristóbal Páez, centradas en reclamar la documentación relativa a su finiquito y a que se tome declaración al respecto al afectado y a la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.

Para Romeral estos hechos "ni son delictivos ni forman parte en modo alguno de los que constituyen el objeto" de la investigación y recuerda que en las declaraciones que prestaron Cospedal y Cañas como testigos se hizo mención a esa relación laboral.