Nadie dijo que fuera fácil. Tampoco que fuera rápido. El apagón nuclear pactado por las eléctricas con la empresa pública de residuos Enresa y con el Gobierno conlleva unas exigencias de tramitación y evaluaciones medioambientales que no estarán completadas hasta el año 2021 en el mejor de los casos. Enresa tiene que presentar en cuestión de semanas el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos -el VII- que sustituirá al vigente, que data del año 2006. Antes de su aprobación formal por el Gobierno que resulte de las elecciones generales de abril, el Plan deberá someterse a una evaluación ambiental estratégica.
El compromiso del nuevo presidente de Enresa, José Luis Navarro, es entregar el borrador del nuevo Plan de Residuos al Gobierno que resulte de las elecciones antes de junio. A partir de ahí, dependerá del Ejecutivo el inicio del procedimiento formal para la aprobación definitiva. En todo caso, hay un trámite insoslayable, según destacan las fuentes consultadas: el plan deberá someterse a una auditoría ambiental. Es lo que marca la Ley de Evaluación Ambiental de 2013. La norma obliga a someter a una adecuada evaluación todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El cumplimiento de todas las obligaciones retrasará hasta al menos el año 2021 la aprobación del Plan de Residuos. Es el instrumento fundamental para aplicar el calendario de cierre de instalaciones nucleares diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica. Los cierres se extenderán entre los años 2027, con el primer cierre de la central de Almaraz (Cáceres),y hasta el año 2035 con Trillo (Guadalajara).
Retraso y expediente
El VII Plan de Residuos de Enresa llegará con un retraso de difícil justificación que ha costado, entre otras cosas, un expediente de infracción a España. El retraso cae en el debe del anterior Gobierno de Mariano Rajoy porque Enresa elaboró y entregó en 2014 un borrador de Plan que nunca llegó a ser tramitado. Como consecuencia, algunas de las piezas clave para la correcta gestión de los residuos nucleares siguen en el aire. El ejemplo más notable: el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), paralizado en julio del pasado año por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El proyecto del ATC se elaboró bajo el paraguas del Plan de Residuos vigente, que tiene una antigüedad de 12 años. El hecho tiene su importancia porque las previsiones del plan han quedado largamente superadas por la realidad, algo que ya destacó mediante votos particulares la exconsejera del CSN y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona. En el ATC de Cuenca hay "enterradas" 49.000 horas de trabajo de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El plan de 2006 contempla una vida útil de las centrales nucleares de 40 años cuando el calendario recién acordado prevé que la vida media del parque nuclear alcance los 46 años. La extensión de actividad de las centrales exige un nuevo cálculo de los residuos generados y a tratar. También de los plazos y de los costes que, teóricamente, deben caer del lado de las empresas propietarias.
Retirada de residuos
La evaluación ambiental la deberán trabajar tanto Enresa como el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y deberá tener en cuenta que la Ley de Evaluación Ambiental estipula que "las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear, y de los otros elementos radiactivamente contaminados, haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la instalación".
Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. El problema -y de ahí el expediente de Bruselas- es que el sistema está al límite. Las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40%.
Es un problema caro. Gestionar ese material ha costado, sólo entre 2010 y 2016, un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará. A falta de que Enresa cierre todos los cálculos, el compromiso alcanzado entre las eléctricas propietarias de las centrales y la Administración permitirá moderar la subida de la tasa que pagan las compañías a la empresa pública a un 20% como máximo -hasta 7,9 euros/MWh-. Cerrar las plantas a los 40 años de vida útil habría obligado a subir las tasas un 100%.
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