La Fiscalía Anticorrupción ha dado por finalizada la investigación de dos piezas del caso Tándem. Se trata de las dos primeras partes de esta macrocausa que llegan a su fin desde el estallido del caso en octubre de 2017 y son las relativas al proyecto Iron (pieza 2) y proyecto Land (3). El Ministerio Público pide al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que continúe con los trámites del procedimiento abreviado para poder presentar escrito de acusación contra un total de 21 personas físicas y cuatro jurídicas por su implicación en los encargos a José Manuel Villarejo. Con todo, se dan casos en los que una misma persona puede estar imputada en ambas piezas, como ocurre con el caso del comisario jubilado.
Los fiscales al frente de este macroprocedimiento que suma más de 25 piezas separadas presentarán escrito de acusación contra todos ellos toda vez que el magistrado ponga fin a las diligencias practicadas en las piezas 2 y 3 de la macrocausa. De este modo, y según informa el Ministerio Fiscal en una nota, se pretende formular acusación contra un total de 14 investigados y una persona jurídica en la pieza relativa al proyecto Iron. El mismo consistió en un encargo por parte del despacho Herrero y Asociados al entramado de Villarejo ante la sospecha de que antiguos trabajadores estaban haciéndole competencia desleal. A todos ellos se les imputará delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
En lo que respecta a la pieza Land, el magistrado instructor investiga el encargo al Grupo Cenyt que habría realizado Susana García Cereceda, hija del promotor y creador de la finca, Luis García Cereceda, para que espiara a una parte del clan familiar en plena guerra por la herencia multimillonaria del empresario, fallecido en el año 2010. En esta pieza concreta Anticorrupción presentará escrito de acusación contra un total de siete investigados y tres personas jurídicas por los delitos de cohecho, descubrimiento, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
Primeras causas en llegar a su fin
Las pesquisas seguidas en la segunda pieza de este procedimiento llevaron al magistrado instructor a poner el foco en el despacho Herrero y Asociados por espiar a trabajadores del bufete Balder IP Law. Las diligencias practicadas por los investigadores derivaron en la imputación en enero de 2019 de otros mandos policiales relacionados directamente con Villarejo por colaborar en sus espionajes. En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 citó como investigados en esta pieza concreta al comisario Enrique García Castaño alias 'El Gordo', el inspector de Policía Antonio Bonilla, además de otros dos inspectores retirados, un policía y un funcionario de Hacienda.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 consideró que el comisario jubilado se apoyó en sus colaboradores para obtener datos tributarios y bancarios del despacho espiado. De hecho, los correos que obran en el sumario de la causa demuestran cómo desde BBVA se filtraron todos los datos de movimientos bancarios del despacho, atendiendo de esta forma a los requerimientos efectuados desde correos electrónicos de la Policía entre los años 2012 y 2013. De este modo, lograron dar información detallada de una quincena de transferencias, ingresos en efectivo y movimientos de dinero en el extranjero relativos todos ellos a Balder.
Se trata de una información que coincidió con los documentos que los agentes intervinieron en los registros efectuados en el domicilio que Villarejo posee en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) tras su detención en noviembre de 2017. Ya en septiembre, el magistrado dio un paso más en las diligencias e imputó como persona jurídica a Herrero y Asociados por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. En su auto, el instructor explicó que este encargo concreto "excedía con mucho de los servicios propios de una agencia de detectives privados" y plasmó que los pagos al entramado del agente encubierto se realizaron al margen de la contabilidad oficial del bufete.
Guerra familiar en el clan Cereceda
En la otra pieza cuya investigación se pide ahora que culmine, Anticorrupción también indagó los vínculos de parte del entramado García Cereceda con Villarejo. De hecho, en mayo de 2018 se produjo la detención de una de las hijas del promotor, Susana García Cereceda, y de Francisco Lorenzo Peñalver, ambos dueños de la urbanización de lujo La Finca (Madrid). Los dos recurrieron a Cenyt para que investigara a la otra hija del fallecido promotor, Yolanda García Cereceda, en pleno litigio por la herencia familiar.
Por la Audiencia Nacional desfilaron en calidad de perjudicados por este asunto concreto la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Mónica Gómez Ferrer. El motivo es que ella fue la juez que estuvo al frente de varias investigaciones que implicaban al clan por asuntos mercantiles de la constructora Procisa, de la que es presidenta Susana García Cereceda. El mismo día que compareció la juez en la Audiencia Nacional, en febrero de 2019, hizo lo propio Joaquín Torres, conocido como el 'el arquitecto de los famosos', y sobre el que también se hicieron informes de seguimiento.
El Ministerio Público explica en su nota que la formación de piezas separadas que impulsó al inicio de la instrucción permitirá que este procedimiento -convertido en uno de los más complejos que instruye la Audiencia Nacional- pueda impulsar el enjuiciamiento de las personas investigadas. Esto es así debido a que mientras que el juzgado continúa investigando algunos encargos descubiertos a lo largo de la investigación (como es el caso del BBVA, Iberdrola o Repsol y Caixabank) otros de los asuntos investigados y que ya están mucho más avanzados, pueden seguir su cauce para su tramitación por procedimiento abreviado y posterior apertura de juicio oral.
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