El plan del apagón nuclear se enreda en tres ministerios que funcionan al ralentí

  • Transición Ecológica, Hacienda y Ciencia e Innovación tienen  que aprobar la herramienta clave para concretar el cierre de centrales a partir de 2027.
Mapa centrales.
Mapa centrales.

Tres ministerios, el de Transición Ecológica, el de Hacienda y el de Ciencia, Innovación y Universidades están enredados en la aprobación del VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), una herramienta clave para el apagón nuclear pactado entre el 2027 y el 2035. Hay un problema. Los tres departamentos funcionan al ralentí desde hace seis meses y el plan, redactado por la empresa pública Enresa desde junio, no tiene quien le de el visto bueno. Para concretar los planes de cierre acordados por las eléctricas se tiene que calcular al detalle el volumen de residuos a almacenar y tratar, así como su coste. El proceso está ahora mismo en el limbo, aunque Enresa trata con las eléctricas la nueva tasa que deben pagar para desmantelar el parque nuclear sin hacer un agujero en las cuentas públicas.

Además de la empresa pública Enresa ( Ministerio de Transición Ecológica), en la elaboración del VII PGRR están implicados otros muchos organismos. Lo está la empresa  Enusa Industrias Avanzadas que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Ministerio de Hacienda) y lo está el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) del Ministerio de Ciencia e Innovación. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no participa activamente en la redacción del Plan, aunque será el organismo que supervisará su aplicación.

El VII PGRR debe sustituir al que está en vigor, que es del año 2006 y que está obsoleto. Hay un problema. El Gobierno está en funciones. Es imposible desarrollar la normativa de detalle para cumplir con los planes previstos como es el caso del apagón nuclear. Todo está parado. El nuevo plan de residuos de Enresa está en el cajón y el compromiso que asumió la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para disponer de un nuevo PGRR en la primera mitad del año, ya es historia. Gráficamente, un directivo de uno de los organismos públicos implicados en el proceso señala que "en estos momentos, todo se limita a gestionar la intendencia del día a día".

Procedimiento de infracción

El enredo complica la situación del país ante los organismos internacionales. Sobre España pende un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares. Llueve sobre mojado porque ya el anterior Gobierno del PP, con el ministro Álvaro Nadal como responsable de Energía, hizo malabares para sortear las auditorías de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

En 2017, el Ministerio de Energía, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que entonces dirigía Fernando Marti, la empresa pública de residuos Enresa y la asociación eléctrica Unesa elaboraron un informe sobre residuos, el Sexto Informe Nacional, en el que justificaron la ausencia de un nuevo Plan de Residuos Nucleares en razones de calendario político. Además, ocultaba que el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas -hoy paralizado- carecía de autorización de emplazamiento, y admitía que las piscinas de las centrales nucleares estaban saturadas.

Entonces, como ahora, la cuestión del almacén nuclear centralizado era el punto más sensible para el sector nuclear. El plan que maneja Enresa para hacer frente al apagón prevé la existencia de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible gastado. Pero no detalla ubicación. El proyecto de Villar de Cañas (Cuenca) fue paralizado en el verano de 2018 por el nuevo Gobierno socialista hasta conocer, precisamente, el plan de residuos radiactivos de Enresa.

Piscinas y contenedores

Mientras la pescadilla se muerde la cola, el problema de los residuos sigue vivo...y creciendo. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares, pero el sistema está al límite. El almacén de residuos de alta actividad de El Cabril (Córdoba) registra una ocupación próxima a la saturación, según explicaron en su día miembros destacados de Ecologistas en Acción y el tiempo apremia.

Es un problema caro. Gestionar ese material de riesgo ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones. A corto plazo, no hay salida definitiva y global. Enresa no espera soluciones antes de 2024. Y la factura crece. El 1 de julio de 2017 finalizó el acuerdo de España con la compañía francesa Areva (ahora Orano) para almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central VandellósI,clausurada en 1989. Cada día transcurrido sin que España repatríe la basura nuclear conlleva una penalización de 73.000 euros.  Un suma y sigue.

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