La Fiscalía Europea ha reclamado las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción entorno a la adjudicación de un contrato para la compra de mascarillas en el que intervino el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al sospechar de que entre las presuntas irregularidades cometidas se encontraría la malversación de fondos europeos. Según han informado fuentes fiscales a La Información, el departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón, ha declinado esta petición al no apreciar que los fondos comunitarios se hayan visto afectados.
Anticorrupción considera que no hay motivo para que la representante española de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell -quien antes de ser elegida en su actual puesto ejercía como fiscal Anticorrupción en causas conocidas como 'Gürtel'-, tenga que asumir las diligencias incoadas a raíz de las denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, los partidos de la oposición en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Entre los razonamientos para rechazar la petición, destaca que en los hechos que se investigan, de manera preliminar, no hay indicios de uso de fondos públicos europeos para la compra de mascarillas en el momento más duro de la primera ola de la covid-19.
Asimismo, Luzón ha argumentado en su escrito que el resto de delitos por los que se dirigen las denuncias de la oposición (tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios) habrían sido cometidos en cualquier caso por ciudadanos españoles, por lo que tampoco ve el encaje para que la Fiscalía europea dirija la investigación, al entender que la competencia es de la Fiscalía española, tal y como ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes fiscales a La Información.
En cualquier caso, el fiscal jefe Anticorrupción ha planteado un conflicto de competencia ante la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya que no puede impedir que la Fiscalía europea abra una investigación por su parte para averiguar si en la adjudicación de un contrato a Priviet Sportive SL, firmado el 1 de abril de 2020 por el importe de 1,5 millones de euros, para la adquisición de mascarillas FPP2 y FPP3 se utilizaron fondos procedentes de la Unión Europea. Es por ello que la máxima responsable del Ministerio Público ha convocado el próximo lunes, 28 de marzo, a la junta de fiscales de Sala para debatir el asunto y resolver quien se debe encargar de las pesquisas que, por el momento, no han sido judicializadas, según han indicado las fuentes consultadas. Cabe destacar que dicha junta es un órgano consultivo en materia técnica, pero que no tiene carácter vinculante, es decir, que la fiscal general podrá tomar la decisión que considere más acertada tras oír a sus miembros.
"Trascendencia social y penal"
El fiscal jefe de Anticorrupción firmó el pasado 22 de febrero un decreto por el que se incoaban diligencias para analizar la legalidad de la adjudicación a una empresa de un amigo de la familia, Priviet Sportive, en la que supuestamente Tomás Díaz Ayuso habría cobrado una comisión por sus servicios. Dicha sociedad está administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila), pueblo en el que veranea la familia de la presidenta regional. Luzón consideró necesario abrir diligencias para "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados". En este sentido, justificó la necesidad de abrir una investigación por "la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública" y "por la indiscutible trascendencia social del contexto" en el que tuvo lugar la adjudicación, ya que era "necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".
Con todo ello, pese a que las denuncias apuntaban también a la intervención de la presidenta regional, el fiscal jefe Anticorrupción descartó enviar a los hechos al Tribunal Supremo -órgano competente para investigar a un aforado- al considerar que los partidos de la oposición planteaban meras "hipótesis" y que, de momento, no hay "indicios razonablemente verosímiles" de su participación en el contrato. Tan solo un día después, PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid volvieron a la Fiscalía Anticorrupción para ampliar sus denuncias y aportar más documentación que acreditarían el supuesto daño patrimonial provocado a la Comunidad de Madrid en relación a otros contratos, algunos vinculados a Tomás Díaz Ayuso.
Pero éstas no han sido las únicas denuncias que el Ministerio Público ha recibido sobre los contratos relacionados con la gestión de la pandemia, pues el propio gobierno regional y el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid también han pedido a la Fiscalía que dirige Luzón que investigue 12 contratos que adjudicó el Ejecutivo de Pedro Sánchez por sus presuntos vínculos con gente cercana al presidente del Gobierno; al exministro de Sanidad, Salvador Illa; y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre si procede a abrir diligencias sobre estos hechos.
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