La Fiscalía Anticorrupción pide formalmente este miércoles al magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, la imputación como persona jurídica del BBVA por delito de cohecho y revelación de secretos, tal y como ha adelantado El Mundo y confirman fuentes jurídicas a La Información. Tras estudiar todas las pruebas que obran en esta pieza de la macrocausa, el Ministerio Público considera que la entidad debe responder penalmente por los encargos que efectuó a las empresas de José Manuel Villarejo de más de 10 millones de euros durante la presidencia de Francisco González.
La reforma del Código Penal en 2010 permite la citación como investigado del banco en tanto los pagos efectuados a Cenyt se realizaron desde el inicio de estos encargos en 2004 –con la denominada operación 'Trampa' para frenar el intento de asalto de Sacyr- hasta 2017, con Villarejo ya en prisión provisional por organización criminal. De este modo tendrán que responder por las transferencias que la entidad realizó desde sus propias cuentas bancarias al menos por el periodo comprendido entre 2010 y 2017.
La decisión queda en manos del magistrado Manuel García Castellón, el cual estudia ya adoptar el criterio del Ministerio Público y citar a un representante legal de la entidad para que dé las explicaciones oportunas en sede judicial. Los investigadores se centrarán especialmente en averiguar de quien salieron las órdenes expresas de contratar con el entramado empresarial del agente encubierto. Al respecto todas las señales apuntan al entonces presidente Francisco González, de ahí que, una vez superado este escollo, sea la próxima figura de la que se pida la imputación.
Declaración para septiembre
Fuentes de la investigación consultadas por este diario barajan una pronta imputación de la entidad pero no su citación judicial, de manera que todo apunta a que ésta se producirá a la vuelta del verano, momento procesal en el que el juez estudiará levantar el secreto de las actuaciones para esta pieza novena del caso. La misma comenzó a instruirse a tenor de la 'operación Trampa', nombre con el que se bautizó la ofensiva que puso en marcha el comisario jubilado ante el temor de FG de que Sacyr acabara entrando en el capital del banco en una maniobra respaldada por el Gobierno socialista.
Por ese motivo Villarejo, agente en activo en el momento de los hechos (2004-2005), hizo seguimientos a determinadas figuras políticas del país a la par que pinchó miles de llamadas telefónicas de periodistas, empresarios y miembros del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El comisario jubilado no admite bajo ningún concepto esta tesis y niega que entre sus 'víctimas' estuviera el exministro de Industria Miguel Sebastián, el cual por su parte denunció que fue extorsionado con asuntos relacionados con su vida privada. Sea como fuere, Villarejo insiste en apuntar que, efectivamente, se firmaron esos contratos entre su socio Rafael Redondo y Julio Corrochano en nombre de Cenyt y del banco, respectivamente.
Así lo expuso en su última declaración como investigado -que se produjo desde Estremera por motivos de salud- en la que aseveró que la relación laboral se ciñó a prestar asesoramiento ante el intento de asalto al banco de la constructora y a otros asuntos contratados durante esa década tales como seguir la pista a clientes que habían adquirido grandes deudas con la entidad. Villarejo y Redondo fueron, junto con el exdirectivo de Bankia Antonio J. Béjar, los únicos que declararon ante el juez por estos encargos de espionaje tras su reciente imputación en la causa.
En concreto, el magistrado imputó al abogado Redondo (investigado en otras piezas de Tándem) y a otros ocho directivos de la entidad por delito de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar amparándose en que esta pata de la instrucción sigue bajo secreto de sumario y desconocen por tanto de qué se le acusa. Misma estrategia siguieron el que fuera consejero delegado del banco, Ángel Cano, y el exjefe de seguridad del mismo, Julio Corrochano.
Este último, que aterrizó en la entidad en 2002 proveniente de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, abonó el pasado viernes los 300.000 euros de fianza impuesta desde el juzgado para seguir en libertad provisional. Fue el único de todos los nuevos imputados para los que el juez acordó medidas cautelares, entre las que se encuentran retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias mensuales.
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