La Fiscalía Anticorrupción no ve causa contra Pablo Iglesias. El órgano que dirige Alejandro Luzón ha remitido una nota interna a la Fiscalía General del Estado en la que se posiciona en contra de la exposición razonada del magistrado del caso Villarejo contra el líder de Podemos al entender que no existe comisión de ninguno de los tres delitos que el instructor le atribuye en el marco de la investigación por el robo de la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham.
Según ha adelantado La Vanguardia y confirman a este diario fuentes fiscales, el órgano se mantiene en la línea con lo defendido durante la instrucción de la pieza décima del caso Villarejo. En el marco de la misma solicitaron al instructor Manuel García Castellón que expulsara de la causa a Iglesias, en la que figuraba como perjudicado desde marzo de 2019. Ahora bien, no consideraron que se debiera actuar contra el vicepresidente del Gobierno sino que propusieron que se tomara declaración a su exasesora para que ofreciera su perdón a Iglesias por haberle retenido su tarjeta SD al menos desde enero de 2016 a mediados de ese mismo año.
El magistrado del caso Tándem apuntó en una vía diferente y la pasada semana remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que pedía que se le interrogara en calidad de investigado por los delitos de daños informáticos, denuncia falsa y revelación de secretos. Junto a él, el instructor también solicitaba imputar a la exjefa de servicios jurídicos de Podemos Gloria Elizo; los abogados Marta Flor y Raúl Carballedo además de la propia Dina Bousselham y su pareja Ricardo Sá Ferreira. El asunto está en manos ahora de la Fiscalía del Tribunal Supremo que es la que tiene que remitir informe (no vinculante) para posicionarse a favor o en contra de la admisión a trámite de la exposición.
Competencia del juzgado ordinario
El asunto ha recaído en manos del fiscal teniente del Tribunal Supremo, Luis Navajas. Tal y como informaron fuentes fiscales a este diario, el número dos de Delgado es el encargado de estudiar todas las causas que impliquen a aforados, situación que se da en este caso. El fiscal se apoyará para su respuesta en un grupo de fiscales de Sala del alto tribunal y lo hará después de recabar el criterio de Anticorrupción, órgano que dirige las pesquisas sobre los encargos de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así pues, en su nota exponen que no se puede actuar contra Iglesias en lo que respecta a la comisión del delito de revelación de secretos en tanto Dina Bousselham no se considera perjudicada de los actos de Iglesias.
Más bien al contrario, la exasesora de Podemos pidió en los últimos meses que se devolviera la condición de perjudicado y apuntó a las cloacas del Estado como las artífices del robo del dispositivo y su posterior filtración a prensa. Mismo argumento ha sostenido el vicepresidente segundo del Gobierno en sus escritos al juez y a la Sala de lo Penal. Al respecto, el órgano que dirige Alejandro Luzón sostiene que no se le puede acusar tampoco por delito de daños informáticos en tanto las periciales no han podido acreditar que Iglesias sea responsable de que Dina no pudiera acceder al contenido de su tarjeta ni tampoco de denuncia falsa.
En manos de la Fiscalía
Sobre este último punto explican que la competencia para investigar estos hechos sería de los juzgados ordinarios; en concreto de los juzgados de Alcorcón, que es donde se indagó en un primer momento la denuncia de sustracción del teléfono de Dina. Los hechos se remontan a noviembre de 2015 cuando la exdirigente regional de Podemos y su pareja se encontraban en unos grandes almacenes. Según denunciaron ante la Policía, robaron la chaqueta de Ferreira con el teléfono de la exasesora de Iglesias en su interior. Frente a su tesis se encuentra la del instructor y la del abogado despedido de la formación, Manuel Calvente, que apuntó en su declaración como testigo que la filtración del contenido del teléfono se achacó a la red de Villarejo a sabiendas de que provenía desde el seno de Podemos.
El magistrado entiende que existió un acuerdo por parte del equipo jurídico de la formación, con Iglesias a la cabeza, para atribuir a la Policía patriótica estos hechos incurriendo en falsedad de testimonio. También recogió en su exposición razonada que la tarjeta llegó físicamente intacta a Reino Unido, donde Dina la envió para su arreglo, pero que desde Recuperación Express apuntaron que no se podría recuperar la tarjeta por el cauce normal ya que presentaba daños que hacían especialmente complicada su reparación. Ahora, con estos hechos sobre la mesa, la Fiscalía del alto tribunal trabaja en su informe en aras a dar traslado del mismo a la Sala Segunda, que será la que decidirá si abre o no causa contra Iglesias por estos hechos.
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