Pese a que tanto el BBVA como Antonio Béjar tratan de disociar el asunto de su despido del caso Tándem, la Fiscalía Anticorrupción sí que considera que lo relativo a este capítulo del banco debe figurar en el sumario del procedimiento penal por los espionajes de José Manuel Villarejo. Es por ello que ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que incorpore con carácter de urgencia todo lo relativo a la demanda que presentó contra la entidad el que fuera responsable del departamento de Riesgos por su destitución el pasado mes de septiembre.
Así consta en un escrito de los fiscales al frente del caso en el que piden que se libre exhorto al Juzgado de lo Social número 10 de Madrid para incorporar al procedimiento todo lo relativo a la demanda planteada por Béjar. El objetivo, según explican, es poder disponer de todo este material antes de las declaraciones señaladas para este jueves de los tres responsables del departamento de Forensic de Pwc en España. El instructor acordó su citación la pasada semana para preguntarles por los pormenores de la investigación interna que han llevado a cabo para el banco que preside Carlos Torres.
El que fuera presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) demandó a la entidad después de que ésta le despidiera el pasado 18 de septiembre. De acuerdo con el exdirectivo, su salida se produjo a modo de represalia por su intención de colaborar en la investigación abierta por los encargos que efectuó el banco al comisario jubilado por importe de 10,28 millones de euros. La entidad, por su parte, le achaca la responsabilidad de la contratación con Cenyt así como el pago de los servicios que prestó entre los años 2004 y 2017, de acuerdo con la carta de despido a la que ha tenido acceso este medio.
1,7 millones de indemnización
La deriva judicial por este despido se saldó el pasado viernes cuando los abogados de las partes llegaron a un acuerdo que evitó la celebración de una vista oral. Aunque el acto de conciliación parecía abocado al fracaso, la magistrada Fátima Beardo Olivares, forzó tanto a la entidad como a Béjar a alcanzar un pacto 'in extremis'. Al mismo se llegó tras más de dos horas de negociaciones entre las defensas de las partes y entradas y salidas continuas de la sala donde se iba a celebrar la vista oral. Finalmente, el BBVA acordó indemnizar al empresario con 1,7 millones de euros a cambio de que éste no hiciera competencia desleal a la entidad ni a su filial en los próximos dos años.
El acta de conciliación, que precisaba que se había "exhortado" a llegar a un acuerdo, recogía además un cláusula muy vinculada con el procedimiento penal en el que tanto el banco como Béjar están imputados. En concreto, recogía que el exresponsable de riesgos tendría que devolver 900.000 euros del monto total si resultase condenado a una pena superior al año de cárcel en el caso Villarejo. Pese a que las dos partes insistieron en que esta demanda contra el banco no guardaba relación alguna con la causa penal por los espionajes de Cenyt, el banco llevó a esta vista a los peritos de PwC que están elaborando el famoso 'forensic' para esclarecer los pormenores de las contrataciones con las que el agente acometió más de una decena de proyectos.
"Participación activa" en Cenyt
Con todo, el enfrentamiento entre Béjar y el banco de Carlos Torres se remonta al pasado verano cuando el empresario decidió colaborar con las pesquisas y optó por declarar en estas diligencias de investigación abiertas en noviembre de 2018. De este modo se desligó de la estrategia por la que optaron otros exaltos cargos del banco también imputados en esta pieza novena del caso Tándem, llegando a aportar documentación sobre las facturas que se giraron de su departamento y que habrían servido a los investigadores a estrechar el cerco en la cúpula de la entidad y su expresidente Francisco González.
El banco, por su parte, le atribuye una "participación activa" en la contratación del entramado empresarial de Villarejo y le acusa además de no haber puesto en conocimiento de la entidad que Cenyt se apoyó de policías en activo para sacar adelante sus encargos de espionaje, hecho este último que sería constitutivo de delito de cohecho. Igualmente su carta de despido recoge que mintió en su declaración ante los responsables del 'forensic' encargado por el BBVA en tanto dijo en un primer lugar que había entregado toda la documentación que tenía sobre la relación del banco con Cenyt si bien después aseguró que aportaría material al caso que demostraría que simplemente siguió la cadena de mando. Béjar, por su parte, rechazó haber destruido material clave del banco con Cenyt y dijo la 'limpia' de documentos el pasado verano se debía a una nueva política
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