Anulan elección de ministro defensor de "tregua" de pandillas por ser militar

Luis Alfredo Martínez

San Salvador, 17 may.- El Supremo de El Salvador anuló hoy el nombramiento del jefe de la Policía y del ministro de Seguridad, este último uno de los más firmes defensores de la "tregua" entre pandillas que ha bajado los homicidios en el país.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó en una sentencia que "es inconstitucional" el nombramiento, entre 2011 y 2012, de los generales David Munguía Payés y Francisco Salinas como ministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil (PNC), respectivamente, porque ambos son militares.

El fallo viene a dar la razón a los sectores que rechazaron el nombramiento de los militares, entre ellos el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que mostró fuertes diferencias con Funes en este caso.

Más allá del señalamiento de que son militares, el fallo, aplicable desde hoy mismo, deja al presidente Mauricio Funes sin dos de las figuras claves de su gabinete de seguridad, especialmente Munguía Payés, en cuyo mandato empezó el pacto entre las pandillas, de la que el Gobierno dice ser sólo "facilitador", no un negociador.

Pocas horas antes de que se conociera la sentencia, Munguía Payés reiteró en un encuentro con corresponsales de prensa extranjera el éxito de la "tregua" entre las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Mara 18 (M18), que en su opinión abrió las puertas a un "proceso de pacificación" en El Salvador.

La "tregua" ha bajado la tasa de homicidios de 70 a 30 por cada 100.000 habitantes, con lo cual "estamos por debajo de la media de América Latina", después de que El Salvador estuviera entre los países más violentos del mundo, añadió.

Los homicidios han bajado en alrededor del 52 % desde que en marzo de 2012 comenzó este "pacto de no agresión" entre pandilleros, remarcó, y calificó de "ingrato" que diversos sectores no reconozcan esa disminución.

Según el Gobierno, la "tregua" fue mediada por el obispo castrense, Fabio Colindres, y el exdiputado del FMLN Raúl Mijango.

Al insistir en que no se negoció con ellas, Munguía Payés argumentó que para combatir la criminalidad "lo primero que (había) que hacer (era) detener la guerra entre las pandillas", y ahora el Gobierno, al extenderse la "tregua", la aprovecha para una "estrategia para la disminución de la violencia" en general.

Munguía Payés también reafirmó que las pandillas suman "más de 60.000 miembros" y tienen un trasfondo de graves problemas sociales, por lo que la represión debe ir aparejada con medidas preventivas.

Reveló que los resultados parciales de un censo que se lleva a cabo en todo el país indican que más de 470.000 personas, alrededor del "8 % de la población" salvadoreña, tienen "afinidad" con las pandillas, entre familiares, amigos y otros.

Munguía Payés abandonó la reunión con los corresponsales (en la que continuaron Salinas, Mijango y varias personas más) porque Funes lo llamó de emergencia a la Casa Presidencial, pero se desconoce si para entonces ya la Sala había emitido su fallo.

La Sala, según un comunicado de la CSJ, argumentó que el nombramiento de Munguía Payés y Salinas vulnera disposiciones de la Constitución salvadoreña que prohíben que militares ocupen esos cargos y establecen la separación de funciones de la defensa nacional y la seguridad pública.

El fallo obedece a un recurso de inconstitucionalidad presentado el 21 de febrero de 2012 por la Iniciativa Social para la Democracia, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y otras organizaciones civiles salvadoreñas.

Funes nombró a Munguía Payés en Seguridad el 22 de noviembre de 2011 y a Salinas en la PNC el 23 de enero de 2012; ambos son generales y hasta ese momento se desempeñaban como ministro y viceministro de Defensa, respectivamente.

El mandatario dijo en aquel entonces que Munguía Payés y Salinas pasaban a retiro para poder cumplir sus nuevas funciones.

Sin embargo, las organizaciones peticionarias argumentaron ante la Sala que Munguía Payés y Salinas seguían siendo militares y que su pase a retiro, horas antes de sus nuevos nombramientos, sólo buscaba "evadir" los requisitos constitucionales, según un comunicado que la CSJ emitió cuando la Sala admitió su recurso.

La Sala puntualizó que, en efecto, "los generales (...), aun cuando han sido dados de baja por el presidente de la República, conservan su condición de militares, y por lo tanto, su nombramiento es inconstitucional".

Funes no se ha pronunciado sobre la sentencia de la Sala, pero en numerosas ocasiones ha dicho a la prensa que la respetaría.