Uno de los procedimientos más longevos de la Audiencia Nacional, el caso Púnica, cuenta desde este miércoles con un nuevo fiscal Anticorrupción. Alejandro Cabaleiro, conocido por su actuación en las pesquisas contra los antiguos gestores de Banco de Valencia. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el objetivo de este movimiento es reforzar el trabajo de las fiscales al frente de la causa, Carmen García y Teresa Gálvez, teniendo en cuenta que ésta tiene que estar culminada en junio de este año.
Así lo plasma un escrito firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y al que ha tenido acceso La Información, en el que autoriza la entrada en la causa de Cabaleiro, el cual recabó en este departamento en el año 2018 procedente de la Fiscalía del Principado de Asturias. De este modo, el Ministerio Público refuerza su actuación en el procedimiento que cuenta como principales protagonistas al constructor confeso David Marjaliza y el expopular Francisco Granados y que suma hasta un total de 11 piezas relativas todas a ellas a una presunta financiación paralela en el PP madrileño de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Desde su llegada a Anticorrupción, Cabaleiro -especialista en el área de urbanismo y medio ambiente- trabajó junto con Carmen Launa (fiscal al frente del caso Bankia) en el procedimiento relativo a las presuntas irregularidades contables que habrían cometido los antiguos gestores del Banco de Valencia. Tras una instrucción que arrancó en el año 2013, la causa ha llegado a su fin, toda vez que el magistrado Santiago Pedraz ha procesado a un total de 14 personas (entre ellas el expresidente del banco extinto José Luis Olivas y el exconsejero delegado Domingo Parra) por falsedad contable. De hecho, el propio Cabaleiro firmó a finales de diciembre del pasado año el escrito de acusación de Anticorrupción por el que solicita entre un año y medio y cuatro de cárcel por estos hechos.
Los flecos de Púnica
Su aterrizaje en la trama Púnica se produce en tiempo de descuento especialmente después de que la Sala de lo Penal ordenara al magistrado instructor acotar la investigación a junio de 2020. Su decisión chocó con el criterio del magistrado que inicialmente prolongó el procedimiento hasta 2022 al tratarse de una causa "extraordinariamente compleja y con una entidad sin precedente". La Fiscalía incluso fue más allá puesto que pidió en noviembre de 2018 una prórroga de cinco años con independencia de que se fueran cerrando las piezas cuya investigación están más avanzadas.
En este tiempo, de hecho, muchas han sido las patas de esta macrocausa que han avanzado hasta quedar prácticamente cercanas al fin de la instrucción -como es el caso de la relativa a Cofely- si bien hay otras que han tomado especial impulso en los últimos meses, como es la novena, relativa a la presunta caja 'b' del PP madrileño. A principios de septiembre, el magistrado García Castellón -al frente también de otras causas como Lezo, Tándem o los CDR- dio luz verde a la petición de Anticorrupción de citar en calidad de investigados a una veintena de personas 'estrella' en la causa cuya imputación se había requerido en numerosas ocasiones por parte de la acusación popular que ejerce IU e incluso entre otros investigados como el propio Francisco Granados.
Investigación inacabada
De hecho, una prueba de que la Fiscalía considera que todavía quedan muchos flecos que atar se encuentra en su escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 relativo a la petición de IU de imputar al PP como persona jurídica. La eterna reivindicación de la acusación -que sostiene que el partido debe responder en sede judicial por la presunta financiación en 'b' de las campañas electorales de Esperanza Aguirre- no contó con el visto bueno de Anticorrupción, aunque las fiscales del caso se limitaron a destacar que "la investigación sobre presunto desvío de fondos que habrían podido atender cargos electorales (...) no ha concluido todavía".
En los últimos meses han recabado numerosa documentación relativa a las adjudicaciones sobre las obras de hospitales y centros sanitarios en la Comunidad de Madrid en los años que están bajo la lupa de los investigadores. De este modo, la Fiscalía Anticorrupción ha podido acreditar una presunta trama consistente en la imposición de una cláusula del 1% que, según recoge un escrito al que ha tenido este diario, atendieron un total de 33 empresas. Este primer envío de documentación ha permitido al Ministerio Público cifrar en 3,85 millones de euros la cuantía de dinero que se habría obtenido aplicando la cláusula que los investigadores atribuyen al Gobierno de Esperanza Agurire.
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