La Fiscalía Anticorrupción está ultimando la investigación de la pieza número 6 de la trama Púnica relativa a amaños en los contratos públicos a la multinacional Cofely. El Ministerio Público trabaja ya en el fin de esta parte de la macrocausa en la que figuran como imputadas un total de 60 personas, entre ellas directivos de la multinacional gala y políticos de más de una decena de consistorios de la Comunidad de Madrid, por participar en esta presunta red sobre adjudicaciones de eficiencia energética, según fuentes jurídicas consultadas por este diario.
El Ministerio Público traza una línea divisoria entre, por un lado, los acusados implicados directamente en esta trama de sobornos y que serían conocedores de primera mano de lo que ocurrían dentro de la empresa y, por otro, los que no tuvieron un papel tan protagonista en estos hechos pero serían igualmente responsables penales por no haber contribuido al cese de esta práctica con la que se desviaron jugosas cuantías públicas en mordidas derivadas de contratos de alumbrado y urbanismo. En concreto, los investigadores apuntan que se firmaron facturas ficticias de entre 100.000 y 200.000 euros.
El pasado 25 de marzo el magistrado registró de manera formal esta pieza número 6 de la red en la que figuran como principales investigados el exjefe ejecutivo de Cofely, Didier Roger Maurice, y los también exdirectivos Pedro García, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández Pérez. Además, el instructor considera que deben responder penalmente por estas irregularidades el presunto cerebro de la trama, David Marjaliza -el cual habría actuado como mediador-, su secretaria Ana Martínez, el empresario Eduardo de la Peña, y los alcaldes de Almendralejo y Brunete José García Lobato y Borja Gutiérrez, respectivamente.
De este modo y siempre según las fuentes consultadas, el Ministerio Público trabaja ya en un escrito en el que pide que se defina el objeto de una de las partes más antiguas de la macrocausa y en la que no figura como investigado el presunto líder de la trama Púnica, Francisco Granados. Hasta la fecha, solo se ha celebrado un juicio de todas las piezas abiertas en esta macrocausa y es el relativo al 'chivatazo' que le dio un guardia civil al exsecretario general del PP madrileño de que agentes de la UCO de la Guardia Civil le estaban investigando junto a su entonces socio David Marjaliza en el marco del inicio de esta investigación. El pasado mes de marzo el Supremo confirmó las penas interpuestas por la Audiencia Nacional a los tres condenados en esta pieza y que, en el caso de Granados, alcanzó los dos años de prisión.
Partida fija para las mordidas
En esta pieza concreta cobraron especial relevancia las declaraciones que prestaron en sede judicial en febrero de 2018 los exdirectivos Pedro García y Constantino Álvarez. Ambos investigados confesaron la existencia de una práctica institucionalizada dentro de la multinacional gala mediante la cual se otorgaban sobornos a cargos públicos de determinados consistorios regionales a cambio de hacerse con las adjudicaciones públicas. De hecho, detallaron que en algunos casos era la propia empresa la que redactaba los borradores de los pliegos de licitación y no los técnicos de los ayuntamientos.
Igualmente, aunque ambos se desvincularon de esta práctica y la achacaron al máximo órgano responsable de la compañía, explicaron que los pagos a empleados públicos se camuflaban bajo facturas falsas con conceptos concretos los cuáles a su vez se dividían en subpartidas para no generar sospechas ante el auditor. Aunque no están muy claras las cifras que se otorgaban, cuando se trataba de pagos que superaban el medio millón de euros la autorización debía venir desde la sede en Francia de esta empresa, que se ha convertido en una compañía clave dentro de la trama Púnica.
En la red también están implicados una serie de excargos públicos que habrían participado no solo mediante el cobro de mordidas sino también beneficiándose de tratos de favor -como conseguir 'enchufar' a familiares suyos en los consistorios- por mediar a favor de estas adjudicaciones. De esta forma el juez también imputó al exalcalde de Casarrubuelos (David Rodríguez); de Collado Villalba (Agustín Juárez); de Getafe (Carlos Estrada Pita); de Móstoles (Daniel Ortiz); de Parla (José María Fraile); de Serranillos del Valle (Antonio Sánchez Fernández) y de Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas). Igualmente también hay exconcejales de Obras Públicas, de Hacienda y de Urbanismo de los municipios que están bajo el foco de esta investigación.
Una de las últimas diligencias que pidió la Fiscalía Anticorrupción en el marco de esta causa fueron las citaciones del que fuera concejal de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Almendralejo, José Antonio Regaña (a quien atribuyen los delitos de fraude, revelación de secretos y cohecho) y de Francisco Pintado, exconcejal de Urbanismo de Collado Villalba. De acuerdo con el escrito presentado el pasado mes de octubre por las fiscales del caso, en este proceso se pagaron "a ediles y funcionarios importantes comisiones" a cambio de la operativa.
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