La Fiscalía Anticorrupción recibió información sobre una supuesta conducta irregular del exviceministro económico Rodrigo Rato el pasado mes de enero y en ese momento la consideró aún insuficiente para iniciar actuaciones, por lo que solicitó más datos a la Agencia Tributaria que nunca llegaron, según han señalado a Europa Press fuentes fiscales.
El departamento, que ya investigaba a Rato en las causas abiertas contra él en la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia y el uso de las denominadas tarjetas black, no supo de la rápida intervención de la Fiscalía de Madrid en el asunto -solicitando al juzgado de guardia de Madrid la entrada y registro en la vivienda y el despacho profesional del Rato- hasta que ésta se produjo el pasado jueves, según las mismas fuentes.
De hecho, y ante el primer envío de información de hace unos meses, ya se había decidido que la fiscal de las actuaciones sería Elena Lorente, que a quien el fiscal jefe de este departamento, Antonio Salinas, ha encomendado las actuaciones tras el decreto firmado ayer por la Fiscalía General que les atribuye la competencia sobre este asunto.
Anticorrupción reconoce que la actuación de la Fiscalía de Madrid en los registros pudo ser rápida, si bien una vez practicadas estas diligencias, que tenían como objetivo evitar la destrucción de pruebas, solicitaron el caso a la fiscal general, Consuelo Madrigal, por considerarlo propio de su competencia dada la complejidad que se espera que alcancen las actuaciones.No es Bankia
Sobre el recurso anunciado este martes por la fiscal general contra el auto de inhibición dictado por el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, se presentará previsiblemente entre hoy y mañana miércoles por entender la Fiscalía que los indicios que se investigan contra el exvicepresidente de José María Aznar no encajan, al menos de momento, en la causa que el juez Fernando Andreu instruye sobre Bankia.
Las mismas fuentes señalan además que los delitos atribuidos indiciariamente a Rato, que son cinco contra la Hacienda, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes no son exclusivos de la Audiencia Nacional, dado el conocimiento que se tiene por el momento sobre las características de los mismos.
No se descarta, sin embargo, que más adelante pueda verse alguna conexión con el caso Bankia que recomiende un cambio de criterio.
El decreto de Madrigal señalaba, no obstante, que Anticorrupción ya se ocupaba del procedimiento sobre Bankia "del que pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir".
Precisamente este viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto ver los recursos interpuestos por la defensa de Rato contra la fianza de 800 millones de euros fijada por Andreu contra él, Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y los antiguos miembros del Consejo de Administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. La entidad adelantó la totalidad de este dinero y ahora se plantea reclamar judicialmente a los cuatro exdirectivos el pago de los 133 millones de euros que le corresponden a cada uno.
Una vez presentado el recurso por Anticorrupción será la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de resolverlo y decidir si la inhibición del juez Serrano-Artal en favor de la Audiencia Nacional es acertada.
Aunque el juez Andreu también tiene sobre la mesa la petición y puede contestarla -asumiendo el caso o bien rechazándolo-, lo más lógico es que espere a conocer la resolución del recurso de la fiscal Lorente, según fuentes jurídicas consultadas.
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