La Fiscalía Anticorrupción se ha manifestado a favor de prorrogar de nuevo la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por la desaparición del Banco Popular, que se inició hace casi cinco años, en octubre de 2017. El fiscal Antonio Romeral considera que aún no se puede determinar que las pesquisas han finalizado, ya que el Banco Santander -que adquirió la entidad extinta por un euro- tiene todavía que remitir documentación de "indudable valor" para la causa y los peritos del Banco de España entregar los últimos informes reclamados.
Así lo manifiesta el Ministerio Público en un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, en el que subraya "la necesidad de acordar la prórroga del plazo de instrucción", que caduca el próximo 29 de julio. "La complejidad de la instrucción de la causa pone de manifiesto la imposibilidad de culminar la misma en la fecha prevista", afirma en el escrito remitido al juez instructor, al que ha tenido acceso La Información.
El juez Calama solicitó el pasado 30 de junio a todas las partes personadas en la causa un informe para conocer su opinión sobre la pertinencia de ampliar, una vez más, el plazo de la investigación. El fiscal Anticorrupción respondió en tan solo un día a favor de extender dicho tiempo, aunque no concreta cuánto más sería necesario alargar la investigación. El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) permite las prórrogas sucesivas por el tiempo máximo de seis meses.
El fiscal Romeral -'número dos' de Anticorrupción- reitera prácticamente los mismos argumentos que el pasado mes de enero, cuando se estudió la posibilidad de acordar la prórroga aún vigente: que Banco Santander aún tiene que aportar al procedimiento documentación requerida por el juez Calama, que "pese a los constante requerimientos" aún no ha remitido; y que "son varias las periciales" que se están practicando por funcionarios del Banco de España.
"Volumen y complejidad"
Sobre la entidad que preside Ana Botín, el Ministerio Público subraya que la falta de entrega de la documentación solicitada no es por "resistencia, obstáculo o despreocupación", sino por su "volumen y complejidad, que dificulta su localización y ordenación". Tras ello destaca que los documentos esperados son de "indudable valor para el esclarecimiento de los hechos y, solo después de su estudio es posible determinar y concretar las diligencias necesarias que de ella puedan derivar, ya se trate de ampliar las periciales acordadas, de aportar nuevos documentos que la complementen o de recabar el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados".
Lo cierto es que a mediados del pasado mes de junio, el juez instructor Calama atendió a la petición de la representación del Banco Santander -cuya posible exclusión de la causa como responsable civil está pendiente de resolver- y dio 20 días (hábiles) más a la entidad para que entregara la documentación requerida en relación a los 10.400 inmuebles del Banco Popular. En cuanto a las periciales del órgano supervisor, Anticorrupción señala que éstas también pueden "motivar el acuerdo de diligencias complementarias".
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