Cuatro años de instrucción

Anticorrupción pide ampliar seis meses el caso Popular para buscar más pruebas

Explica que una vez lleguen las periciales solicitadas por el juez, habrá que estudiar si es necesario reclamar más documentación o realizar otros interrogatorios. El fin de la instrucción está fijado para el 29 de julio

Anticorrupción respalda a los fondos y pide los informes de compra del Popular
Anticorrupción pide ampliar seis meses el caso Popular para buscar más pruebas.
Ángel Martínez | EFE

La investigación abierta en la Audiencia Nacional por la resolución del banco Popular en 2017 va camino de cumplir cuatro años, y la fecha puesta en el calendario para cerrar la instrucción es el 29 de julio. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción asegura que para ese día la causa en la que se encuentran imputados los expresidentes de la entidad extinta Ángel Ron y Emilio Saracho, entre otros exdirectivos, no estará lista para su posible enjuiciamiento, por lo que ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, seis meses más para seguir investigando. 

El fiscal Antonio Romeral -recién ascendido a 'número dos' de Anticorrupción- afirma que "el desarrollo de una instrucción tan compleja" como ésta pone de manifiesto la "imposibilidad de culminar la misma en la fecha prevista", ya que aún quedan muchas diligencias por practicar y su posterior análisis. Así, echa mano del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para solicitar la ampliación de la investigación durante medio año más. Este precepto, que fue modificado el verano pasado, establece el plazo tope de las instrucciones penales en 12 meses y permite acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses si así lo estima necesario el juez, ya sea de oficio o a instancia de alguna de las partes, y una vez oídas éstas.

En un escrito con fecha del pasado 1 de junio, al que ha tenido acceso a La información, explica que una vez llegue "la numerosa documentación" que ya ha solicitado al juez instructor al Banco de España, al Banco Central Europeo o al Banco Santander, habrá que estudiar si se deben solicitar nuevas pruebas, "ya se trate de ampliar las periciales acordadas, de aportar nuevos documentos que la complementen o de recabar el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados".

Este procedimiento se divide en dos partes: las presuntas irregularidades contables de la entidad extinta con la ampliación de capital en 2016; y las filtraciones a la prensa que habrían provocado la desaparición del banco a mediados del año siguiente. Precisamente sobre el primer punto, la Fiscalía Anticorrupción ya advirtió de que antes de profundizar en si en la entidad pudo saltarse alguna norma a la hora de conceder préstamos y créditos a clientes para la compra de acciones en la ampliación de más de 2.000 millones de euros, hay que determinar si hubo financiación o no por parte del banco. Y recalcó que eso es lo que se está tratando de hacer.

El "indudable valor" de las periciales

Un aviso que plasmó en un informe con fecha del pasado 13 de mayo y que recogió el juez para rechazar la petición realizada por la acusación popular Adicae de investigar también si el Popular burló la normativa en esta operación. El magistrado Calama recordó en su auto que aún hay testigos pendientes de citación, así como la recepción de los informes periciales requeridos.

Y sobre esto mismo insiste Anticorrupción en su petición de ampliar la instrucción de la causa. Subraya que muchas de las periciales están tardando no por "resistencia, obstáculo o despreocupación por los requeridos", sino por la "constatación de su volumen y complejidad, que dificulta la localización y ordenación" de la información solicitada. "La documentación es de indudable valor para el esclarecimiento de los hechos", añade el escrito. 

Asimismo, señala que las declaraciones pendientes de practicar, como la de funcionarios del Banco de España y Banco Central Europeo, pueden "arrojar luz sobre cuestiones controvertidas y constatables mediante aportación de otros documentos, que no se encuentran entre los incorporados a las actuaciones". Es más, el fiscal no descarta que estas pruebas permitan interrogar a "otros funcionarios" de supervisión e inspección del Banco Popular, cuya intervención aún se desconoce.

Intensa ronda de declaraciones

El juez Calama ha iniciado una intensa ronda de declaraciones que concluirá el próximo 27 de julio con la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Köning, para que aclare unas manifestaciones realizadas en una entrevista de televisión un mes antes de que el Popular fuese resuelto, así como la filtración en otro medio de comunicación sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad. Una testifical de relevancia para el magistrado instructor, que fue muy incisivo a la hora de preguntar sobre estos hechos a Jaime Ponce, quien también compareció como testigo el pasado 27 de mayo. El expresidente del FROB aseguró que afeó a Köning, en dos correos electrónicos, su actuación, pero que en ningún caso fue una queja formal. 

La ronda comenzó este miércoles con el exdirector de Banca Minorista del Banco Popular Antonio Pujol; y el exdirector de Negocio de Clientes José Ramón Alonso Lobo. Ambos investigados afirmaron que desconocían si se ofreció financiación a clientes en el marco de la ampliación de capital, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. El magistrado continúa este jueves escuchando como testigos al directivo de la CNMV Carlos Lázaro y dará paso a directivos de las entidades invitadas a participar en el proceso de venta privada del Banco Popular, que fue adquirido por el Banco Santander por 1 euro.

Así, después de Lázaro están citados a declarar el jefe de Estrategia y M&A del BBVA, Javier Rodríguez Soler; y el director financiero de Bankia, Leopoldo Alvear. El 15 de junio seguirán las testificales del director de Operaciones Corporativas del Banco Santander, Joan Mateu Grumé; y de Pablo Alonso Castellano, de Bank of America Merrill Lynch. Dos días después, comparecerán dos peritos de la Agencia Tributaria que elaboraron un informe sobre presuntas operaciones de financiación irregular del Banco Popular en Luxemburgo, a través de Thesan Capital; así como el exjefe jurídico del banco Tomás Pereira, investigado en relación a estos hechos.

También está convocado como testigo el exdirector de planificación de la JUR y actual secretario general de la Autoridad de Control Prudencial y Resolución de Francia, Dominique Laboureix, al ser la persona que "gestionó directamente la resolución del Popular, entidad que entraba en el perímetro de sus competencias". Le ha citado el próximo 22 de julio.

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