El magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, ha estrechado el cerco al clan Villarejo y lo ha hecho restringiendo las medidas cautelares que pesaban sobre el hijo del comisario jubilado. Tras escucharle en sede judicial por su imputación en la pieza 4 del caso Tándem, ha acordado prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, atendiendo de esta forma a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
Villarejo Gil estaba citado este lunes en el marco de una nueva ronda de interrogatorios dentro de la pieza 'Pit' junto con el inspector jubilado Antonio Bonilla y el exembajador de Guatemala Julio Ligorría. La medida cautelar más férrea la ha adoptado contra el policía retirado a quien ha dejado en libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 15.000 euros. Bonilla que está investigado también en otras piezas del entramado, tiene de plazo hasta el día 24 de julio para pagar dicha caución ya que, de lo contrario, ingresaría en prisión.
Los tres acusados fueron imputados por el instructor el pasado mes de mayo por su implicación en esta parte concreta del macroprocedimiento. En ella se investiga el encargo que efectuaron los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura al agente encubierto para que frenara la extradición del primero de ellos a Guatemala. Todos ellos han negado cualquier actividad ilícita en el marco de las gestiones, de las cuáles se ha desvinculado por completo el hijo de Villarejo. Fuentes consultadas por este diario aclaran que el hijo del comisario ha precisado que su labor fue únicamente de administrador de algunas empresas del clan.
El hijo de Villarejo; apoderado de Cenyt
Sin embargo, García Castellón ha detallado en los autos de adopción de medidas cautelares que sí hay indicios que les vinculan a este entramado. Así, en el caso del hijo de Villarejo, el juez recoge una serie de conversaciones telefónicas que obran en el sumario de la causa y que vendrían a poner de manifiesto el conocimiento que tenía de este encargo concreto. El instructor le atribuye también falsedad documental y le señala como la persona apoderada junto con Rafael Redondo de Cenyt y Stuart&McKenzie, las dos sociedades del entramado que canalizaron los pagos de hasta 7,5 millones de euros de los Pérez-Maura.
Las transcripciones de las reuniones ponen de relieve cómo Villarejo Gil participó en este encargo acometiendo las órdenes de su padre. En concreto les explicó a Ángel Pérez-Maura y a Adrián de la Joya cómo tenían que hacer uso de los teléfonos móviles que les repartió el comisario jubilado para comunicarse ante el temor de que el CNI había pinchado sus aparatos. Fue en el marco de esta conversación en la que el principal acusado del procedimiento les recomendó que, en caso de que fuera detenidos por la Policía, les dijeran que el teléfono era para una novia porque "a la policía cuando se le dice que es para un tema de chicas o sexual no suele analizarlo".
Bonilla defiende su viaje a Guatemala
Por su parte, el inspector Bonilla ha sido preguntado concretamente por su viaje a Guatemala en mayo de 2016 de cara a asistir a Juan José Suárez, directivo de Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), propiedad de los hermanos Pérez-Maura. La Justicia guatemalteca abrió una investigación por los presuntos sobornos de 30 millones de dólares que habrían abonado los hermanos navieros al entonces presidente del país Otto Pérez-Molina a cambio de hacerse con la adjudicación de explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal. Al respecto, Bonilla ha explicado que su viaje se produjo de cara a asistirle en su declaración.
En concreto se produjo porque Rafael Redondo, socio de Villarejo en su entramado empresarial, así se lo pidió. Bonilla ya venía efectuando trabajos de asesoramiento para la mercantil Cenyt desde 2013 y fue en el marco de esa relación en el que se le solicitó que acudiera al país centroamericano para presencia la declaración de Suárez ante el letrado estadounidense Stephen A. Best. De este modo ha negado irregularidades en este servicio y ha dicho que su presencia en el acto se produjo por su condición de funcionario y como si actuara en calidad de notario.
Las fuentes consultadas han explicado que Bonilla ha hecho alusión en reiteradas ocasiones a Redondo -el cual está citado a declarar mañana por estos hechos- en tanto era la persona que firmaba los contratos de Cenyt. Los investigadores atribuyen a Bonilla el cobro desde el entramado empresarial de 22.844 euros en diez pagos fracturados. Al respecto, el inspector, que se encontraba en segunda actividad en el momento de los hechos, ha concretado que su relación con el entramado se ceñía a prestar asesoramiento cuando se le pedía un análisis de riesgos para los empleados que viajaban a las diferentes oficinas del BBVA en el extranjero.
Al respecto, el magistrado precisa en su auto que "no le falta razón" al Ministerio Fiscal acerca de la "gravedad" de los hechos si bien recuerda que Bonilla -a quien se le atribuyen delitos de cohecho, revelación de secretos u organización criminal, entre otros- ha cumplido hasta el momento con las medidas cautelares impuestas por su implicación en otras piezas de la causa como 'Iron' o 'Proyecto Pintor'. Por ello, y atendiendo que ha alegado un "arraigo relevante" en España, el instructor le deja en libertad provisional bajo fianza de 15.000 euros.
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